Expertos aseguran medidas no evitarán la degradación del crédito aunque se haya cuadrado el presupuesto

Yennifer Álvarez Jaimes e Ileanexis Vera Rosado
EL VOCERO

El gobernador Alejandro García Padilla aseguró que los nuevos impuestos que ascienden a $1,500 millones no terminarán afectando el bolsillo de la clase media, aunque economistas advirtieron que las medidas impositivas para el cuadre del presupuesto no necesariamente impedirán la degradación del crédito del Gobierno.

García Padilla dijo estar confiado en que el nuevo presupuesto evitará que las agencias acreditadoras degraden el crédito de Puerto Rico a ‘chatarra’.

“La recesión no se debe a la reducción en el consumo, sino a la reducción en la inversión… Como no ha habido una reducción en el consumo, las empresas no pueden darse el lujo de aumentar sus precios porque no hay un problema de consumo y perderían clientes”, sentenció el Primer Ejecutivo a preguntas de EL VOCERO.

El mandatario insistió que no habrá una degradación en el crédito porque se atendió el déficit en el Sistema de Retiro y se aprobará un presupuesto balanceado. “El presupuesto incluye ideas de la empresa privada, de distintos sectores, ideas de la Cámara y el Senado, y yo sé que el camino se hace al andar, pero espero que vayan viendo que este es un gobierno que está dispuesto a escuchar”, sentenció García Padilla.

De otro lado, aunque el Gobernador aseguró que le parece que el 1ro. de diciembre es tiempo suficiente para que entre en vigor la disminución del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) de 7 a 6.5 por ciento, dejó la puerta abierta a retrasar la reducción.

AGP es el resultado de Medio Siglo de degradación del PPD

Necesario plan de desarrollo

De acuerdo a los economistas Argeo Quiñones y José Antonio Rodríguez, además de un presupuesto balanceado, la Isla necesita un plan de desarrollo para convencer a las casas acreditadoras.

En entrevista con EL VOCERO, Quiñones recordó que el déficit en el Sistema de Retiro, el endeudamiento público y la recesión son fundamentales en decidir la clasificación que otorgan las acreditadoras.

Mientras, Rodríguez apuntó que el aumento propuesto en el presupuesto por el Ejecutivo no contempla invertir en renglones que generen actividad económica como el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología o la Ley 222 de desarrollo urbano. Apuntó que la inversión en infraestructura no es suficiente.

“Usted no aumenta impuestos cuando hay contracción económica. Si limita la potencia de generar riqueza va a minimizar el recaudo”, indicó Rodríguez.

Quiñones sostuvo a preguntas de este rotativo que “es obvio que las corporaciones van a tratar de pasarle el costo de esos impuestos a sus clientes”.

Asimismo, subrayó el problema de captación del Gobierno y advirtió que las partes afectadas con los impuestos diseñarán estrategias para minimizar el impacto de las nuevas contribuciones.

“Lamentablemente, este Gobierno llegó con las manos vacías sabiendo que existía un cuadro crítico en las finanzas y en la economía de Puerto Rico”, destacó Quiñones.

El economista recordó que el Departamento de Hacienda sigue siendo ineficiente en la captación y la fiscalización. Recordó que durante la pasada administración se intentó crear una división para fiscalizar las grandes empresas y los grandes contribuyentes, pero se desconocen los resultados.

Precisamente la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, dijo que en septiembre tomará una determinación sobre el estatus de un reglamento –que se dejó aprobado durante la pasada administración– para impedir que las corporaciones e individuos que trabajan mediante servicios profesionales evadan rendir contribuciones sobre sus ingresos mediante el mecanismo de ‘travel & expenses’.

Respiro para detallistas

Por su parte,  Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas, manifestó haber sentido un respiro con la exclusión de los pequeños negocios de todas las medidas.

“Lo que nos han indicado hasta el momento es que las medidas están atendiendo nuestro llamado a permitir que los Pymes puedan continuar siendo competitivos al no imponerles contribuciones adicionales, como sería la patente estatal para aquellos cuyas ventas sean inferiores al millón de dólares, lo que nos devuelve un poco la tranquilidad”, puntualizó Monge.

No obstante, afirmó preocuparle el impacto de las medidas en las empresas medianas cuyas ventas superan el millón de dólares pero sus gastos operacionales igualmente absorben gran parte de dicha cuantía.

Asimismo, presidentes de diversos gremios del País y manufactureros locales hicieron un llamado al Gobierno a comprometerse con eliminar los nuevos impuestos en un plazo de dos años.

Alberto de la Cruz, presidente de Coca-Cola Bottlers en Puerto Rico, manifestó su preocupación ante la imposición de una patente estatal, entendiendo que la misma no aplica a las manufactureras extranjeras, lo que coloca a la industria local en desventaja y abre la puerta a la fuga de manufactura local a mercados de menor costo operacional. “El Gobierno debe tomar en consideración al manufacturero local como al extranjero, para mantener una justa competencia en igualdad de condiciones. Desconocemos cómo pudiesen hacerlo, pero mientras nos imponen contribuciones solo a los de aquí, nos colocan en desventaja para poder competir y abren el camino para que se visualicen otros mercados como opción de inversión”, expresó De la Cruz.

Mientras, Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales, confía que el Gobierno ponga la palabra en la acción y mantenga estas propuestas como temporeras, al entender que se trata de una emergencia que tiene que ser atendida y donde todos los sectores tienen que aportar.

“Una vez implementadas estas medidas, le toca al Gobierno  hacer su parte. Tienen que reducir sus gastos y ampliar los niveles de captación. Estas tienen que ser medidas temporeras dirigidas a solucionar una situación que vive el País en un momento histórico. Una vez lograda la meta, el trabajo está en que nunca  vuelva a suceder”, señaló Rivera.

Kenneth Rivera, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, aceptó que las medidas consideradas son unas fáciles de fiscalizar y de allegar fondos, y también advirtió que en nada ayudan al desarrollo económico, razón por la cual entiende no debe prolongarse por un término de tiempo mayor a dos años. Sostuvo que una vez aprobadas las medidas, se reevalúe el sistema contributivo del País.

Por su parte,  Edwin Rodríguez, presidente de la Asociación de Detallistas, se mostró esperanzado en que  las medidas presentadas sean modificadas. Indicó que al no existir un proyecto final aprobado todavía se pueden dar cambios y confió en que la patente estatal sea reevaluada ya que impacta el grueso de la venta y no contempla los gastos operacionales.

Golpe de $1,400 millones al sector privado

En el foro Por Puerto Rico, celebrado por Univision y El Nuevo Día, el liderato empresarial pasó juicio sobre las medidas para cuadrar el presupuesto

Manuel Cidre, presidente la Asociación de Productos de Puerto Rico.  (TERESA.CANINO@GFRMEDIA.COM)

Por Marie Custodio Collazo /mcustodio@elnuevodia.com

Los $1,400 millones adicionales que busca recaudar el Gobierno para cerrar la brecha en el presupuesto saldrán de la misma economía que va para su octavo año en recesión, en particular, de las empresas que han sobrevivido a la debacle.

Esa fue la frustración que expresó ayer el sector privado en el foro Por Puerto Rico, una iniciativa de Univision y El Nuevo Día, en el que la periodista de Negocios de este diario Joanisabel González, y el periodista de WKAQ 580 Jay Fonseca cuestionaron durante tres horas y media a líderes empresariales y legislativos, economistas y funcionarios del gabinete económico del gobernador.

“Pienso que, al final del día, estamos poniendo $1,400 millones en contribuciones adicionales a una economía que no las aguanta”, expresó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

Mientras el argumento del Gobierno es que sin los impuestos nuevos el país se enfrenta a la degradación inminente del crédito, Reyes señaló que ese escenario se ha utilizado en los últimos ocho años para justificar otros ajustes –que van desde la imposición del IVU en el 2006 hasta los recortes que vinieron con la Ley 7– y la situación, en lugar de mejorar empeora. Y advirtió que estas medidas continuarán restándole competitividad al sector privado, minando su capacidad para invertir y crear empleos, lo que a su vez afecta el desarrollo a largo plazo de Puerto Rico.

“La preocupación de fondo es que seguimos posponiendo la solución de los problemas. Cuadrar el presupuesto, incluso salvar el crédito, no son un fin, el fin es el desarrollo económico, y las medidas que se impongan no lo deben entorpecer”, dijo el ejecutivo de MIDA.

Por lo mismo, el reclamo constante fue que una vez se atienda la brecha en este presupuesto el Gobierno comience a trabajar una reforma estructural que resuelve a largo plazo las deficiencias del sistema. Por un lado, pidieron que se atienda el aspecto de la eficiencia en el sector público para que la carga se pueda redistribuir y las medidas impositivas que planifican aprobar para este presupuesto sean temporales, y esto debe incluir una reforma contributiva integral.

El economista Juan Lara comentó que las medidas para resolver el déficit estructural deben estar vigentes hasta que se elimine la brecha presupuestaria. No obstante, se debe ir delineando una estrategia para balancear el sistema contributivos, que no penalice el ahorro y estimule la producción.

Entre las medidas que sugiere se evalúen está rehacer el impuesto al consumo para que tenga una cobertura más amplia, como un impuesto al valor agregado y que se actualice el sistema del impuesto sobre la propiedad, además de decidir si continuará el esquema de beneficios contributivos para las corporaciones, que las divide entre exentas y no exentas.

“Tenemos que aspirar a un sistema contributivo que sirva, que sea justo y eficiente. Llevamos 30 años tratando de hacer una reforma contributiva integral. Se ha intentado hacer en todas las administraciones pasadas, pero nunca la hemos terminado de hacer. Ahora, las circunstancias nos obligan”, precisó.

Emplazamiento público

Mientras, Manuel Cidre, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR), reiteró que para que el sector privado pueda continuar creando empleos y ayudando al Gobierno a resolver la crisis, necesitan que se atiendan los costos de energía, las leyes laborales y que se incentive la exportación, al igual que la sustitución de importaciones.

“Creo que hay un emplazamiento público que todos hemos hecho esta tarde: para un Gobierno enfocado en la eficiencia y no en el tamaño, a reducir el presupuesto 5%, achicar el Gobierno 10%, aumentar la captación del IVU en un 80%, atemperar las regulaciones laborales a los tiempos y no aprobando proyectos a mansalva, vender los activos en desuso del Gobierno y los que sirvan ponerlos a funcionar”, expresó Cidre.

En el área laboral, Michelle Benítez, presidenta de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés), propuso una moratoria a legislaciones nuevas sobre beneficios laborales que puedan afectar el costo de hacer negocios en el país.

Acuerdos logrados

Aunque durante el foro hubo ambiente para llegar a unos acuerdos, fue muy poco lo que se logró. Por un lado, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el senador José Rafael Nadal Power acordaron revisar las leyes de créditos contributivos para eliminar aquellos que no han logrado los objetivos previstos y redirigir los fondos para incentivar áreas con mayor potencial de desarrollo económico.

Además, ante la insistencia del sector privado y de los economistas de que el Gobierno trabaje en la reducción de gastos y en los costos energéticos, los funcionarios y líderes legislativos aceptaron coordinar unos comités con la colaboración empresarial para atender ambos temas.

La duración de los impuestos

Uno de las grandes interrogantes de ayer fue la duración de los impuestos acordados el martes en la noche entre Hacienda y la Legislatura para cuadrar el presupuesto, incluyendo el IVU en ciertos servicios entre empresas y la patente nacional.

Cidre urgió a Acosta a ponerle una fecha de expiración a los nuevos impuestos corporativos, en un periodo de dos años, a lo que esta última contestó que hará todo lo posible para que se puedan eliminar en ese periodo. Información relacionada en la página 10

NR – El PPD metiendo MIEDO, o se desilfarran los fondos o se cumple conn la ley? Eso es lo que tiene que decdir el Tribunal Supremo. Y si AGP ha regalado y malusado mas de Un Billonn, bien puede aportar $60 Millones a Retiro.

Estamos bien mal… bien chavaos

Por Rosita Marrero / rmarrero@primerahora.com06/13/2013 |

Se expuso al país la cruda realidad económica que se enfrenta, que requiere de la participación y sacrificio de todos los sectores.

“No hay chavos ni para tirar un bache de asfalto en el país”.

Si el Tribunal Supremo declara inconstitucional la Ley de Retiro, todos los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno pudieran irse al traste, aseguraron ayer los líderes de Cámara y Senado, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia.

“Esa ley no se ha declarado inconstitucional. Esto tomó mucho esfuerzo. Si el Supremo decide que es inconstitucional, todo esto se va por la borda. Todo este trabajo de cinco meses”, fueron las expresiones de Bhatia en el conversatorio Foro por Puerto Rico, que fue moderado por el analista Jay Fonseca, de WKAQ 580, y la periodista Joanisabel González, de El Nuevo Día.

En el conversatorio participaron los economistas Elías Gutiérrez y Juan Lara; la secretaria de Hacienda, Melba Acosta; el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas; y miembros del sector empresarial.

En el foro celebrado en el teatro de Univisión, en Guaynabo, se discutió la difícil situación económica que enfrenta Puerto Rico, con una recesión y un estancamiento que nos tienen al borde de la degradación del crédito del Gobierno al nivel de “chatarra”.

“El economista Elías Gutiérrez dice que lo más que le preocupa en este momento es la posibilidad de que “el retirazo” sea inconstitucional. ¿Tienen un plan para buscar $90 millones anuales?, preguntó Fonseca al presidente del Senado.

Bhatia le contestó con seriedad que no le gustaba la expresión despectiva de “retirazo” porque la aprobación de la ley fue una decisión muy seria y ponderada.

“Tengo un plan. Puerto Rico está endeudado terriblemente. Es como si la familia suya está en quiebra y le dicen en la Corte de Quiebras que tienen que reorganizar sus finanzas”, dijo.

“La deuda de Retiro, este Gobierno responsablemente la atendió. Lo segundo es que teníamos que tener un presupuesto balanceado y anoche (martes) se consiguió. Tercero, Puerto Rico tiene que pagar sus deudas; y cuarto, tenemos que empezar a crecer económicamente y eso lo vamos a hacer juntos”, señaló Bhatia.

Perelló, en tanto, indicó que hay tres ramas de gobierno, y que la Ejecutiva y la Legislativa entendieron que era necesario resolver el déficit de $70 millones del Sistema de Retiro.

“¿Cómo es que la Rama Judicial no entiende eso? ¿Cómo resolver la situación de los $70 millones? Había que hacerlo. No tenemos dinero ni para siquiera tirar un bache de asfalto en el país”, dramatizó.

A preguntas de la periodista Joanisabel González, de qué debemos aspirar en términos del presupuesto, el economista Juan Lara contestó: “A un sistema contributivo que sirva, que funcione”.

Dijo que “hay que pagar la deuda, porque ya hemos llevado mucho tiempo resolviendo el déficit del Gobierno”.

“Aquí se ha estado diciendo que hay que balancear el sistema contributivo. Esta economía no va a crecer. No se va a recuperar hasta que no se hagan unas reformas de fondo. Estas reformas requieren que todo el mundo participe, requieren sacrificio de todo el mundo”, insistió.

Agregó que, cuando se habla de todos, la gente mira para el lado y no se da por aludida.

“Tratan la crisis como una papa caliente y eso tiene que terminar”, sentenció.

Acosta, por su parte, expuso que las medidas de reingeniería en Hacienda tienen que tocar áreas y departamentos específicos. Dijo que se están haciendo reestructuraciones en auditoría, evasión fiscal, IVU y planillas para reforzar las áreas que traen recaudos.