El atentado contra los poderes constitucionales del Tribunal Supremo por parte del gobernador de Puerto Rico, amerita que abundemos en el tema con el propósito que se entienda correctamente el alcance de éste grave problema.Les cito de un artículo publicado en el periódico, El Nuevo Día:
En términos jurídicos, este caso presenta dos disposiciones constitucionales en conflicto relacionadas con intereses económicos, explicó el catedrático de derecho constitucional Carlos E. Ramos.
Por un lado, está la obligación del Estado de cumplir unas obligaciones contraídas con los bonistas “muchas de ellas atadas a Retiro”; y por otro, está la disposición que establece que no se pueden menoscabar derechos contractuales. En este caso, sería cambiar las reglas de juego para los pensionados.
Sepan que gran parte del problema lo causa la pobre administración, por los últimos 12 años, de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) bajo la administración de Sila Calderón, Acevedo Vilá y Fortuño. Y qué hace García Padilla, cito nuevamente del artículo del Nuevo Día.
Una reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), como medida para atender la crisis fiscal de esa agencia, fue catalogada hoy, jueves, por el gobernador Alejandro García Padilla como «un chisme de camino».
Mientras, insistió en que su administración tomará medidas para lidiar con la situación de la ACT, pero nuevamente no precisó qué iniciativas se tomarán a corto plazo. La deuda de la ACT en el BGF representa el 24% de la cartera de préstamos de esa entidad, según su presidente, Javier Ferrer.
Sin embargo, poco antes de la conferencia del primer ejecutivo, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, no descartó una eventual reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), cuando fue abordado por varios periodistas en la sede del Departamento de Desarrollo Económico.
Torres, quien no acompañó a García Padilla en su rueda de prensa, pero estuvo reunido con el mandatario y otros miembros del gabinete en un salón cercano, aclaró que ese recurso sería «una última opción» en la dependencia, cuya deuda con el Banco Gubernamental de Fomento se ha estimado al presente en $2,200 millones.
El director del Departamento de Transportación y Obras públicas dice que aunque sería una “última opción”, la reducción de la jornada de trabajo es una alternativa que tienen que considerar. Qué dice el gobernador, “son chismes de camino”. O sea el gobernador dijo que su secretario de Transportación y Obras públicas lo que dice son “chismes de camino”.
Y todavía quiere echarle la culpa al Tribunal Supremo por el desastre administrativo que impera hoy en Puerto Rico.
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