Abarrotadas las oficinas de la ASR tras fallo que validó la Ley 3 de Reforma de Retiro

El abogado de sobre 650 empleados gubernamentales en pleito contra la reforma de Retiro, Edgar Vega Pabón, dijo que la decisión del Tribunal Supremo que validó la constitucionalidad del estatuto provocó renuncias masivas de los trabajadores que estaban esperanzados en que el alto foro resolviera a su favor.

“El efecto de esto ha sido renuncias masivas hoy y mañana (miércoles) provocadas por esta decisión. El Gobierno no le llama despidos, pero los obligó a renunciar”, señaló Vega Pabón.

Mientras, el portavoz del Sistema de Retiro, Carlos Ramos, informó que alrededor de 400 personas visitaron el centro de servicios de San Juan únicamente en el día de ayer. Indicó que esperan que aumente la cantidad de personas que solicitarán el retiro tras la decisión del Tribunal Supremo y la campaña de orientación que realizan.

Desde el 31 de mayo al 6 de junio, documentaron unas 1,616 visitas de empleados. Del 7 al 13 de junio, otras 1,429 y desde el 14 al 20 de junio, el número de personas que frecuentaron la oficina de Retiro fue de 1,600.

Afirmó que desde finales de mayo, un promedio de 360 empleados diarios acuden a la dependencia.

El último día para presentar la solicitud de retiro conforme a las anteriores leyes es el lunes, pero hay algunos casos de policías que podrían efectuarlo hasta diciembre.

Por otro lado, los abogados Vega Pabón, Iván Crespo y Judith Berkan se expresaron esperanzados en que prevalecerán en la Solicitud de Reconsideración que solicitarán al Tribunal Supremo.

Vega Pabón insistió en que la ley menoscaba todos los derechos de las personas que tenían proyectos y planes específicos para retirarse. Dijo que muchos de los demandantes tienen más de 27 años de servicio y la opinión no distinguió entre esos casos severos y otros que pudieran ser menos severos.

“Esto no fue una derrota, fue una decisión cinco a cuatro. Con un juez que reconsidere su posición, cambia el panorama completamente”, sostuvo Vega Pabón.

Mientras, el abogado que representa a los policías, Iván Crespo, adelantó que en la Solicitud de Reconsideración enfatizarán en que “de una crisis crediticia tendremos una crisis de seguridad en el País”.

Según Crespo, se estima que podrían renunciar 3 mil policías entre julio y diciembre de este año, por lo que la Uniformada no tendría los suficientes agentes para velar por la seguridad del Pueblo.

“Los grandes perdedores no solo son los empleados también son las uniones, excepto las uniones que representan a los policías. El Estado hizo campaña mediática y sin embargo, las uniones que sí marcharon cuando se impuso el IVU, ahora brillaron por su ausencia”, indicó Crespo.

De igual forma se expresó la licenciada Judith Berkan, quien dijo que “el Pueblo ha perdido un poco la capacidad de indignación y con la campaña mediática de las últimas semanas se ha perdido el interés de esos empleados y el efecto dañino de ellos y sus familiares”.

Insistió en que el Tribunal Supremo primero debió analizar la aplicación de la ley para permitir un pronunciamiento sobre su constitucionalidad. La abogada dijo que, en su análisis, el Tribunal obvió por completo los derechos de los empleados y las promesas que ha hecho el Gobierno a través de los años de que iban a disfrutar de una pensión digna.

“Entiendo que violaron la disposición constitucional, tanto federal como estatal de Puerto Rico, que prohíbe el menoscabo de contratos”, reiteró Berkan.

La decisión del Tribunal Supremo, por mayoría de cinco jueces contra cuatro, que declara constitucional la llamada Reforma del Sistema d Retiro tiene el efecto de “degradar a chatarra” la jubilación y la vida de los jubilados y sus familias, aseguró el martes el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres.

Además, exgobernador criticó que la administración García Padilla aumente las contribuciones que afectarán a la clase trabajadora

El exgobernador Carlos Romero Barceló arremetió contra el Tribunal Supremo (TS) y tras cuestionar la decisión de declarar constitucional la Ley 3 de Retiro, cuando las pensiones de los jueces no han sido reducidas y calificó a los jueces asociados como enemigos del Pueblo.

Romero Barceló dijo estar indignado por el cambio de opinión de los jueces que fueron nombrados por el exgobernador Luis Fortuño. “Se sintieron amedrentados por las expresiones del Gobernador. Los enemigos del Pueblo son el Tribunal Supremo y el Partido Popular Democrático. Me indigna que hayan cambiado de opinión con las acusaciones del Gobernador, que les dijo que son enemigos del Pueblo”, manifestó el líder estadista.

El gobernador Alejandro García Padilla fue objeto de críticas en días pasados luego que llamara enemigos del Pueblo a los jueces asociados del TS, que declarararon inconstitucional varias partes de la reciente enmienda a la Ley de la Judicatura.

“Los jueces del Supremo se retiran con el 100 por ciento de su salario al momento de jubilarse. Hay que preguntarse si la Ley 3 hubiese afectado las pensiones de los jueces asociados y en vez del 100 por ciento les tocara el 75 por ciento, entonces, ¿habrían decidido igual? Eso es una pregunta que todos debemos hacernos”, dijo Romero Barceló.

El exmandatario aseguró que el TS mintió al decir que examinaron todas las alternativas, pues el Tribunal de Primera Instancia no celebró vistas y se resolvió a base de lo que dice el Ejecutivo y la Rama Legislativa.

“Lo que están haciendo es que el dinero que ha dejado de pagar irresponsablemente el Gobierno de Puerto Rico, ahora se lo van a cobrar a los que han aportado a un sistema con el compromiso de que le van a dar cierta cantidad”, indicó el exgobernador.

Romero Barceló dijo que el TS violó dos disposiciones de la misma cláusula constitucional que establece que ninguna persona será privada de su libertad y propiedad sin el debido proceso de ley y el menoscabo de las obligaciones contractuales.

“En una democracia, cuando el Ejecutivo y el Legislativo dejan de acatar los derechos constitucionales de los ciudadanos es como si estuviéramos viviendo en una dictadura. Esto no es propio de una democracia”, señaló el también excomisionado residente.

Dijo que el Ejecutivo y la Rama Legislativa se han negado a considerar la imposición de contribuciones sobre ingresos de 10 por ciento a las empresas que únicamente pagan 2.5 por ciento de sus ingresos de miles de millones. Dicha contribución produciría $4 mil millones anuales para cubrir el déficit y ayudar al Sistema de Retiro.

“¿Cómo puede hablarse de justicia social cuando el Gobierno lo resuelve con imposiciones contributivas y haciendo la vida más cara a la clase media, que son los que nutren la economía?”, expresó Romero Barceló.