Un nuevo grupo de empleados públicos presentó hoy una demanda contra el Gobierno de Puerto Rico en un intento por detener la implementación de la Ley de Retiro a partir del próximo 1 de julio.

El abogado Edgar Vega Pabón –quien representa junto a Miguel Berdiales a los demandantes- explicó que esta tarde se sometió en el Tribunal de San Juan un recurso extraordinario de sentencia declaratoria y una solicitud de injunction preliminar y permanente.

“Solicitamos que se declare inconstitucional la Ley 3 del 4 de abril de 2013 en la medida que se aplica retroactivamente a todos estos empleados, en este caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como de otras agencias que se han incluido, que afecta directamente unos derechos adquiridos, de expectativa de poder retirarse según habían pactado con el Gobierno”, explicó el letrado en la afueras de la corte.

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De acuerdo con Vega Pabón, la mayoría de los demandantes en este caso –entre los que hay empleados de la AAA, el municipio de Bayamón y los departamentos de Familia, Vivienda, Asuntos del Consumidor y Transportación y Obras Públicas- llevan sobre 25 años cotizando en el Sistema de Retiro.

“A la misma vez que estamos radicando esta acción aquí, se va a estar radicando –y ya se ha radicado en otros casos- una acción en el Tribunal Supremo pidiéndole que intervenga de inmediato a base de los poderes inherentes que tiene el Tribunal Supremo y, a pesar de la Ley 18 que enmendó la ley para eliminar el recurso de certificación intrajurisdiccional”, precisó el abogado.

El Tribunal de San Juan tiene ante su consideración otras tres demandas de poco más de 400 empleados públicos de la Oficina del Contralor, la Oficina de Administración de Tribunales y la Policía.