La mentalidad totalitaria

La mentalidad totalitaria

17 de junio de 2013 – ColumnasOpinión – 

Son parte de un plan para hacer del Tribunal Supremo un mero comité jurídico del Partido Popular.

EL VOCERO/Archivo

La semana pasada, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla y los presidentes del Senado y de la Cámara, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, en un acto sin precedentes en la historia política de Puerto Rico, le faltaron pública, alevosa y deliberadamente el respeto a seis jueces del Tribunal Supremo y a la institución misma.  Por emitir una decisión que no fue de su agrado, el Gobernador acusó a los jueces nombrados por el Gobernador Fortuño de ser “enemigos del pueblo”, algo que intima que pudiera luego pedir su residenciamiento por traición.  Los líderes camerales igualmente vocearon frases fuertes de naturaleza política y personalista.  En justicia, y por el bien de Puerto Rico, el Gobernador y los presidentes de los cuerpos deberían retractarse de sus palabras, respetar el ámbito de acción del Tribunal Supremo, obedecer los cánones de ética que, como abogados, rigen sobre su conducta y, si son hombres de bien, pedir perdón públicamente a los jueces por sus exabruptos.

El problema que nos plantean las acciones de estos líderes neo-nacionalistas, sin embargo, es más profundo que las injurias hayan causado unas frases destempladas.  Considere que en estos días hemos podido observar en operación un principio bien fundamentado en la historia política puertorriqueña: “siempre que el PPD domina la Gobernación y las Cámaras está dispuesto a destruir cualquier otra institución política o social antes de permitir que alguien que no se pliegue a sus interés políticos la dirija”.  Totalmente ajenos al clima de pluralismo sin el cual no puede haber democracia, el deseo del Partido Popular es tener el control total sobre las instituciones políticas, económicas y sociales del estado, tengan derecho a ello o no.  Y para  lograrlo están dispuestos a destruir carreras profesionales, reputaciones, privar personas de su libertad o hacienda, y destruir las propias instituciones. Esto tiene nombre en Ciencia Política: la mentalidad totalitaria.  Esa es la mentalidad que se ha reflejado en los comentarios y acciones del Gobernador de Puerto Rico, los presidentes de los cuerpos legislativos, el liderato popular y, como cotorros, los comentaristas a sueldo del PPD en los medios escritos y electrónicos.

La tendencia a la mentalidad totalitaria es congénita al PPD.  Les viene de la época de lo que llamaban la “dictablanda” de Muñoz Marín con su dedo omnipotente.  Entonces populares ocupaban o dirigían la gobernación, las cámaras legislativas, el Tribunal Supremo, todas las alcaldías, la Universidad de Puerto Rico, la Iglesia Católica, los bancos, las uniones y asociaciones de empleados, los Leones, los Rotarios, y, por faltar espacio para toda la lista, digamos que hasta las directivas de las Hijas de María.  Todavía el PPD controla muchas de éstas pero han perdido el control de algunas, como es el caso con el Tribunal Supremo.  Esa institución, sobre todo, la tienen que poner bajo su control.  En vez de reconocer el pluralismo político, el PPD demanda el control total de las instituciones del estado.

Esa es la verdadera causa de los exabruptos del Gobernador y los presidentes de las cámaras.  Son parte de un plan para hacer del Tribunal Supremo un mero comité jurídico del Partido Popular.  Para eso la estrategia es provocar una confrontación constitucional entre las ramas para tratar de forzar la salida de jueces del Supremo y poder nombrar sus sustitutos. La meta es el control total.  La mentalidad que rige es la mentalidad totalitaria.

GarrigaPico@Yahoo.com Tweet: @garrigapi

(©GarrigaPico, 2012.  Todos los derechos morales de autor reservados.)

Choque de Poderes

Posted by Israel Roldan

El atentado contra los poderes constitucionales del Tribunal Supremo por parte del gobernador de Puerto Rico, amerita que abundemos en el tema con el propósito que se entienda correctamente el alcance de éste grave problema.Les cito de un artículo publicado en el periódico, El Nuevo Día:

En términos jurídicos, este caso presenta dos disposiciones constitucionales en conflicto relacionadas con intereses económicos, explicó el catedrático de derecho constitucional Carlos E. Ramos.

Por un lado, está la obligación del Estado de cumplir unas obligaciones contraídas con los bonistas “muchas de ellas atadas a Retiro”; y por otro, está la disposición que establece que no se pueden menoscabar derechos contractuales. En este caso, sería cambiar las reglas de juego para los pensionados.

Sepan que gran parte del problema lo causa la pobre administración, por los últimos 12 años, de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) bajo la administración de Sila Calderón, Acevedo Vilá y Fortuño. Y qué hace García Padilla, cito nuevamente del artículo del Nuevo Día.

Una reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), como medida para atender la crisis fiscal de esa agencia, fue catalogada hoy, jueves, por el gobernador Alejandro García Padilla como «un chisme de camino».

 

Mientras, insistió en que su administración tomará medidas para lidiar con la situación de la ACT, pero nuevamente no precisó qué iniciativas se tomarán a corto plazo. La deuda de la ACT en el BGF representa el 24% de la cartera de préstamos de esa entidad, según su presidente, Javier Ferrer.

 

Sin embargo, poco antes de la conferencia del primer ejecutivo, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, no descartó una eventual reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), cuando fue abordado por varios periodistas en la sede del Departamento de Desarrollo Económico.

 

Torres, quien no acompañó a García Padilla en su rueda de prensa, pero estuvo reunido con el mandatario y otros miembros del gabinete en un salón cercano, aclaró que ese recurso sería «una última opción» en la dependencia, cuya deuda con el Banco Gubernamental de Fomento se ha estimado al presente en $2,200 millones.

El director del Departamento de Transportación y Obras públicas dice que aunque sería una “última opción”, la reducción de la jornada de trabajo es una alternativa que tienen que considerar. Qué dice el gobernador, “son chismes de camino”. O sea el gobernador dijo que su secretario de Transportación y Obras públicas lo que dice son “chismes de camino”.

Y todavía quiere echarle la culpa al Tribunal Supremo por el desastre administrativo que impera hoy en Puerto Rico.

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