Aun con los avances de la reunión de anoche entre la Legislatura y el Departamento de Hacienda, sigue sin respuestas cómo el Gobierno manejará la deuda de más de $2,200 millones de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) y el pago del servicio de la deuda de $775 millones.

Ambas situaciones impiden que las casas acreditadoras vean con buenos ojos los movimientos económicos del país, pese al aumento de más de $1,400 millones en recaudos que se espera para el próximo año fiscal.

“Esto podría traer una degradación de crédito porque se estaría incumpliendo en compromisos, no importa que lo haya pedido otra administración. Es el mismo Gobierno”, explicó el economista José Alameda.

Las conversaciones preliminares en torno a qué hacer con el servicio de la deuda contemplan un refinanciamiento que atrasaría el cumplimiento al menos por un año. Otras opciones plantean algunos pagos parciales de lo adeudado.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia ha adelantado que se opone a atrasar los pagos del servicio de la deuda, máxime cuando la política fiscal del gobierno actual ha girado en torno a que se debe proceder al pago de lo adeudado.

“Yo personalmente estoy en contra de eso de atrasar el pago. Lo que queremos este año es empezar a pagar con un pago grande que vamos a ir subiéndolo en los próximos presupuestos”, dijo Bhatia a El Nuevo Día.

Solo por ilustrar el asunto, el servicio a la deuda pendiente representa lo equivalente al 8% de los recaudos del Gobierno en el próximo año fiscal.

Según Alameda, ante la ausencia de un plan concreto, la otra posibilidad es negociar con los bonistas en un intento por aplazar pagos o bajar los intereses de la deuda.

“El hecho de que no haya un plan concreto puede afectar la decisión de las casas acreditadoras. Lo cierto es que es una situación problemática con esos bonos. Con esto estaríamos mal aspectados y mal considerados”, dijo Alameda.

La situación en la ACT es similar. Bhatia ayer alegó que encomendará el asunto a una comisión especial, que dirigirá el senador Aníbal José Torres, para que encuentre soluciones prontamente. Habló de un periodo de 72 horas.

El problema de la ACT es que con la privatización de la PR-22 se redujeron significativamente los ingresos que recibe esta corporación pública, al punto que no puede cumplir con sus obligaciones económicas.

“En ese caso lo más lógico es que la corporación aumente de algún modo sus ingresos con los peajes, las licencias”, dijo Alameda.