junio 20, 2013 por Redacción

La receta del Gobierno para aliviar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) y mejorar la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), consiste en subir en un 200% el arbitrio a los derivados del petróleo como la gasolina, el diesel, el queroseno, gas licuado, aceites y lubricantes.

Ayer no habían estimados claros de cuánto impacto esto tendrá en los consumidores de gasolina o de los productos derivados del petróleo. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames, solo señaló que las cifras preliminares apuntaban hasta un máximo de cuatro centavos de aumento en el precio del combustible. Esto es en un país sin un sistema de transporte colectivo eficiente, por lo que casi todos los ciudadanos dependen de sus vehículos para moverse.

En total, el Gobierno, en una combinación de cuatro medidas o movimientos fiscales, busca asegurarle $280 millones a la ACT. Con estos ingresos, la ACT podrá emitir bonos para pagar la deuda de casi $2,200 millones al BGF, dependencia a la que le urge una inyección de fondos para evitar una degradación de su crédito.

Según anunció la secretaria de la gobernación, Ingrid Vila, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, los proyectos de ley que generarán estos recaudos fueron radicados en la tarde de ayer en la Cámara de Representantes. Se espera que las piezas legislativas estén aprobadas antes del cierre de la sesión legislativa el 30 de junio.

La premura, según Javier Ferrer, presidente del BGF, se debe a que esta deuda limita enormemente la cantidad de dinero que tiene el banco disponible para operar. El BGF es la institución que financia gran parte de la obra pública que realiza el Gobierno, como el asfalto de carreteras y la construcción de puentes y edificios.

En esencia, el equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla describió la situación como una en la que el Gobierno está entre la espada y la pared.

De hecho, en la transición de Gobierno, la administración del exgobernador Luis Fortuño le advirtió al equipo de García Padilla sobre la precaria situación financiera de la ACT y recomendó reducir las construcciones y reparaciones de carreteras, eliminar parte de los subsidios al Tren Urbano y el Metrobús, y reducir significativamente los gastos operacionales de la agencia.

“(El déficit) podría aumentar a $250 millones en años venideros si no se implantan medidas drásticas rápidamente”, dice el informe de transición.

Esta falta de dinero coloca a los bonos del banco al borde de una degradación crediticia a chatarra. Si esto sucediera, explicó Ferrer, podría causar un efecto en cadena en el crédito del Gobierno, municipios y de las corporaciones públicas, puestos todos que dependen de sus líneas de crédito con el BGF.

“El efecto sería similar al que ocurre en Illinois con despido de empleados y una reducción del Gobierno”, dijo Ferrer.

A todo esto se le suma que la insuficiencia de fondos en la ACT es tal que “si no se toman esas medidas al 1 de julio se tendría que detener el Tren Urbano, las guaguas de la AMA y el transporte marítimo”, dijo Vila.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, indicó que el Gobierno necesita un BGF “fuerte” porque es la dependencia que responde cuando ocurren deficiencias presupuestarias en el Gobierno central, las corporaciones y los municipios.

De dónde saldrán los fondos

La medida principal de recaudos es precisamente ese aumento en el arbitrio de los derivados de la gasolina, que eleva de $3 a $9.25 el dinero que cobra el Gobierno por cada barril de petróleo. En total, esperan recaudar $189 millones anuales.

Otra de las medidas lo que hace es pasar por completo los pagos de los marbetes a la ACT. Actualmente, el 63% de este pago va al fondo general. Con el cambio propuesto el dinero irá directamente a esta corporación pública, allegando alrededor de $62 millones.

Otra partida que se redirigirá es el arbitrio del cigarrillo. En total, el Gobierno espera transferir $20 millones de este arbitrio a la ACT. Este impuesto está entre los gravámenes que tendrán aumento para generar los $1,490 millones que se necesitan para reducir el déficit gubernamental.

La cuarta medida consiste en reducir en 50% el arbitrio al diesel. Según el presidente del BGF, Javier Ferrer, con esto se pretende aliviar el impacto que pueda tener el acarreo de bienes. Esta reducción implicará una baja de $9 millones en los recaudos, dinero que será reemplazado por la inyección de fondos producto del arbitrio de la gasolina.

La secretaria de Hacienda señaló que entre las alternativas evaluadas en un inicio estaba imponer un aumento sustancial en el pago de los marbetes, elevar el arbitrio de la gasolina, un alza de 300% en la tarifa de los peajes y el aumento del arbitrio reductor que finalmente produjo el consenso entre las ramas ejecutiva y legislativa. Según se informó, estas medidas impositivas cuentan con el aval del liderato de la mayoría legislativa, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El secretario del DACO señaló que creará un grupo de trabajo que se encargará de monitorear que los mayoristas y los detallistas de gasolina no aprovechen la situación para elevar irrazonablemente los márgenes de ganancias. Esto a pesar de que el Gobierno todavía no tiene estimados certeros de cuán intenso será el impacto del aumento en el arbitrio.

Los estimados que se han elaborado proponen que el aumento en el precio sea de hasta cuatro centavos por cada litro de gasolina. El combustible que compra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para generar electricidad esta exento de este arbitrio.

“El mercado detallista es muy competitivo. En cualquier caso, nuestros economistas entienden que no llegaría a más de 4 centavos en la bomba. Eso no significa que va a llegar a los 4 centavos”, dijo Adames.

El economista José Alameda explicó que el arbitrio reductor operaba con unas tarifas contributivas que subían o bajaban de acuerdo al costo del barril de petróleo. El problema es que la ley no ha sido actualizada, por lo que los precios de petróleo que contempla son viejos. Esto hacía que en los últimos años siempre se pagara la tarifa menor que contemplaba la ley, de $3.

“En esta situación problemática de la ACT es lógico que tengan que aumentar el arbitrio, aunque al final siempre esto lo termina pagando el consumidor”, dijo Alameda.

En similares términos reaccionó Enid Monge, presidenta del Centro Unido de Detallistas. Según la líder empresarial la probabilidad es que se encarecerán los productos y los servicios que prestan las empresas.

“El combustible es prácticamente un producto de primera necesidad. Esto aumentará (costos) a los consumidores y a los comercios”, dijo Monge.

La aCT seguirá en déficit

Según el secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, la ACT actualmente tiene un déficit operacional que ronda los $300 millones. Y el panorama no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano.

Esto ocurre a pesar de que, según Torres, en la ACT se ha implantado una serie de medidas de austeridad que han redundado en ahorros que rondan los $35 millones. La gran parte de las partidas ahorradas son en reducción de contratos, eliminación de bonos de productividad y límites en el pago de horas extras a los empleados.

junio 20, 2013 por Redacción

junio 20, 2013 por Redacción

La degradación de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a casi nivel de chatarra retrasaría importantes obras de infraestructura –como la gasificación de las centrales–, empeoraría la eficiencia del sistema eléctrico y, en última instancia, propiciaría una revisión a la tarifa de luz, que con toda probabilidad sería aumentada.

Ayer, la agencia Moody’s Investors Service degradó $8,200 millones en deuda de la AEE de Baa2 a Baa3, considerado el último nivel de inversión antes del chatarra o junk bond status. La perspectiva es negativa. Esa calificación (Baa3, negativo) es la misma de los bonos del Gobierno central y de otras entidades como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En un período de seis meses, Moody’s ha degradado los bonos de la AEE en dos ocasiones. En diciembre pasado, la agencia degradó la deuda del nivel Baa1 a Baa2 y advirtió que se mantendría bajo evaluación con la posibilidad de una degradación adicional.

Mediante comunicado de prensa, Moody’s informó que la degradación de los bonos de la AEE refleja la continua debilidad de la economía puertorriqueña, incluyendo el decrecimiento poblacional. Refleja, además, el incumplimiento de los planes a largo plazo de diversificación de combustibles –postergando la dependencia al crudo– y de reducción de costos en la AEE.

Moody’s advirtió que el Programa de Mejoras Capitales de la AEE depende en gran medida de la emisión de deuda, lo que crea incertidumbre sobre cuán capacitada está la corporación pública para ejecutar proyectos de construcción complejos.

La agencia también destacó el “histórico” problema de flujo de efectivo o cash flow que ha tenido la AEE, tanto así que en el 2012 la solo contaba con 17 días de fluidez monetaria.

“Si uno mira las finanzas de la AEE objetivamente y su desempeño durante los últimos cuatro o cinco años, es una compañía cuyo crédito ya está a nivel de chatarra. Creo que Moody’s fue bastante condescendiente”, dijo Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para la Nueva Economía.

Golpe a la gasificación

Moody’s indicó que las dudas sobre la conversión de petróleo a gas natural de las centrales de la AEE también abonan a la perspectiva negativa sobre la deuda de la corporación pública.

Este hecho llama la atención, ya que la AEE ha apostado a la gasificación para allegar ingresos a sus arcas e impulsar proyectos, como es el caso de la tarifa preferencial por consumo energético que recibiría la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Moody’s no menciona nada sobre la tarifa preferencial, pero subsidiar a una corporación pública quebrada con otra corporación pública quebrada no hace ningún sentido”, dijo Marxuach.

Se ha dicho, incluso, que a partir del año 2017, cuando la AEE ya debería haber gasificado todas sus unidades, el costo por kilovatio-hora (kWh) se reduciría de 25 a 16 centavos. Pero esa meta podría quedarse en el aire, advirtió Agustín Irizarry, uno de los dos representantes ciudadanos en la Junta de Gobierno de la AEE.

“El Programa de Mejoras Capitales (que incluye la gasificación) cada día depende más y más de emitir deuda (bonos). Ahora esa deuda costaría más, si es que se consigue. Si no se consigue, se cuelga la mitad de las obras del Programa de Mejoras Capitales, lo que significa una degradación de la calidad y eficiencia del servicio eléctrico. De nada sirve que la energía sea barata si hay interrupciones en el servicio cada vez”, manifestó Irizarry.

A partir de ahora, coincidieron los entrevistados, a la AEE se le hará más difícil acudir al mercado de bonos. Los bonistas podrían prestarle menos dinero a la AEE, cobrarle más intereses o ambas cosas. El posible encarecimiento de los costos de producción y operación en la corporación pública redundaría en un aumento tarifario, cosa que no ocurre desde 1989. De hecho, Moody’s reconoció como una fortaleza de la AEE el que puede cobrarle a sus clientes –a través de la factura de luz– cualquier aumento en costos.

Fortalezas y debilidades

Moody’s también reconoce como fortaleza el que la AEE opera como un monopolio que ofrece un servicio esencial. Así las cosas, no deja de sorprender que siendo los puertorriqueños una población cautiva –toda vez que la electricidad no puede importarse–, la AEE esté a punto de irse a la quiebra.

Del lado de las debilidades, Moody’s identificó la estrecha relación entre la AEE con el Gobierno central y el BGF, utilizándolos como fuentes de flujo de efectivo. Si –como se anticipa– los bonos de estos últimos dos se degradan, la situación de la AEE sería aun peor.

“Esta situación mejorará el día que el Gobierno deje operar a la AEE como lo que es, una corporación pública autónoma. La AEE sacará la cabeza del agua solo si la dejan quieta”, dijo Irizarry.

Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, dijo que la degradación de los bonos “es un asunto de credibilidad y la forma de recuperarla es ejecutando y cumpliendo nuestras metas”, entre las que figuran la gasificación, la utilización de fuentes renovables, reducir los gastos operacionales y atacar el hurto de energía.

En tanto, el presidente de la Unión de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, sostuvo que la degradación crediticia no debe afectar las negociaciones del sindicato con la gerencia de la AEE.