Contralora señala irregularidades en pagos por servicios no prestados y otros muy excesivos

Un informe de la Oficina de la Contralora (OC) reveló que el alcalde de Mayaguez, José Guillermo Rodríguez, utilizó el dinero público “para propósitos ajenos al interés público”, innecesariamente, pagó por servicios no prestados, y otros fueron excesivos.

Las fuertes conclusiones de la contralora Yesmín Valdivieso agrega que se contrató a una persona para prestar servicios de ingeniería sin contar con la licencia necesaria y entró en posible conflicto de intereses mientras era presidenta del Comité Técnico Municipal.

Por otro lado, la OC indicó que el Municipio mantenía desde el 1997 una deuda con Hacienda que se elevó a casi un millón de dólares, ya que retenía la contribución sobre ingresos de los empleados pero no la enviaba a la agencia fiscal.

La OC contabilizó –en su auditoria que cubrió del 2006 al 2010- al menos 14 hallazgos y cuatro comentarios especiales, por ejemplo, que no implantara las recomendaciones previas del Contralor.

Según la Contralora, “Guillito” Rodríguez realizó “pagos indebidos a un promotor artístico por servicios facturados que no fueron realizados” e hizo “pago excesivo y pagos por adelantado a un promotor”. Al gobierno le está vedado pagar por servicios no realizados todavía, es decir, pagar por adelantado.

Igualmente se otorgó dinero sin que fuesen aprobados previamente por la Legislatura municipal y faltó evidencia sobre los servicios prestados por una entidad.

“De febrero de 2003 a abril de 2009, el Alcalde otorgó a una contratista 11 contratos y 30 enmiendas por $2,280,000 para que prestara servicios de delineante, de diseño y otros servicios técnicos y de ingeniería relacionados con proyectos de construcción sencillos, y otros proyectos de construcción y reconstrucción solicitados por el Municipio. De abril de 2003 a mayo de 2009, el Municipio había efectuado desembolsos por $2,156,683 a la contratista”, determinó la OC. La contratista no poseía licencia de ingeniería

“En julio de 2005 la contratista fue nombrada Presidenta del Comité Técnico Municipal. Dicho Comité se creó para trabajar en el proceso de elaboración y análisis de los proyectos de construcción que requerían subasta. Se determinó que, posteriormente, esta intervino en la inspección de obras, preparó estimados de costos y realizó otras tareas para obras adjudicadas por la Junta de Subastas, los cuales habían sido recomendados por el Comité que esta presidia”, en lo que fue un conflicto de intereses.

“En enero de 2008, un colegio contrató por $4,000 a una agrupación musical para una actividad que se celebraría en marzo de dicho año. En enero y marzo de 2008, el colegio solicitó al Municipio un auspicio de $4,000 para pagarle a la agrupación. En dicho mes, el Municipio le envió una carta al colegio donde aparentaba que aprobaba el auspicio. Sin embargo, ni el Municipio ni el promotor realizaron pago al colegio o a la agrupación musical. Tampoco el promotor se presentó ni realizó trabajo alguno relacionado con la actividad.
En marzo de 2008, el promotor facturó al Municipio $4,800 por la presentación de la agrupación musical en la actividad del colegio. En abril de 2008, el Municipio le pagó al promotor por la cantidad facturada. Según la información obtenida por nuestros auditores, el colegio pagó en su totalidad la presentación de la agrupación. Esto representó un pago indebido al promotor por $4,800”. Como este esquema el informe reseña otros más.

“El contrato con el promotor fue oneroso e innecesario. Además, el tratar de justificar dicho pago da la impresión de favoritismo hacia el promotor y de mala administración, lo que crea una imagen negativa para el Municipio’, reaccionó la OC cuanto el Alcalde defendió al promotor.

Para la fecha de la auditoría, el Municipio tenía demandas montantes a $49.5 millones, de las cuales $25.2 millones eran por cobro de dinero, $22.6 por acciones civiles y $1.7 millones por daños y perjuicios.