Sector empresarial pide ser escuchado

NR – Ya lo decía, Primero La Gente para pagar los desaciertos de las propuestas alocadas de AGP. Lo que se debe hacer es no aprobar el Presupuesto de la Miseria y dejar el actual que se preparó con la razón y pensando.
18 de junio de 2013

Sector empresarial pide ser escuchado

Reclaman al gobierno otras soluciones a la crisis

Por Marian Díaz / mdiaz1@elnuevodia.com

Unas 26 asociaciones empresariales han objetado los acuerdos logrados entre el poder ejecutivo y legislativo para cuadrar el presupuesto y reclaman que el gobernador los escuche antes de que se aprueben y se conviertan en ley.

En conferencia de prensa, el grupo de entidades dijo estar dispuesto a aportar para salir de la crisis, pero puso condiciones para hacerlo. “Todos tenemos que poner de nuestra parte para atajar la recesión y evitar la degradación. Pero reclamamos participación para determinar cómo atender el problema fiscal”, manifestó Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y quien fungió como la portavoz del grupo.

La veintena de entidades se opone tajantemente a que se reduzca el impuesto de ventas y usos (IVU), de 7% a 6.5%, y exigieron al primer ejecutivo que explique porqué propuso esa medida. Su objeción obedece a que esta es, a su juicio, “la única herramienta efectiva para captar la economía subterránea”, dijo Rivera.

Esa reducción de 0.5% en el IVU representa una merma de $100 millones que dejarían de entrar al fisco y que el gobierno ha propuesto recobrar con otros impuestos.

Otro reclamo del sector empresarial es que las nuevas medidas impositivas sean temporeras y que no se extiendan por más de un año.

“Puerto Rico lleva décadas padeciendo de problemas y no acabamos de resolverlos. No hacemos nada para mejorar la competitividad y probablemente la empeoramos. Se tiene que poner un término, que no sea mayor de un año, no podemos seguir extendiendo la agonía”, expresó por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (Mida).

Objeción a nueva patente

La nueva patente estatal, que propuso el economista Joaquín Villamil, tampoco ha sido acogida de buena gana por los empresarios. Kenneth Rivera, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), indicó que aún desconocen a qué empresas las aplicará y cuánto tendrán que pagar.

Agregó que las entidades que apoyaron esta propuesta lo hicieron, sujeto a que se eliminaran los otros nuevos impuestos; algo que no ha sucedido.

De entrada el CPA, tampoco ve con buenos que esa patente tenga tasas distintas, según el tipo de negocio; sino que preferiría que sea una sola tasa para todas las empresas, sin distinción.Agapito 1

Cuando El Nuevo Día preguntó si no favorece que las pequeñas empresas estén exentas o se les cobre una cantidad menor, el líder de los CPA dijo que no sería aconsejable porque podría dar pie a que las corporaciones creen pequeños negocios que no excedan el volumen de ventas estipulado, con tal de que se les conceda la exención.

“Eso es tax planning” (planificación contributiva), agregó la presidenta de los industriales.

Le exigen a Hacienda

El grupo insistió también en que la prioridad de Hacienda tiene que ser aumentar los recaudos y reducir la evasión. En ese ánimo, cuestionaron cómo era posible que el gobierno prefiera crear nuevos impuestos, en vez de aumentar la captación del IVU.

Sobre el pedido de que se limiten los nuevos impuestos a solo un año, el presidente del CCPA indicó que no debería causarle incertidumbre a las casas evaluadoras del crédito porque se estarían aprobando también medidas que impulsen el crecimiento económico.

Mientras, Jaime Morales, director ejecutivo de la Asociación de Productos de Puerto Rico, señaló que hay que atender, no solo el asunto fiscal, sino la creación de empleos, y darle más énfasis a las medidas de desarrollo económico para poder impulsar la economía.

Se aparta el CUD

Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), se alejó de algunas posturas de la veintena de entidades y dijo que, la legislatura y el gobernador escucharon sus reclamos. “No solo nos han escuchado, sino que han atemperado nuestra propuestas”.

Dijo además que favorece que la patente estatal sea escalonada por sector industrial y está a la espera de que Hacienda haga la evaluación de la nueva patente. Monge coincidió con el grupo de entidades empresariales en que dicha agencia debe mejorar la captación.

18 de junio de 2013

Propuesta en dos aguas

Proceso formal contradice al Ejecutivo sobre el alza tarifaria

Hasta mayo pasado, las agencias le adeudaban a la AAA unos $91 millones. (Archivo)

Por Gerardo E. Alvarado León /galvarado@elnuevodia.com

Pese a que el Ejecutivo insiste en que el aumento en la tarifa de agua será menor a lo anunciado, en el proceso formal se mantiene la propuesta de que la factura subirá –en promedio– unos $20 adicionales al mes.

Ayer, el licenciado Esteban Mujica, oficial examinador que dirigió en abril las vistas públicas sobre el propuesto aumento, entregó su informe con recomendaciones en las oficinas centrales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), específicamente a la nueva Junta de Gobierno de la corporación pública.

Mujica confirmó a El Nuevo Día que en su informe “no está contemplado” el proyecto de ley que le daría a la AAA una tarifa preferencial por su consumo energético. Esto, pese a que a finales del mes pasado, el presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, y el gobernador Alejandro García Padilla anunciaron por todo lo alto que la tarifa preferencial amortiguaría el alza.

En aquella ocasión, Lázaro y García Padilla dijeron que la nueva tarifa básica sería de $23.71 y que la mayoría (57%) de los clientes pagaría $46.46 por su consumo mensual de 15 metros cúbicos (m³). Actualmente, la tarifa básica es de $19.71 y los clientes pagan $29.71 por un consumo de 15 m³.

“No tiene nada que ver”

“Lo que está en el informe no tiene nada que ver con la Legislatura”, dijo Mujica, en referencia al proyecto de ley que fijaría la tarifa preferencial.

Así las cosas, Mujica le dio el visto bueno al aumento tarifario originalmente propuesto por Lázaro.

Hace cuatro meses, Lázaro propuso una nueva factura con cinco componentes: cargo base, cargo por consumo (bloques), Cargo para el Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (se cobraría de forma escalonada a base de los bloques de consumo), cargo fijo de $1 para cuencas hidrográficas y cargo fijo de $1 para sistemas rurales/Non-PRASA.

Bajo esa estructura, la tarifa básica subiría a $31.42 y la mayoría de los clientes pagaría $49.77 por su consumo de 15 m³, es decir, $20 más que lo que paga ahora.

Contrario a lo dicho por el Ejecutivo, Mujica también recomendó la aplicación de una nueva tarifa fija de $31.42 para los clientes en los residenciales públicos. Lázaro y García Padilla habían dicho en mayo que este importe sería de $23.71 mensuales.

La recomendación de Mujica es que la imposición de la nueva tarifa fija a los caseríos se divida en dos partes: un primer aumento a $25.56, que entraría en vigor “inmediatamente”; y un segundo aumento a $31.42, que comenzaría 12 meses después.

Mujica estableció que todo consumo en exceso a 10 m³ “será computado y facturado aplicando los cargos correspondientes a los demás bloques de consumo establecidos mediante esta revisión de la estructura tarifaria”.

Otras recomendaciones

En su informe de 105 páginas, Mujica también recomendó eliminar o desaprobar el propuesto cargo especial por unidades adicionales. La AAA se propone crear una tarifa de unidades adicionales para atender las derivaciones, es decir, cuando a la tubería de agua se le añaden extensiones o ramificaciones.

Mujica recomendó, además, la eliminación o desaprobación de la propuesta aplicación de un ajuste automático anual de 3% a los cargos por sistemas contra incendios (sprinklers), nuevas acometidas de agua, reconexiones del servicio y contrastación o calibración del sistema. En su lugar, propuso la implementación escalonada de estos cargos, aplicándoles una tercera parte del aumento total propuesto al comienzo de los próximos tres años.

“Total transparencia”

El licenciado, quien fue presidente de la Junta de Calidad Ambiental, sugirió a la AAA “expeditar” las gestiones de cobro a las agencias gubernamentales y municipios. Hasta mayo pasado, las agencias le adeudaban a la AAA unos $91 millones.

De otra parte, Mujica le recomendó a Lázaro que en un período de 30 días, implemente “los métodos y procedimientos necesarios para asegurar la total transparencia en el manejo de los ingresos a ser recibidos por la AAA” por concepto de los nuevos cargos incluidos en la propuesta factura.

Asimismo, le requirió la preparación de “un plan de acción detallado” para asegurarle a la ciudadanía, en general, acceso a información relacionada a querellas y solicitudes de investigación, el Programa de Agua No Facturada y gestiones de cobro de deudas, planes de la AAA conducentes a la reducción de sus gastos operacionales, proyectos contemplados en Plan de Mejoras Capitales, cumplimiento con disposiciones legales, acuerdos con los bonistas y revisiones anuales de las proyecciones de gastos e ingresos.

Otra recomendación de Mujica fue la revisión de las disposiciones legales y reglamentarias de los subsidios y/o tarifas especiales vigentes en la AAA.

10 días para comentar

Mediante comunicado de prensa, la AAA indicó que el informe del oficial examinador estará abierto a comentarios públicos por un período de 10 días a partir de hoy.

Los interesados pueden acceder al informe a través de acueductospr.com y revisiontarifaria.com o visitar las oficinas comerciales de la AAA, donde tendrán copias impresas.

Los comentarios pueden enviarse por e-mail a juntagobierno@acueductospr.com, por fax al (787) 993-9165 o por correo al PO Box 7066 San Juan, P.R. 00916-70661.

La Junta de Gobierno de la AAA, cuya composición cambió recientemente, tendrá la última palabra sobre el aumento, que entraría en vigor el próximo 1 de julio.

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