Esta legislatura no ha aprobado un nuevo reglamento ético

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Nelson Torres, dijo el jueves que la querella contra el representante Charlie Hernández se atenderá con el Código de Ética vigente, porque al momento no se ha aprobado un nuevo reglamento.

“El presidente de la Cámara está consciente de que hay que autoconvocar el cuerpo para aprobar el nuevo Código de Ética. Nosotros tendremos que atender este asunto con el Código viejo, pero hay muchas cosas en el Reglamento viejo cubre que están en el nuevo Código de Ética”, dijo el representante a preguntas de la prensa.

Explicó que el portavoz de la mayoría tiene 15 días a partir del miércoles para contestar la querella en su contra.

“Hasta que el compañero no conteste, la Comisión no evalúa si asume jurisdicción y si cumple la querella con lo establecido en el Código de Ética”, dijo el representante quien añadió que si Hernández no contesta la querella, la Comisión puede asumir jurisdicción.

Por su parte, la representante Lourdes Ramos, quien presidió la Comisión a mediados del cuatrienio pasado, expresó que va a esperar a tener en su poder la prueba presentada para emitir su juicio contra Hernández.

“La diferencia está en cómo tu como legislador vas a saber diferenciar entre un lugar donde si puedes trabajar y en otro donde no puedes. Yo puedo hacer un contrato, porque yo como legisladora tengo un criterio bastante amplio para evaluar. Pero si yo creo que hay conflicto, lo más prudente es hacer la consulta a Ética, para uno estar tranquilo”, destacó Ramos.

El representante Hernández enfrenta dos querellas en la Comisión de Ética porque alegadamente firmó un contrato para asesoría con la Asociación de Legislaturas Municipales y votó a favor del proyecto del presupuesto que incluía una partida de 156 mil dólares para esa organización.

Según el abogado, el legislador incurrió en violación al Código de Ética, al Código Penal y al reglamento de la Cámara

El abogado que presentó una querella contra el representante Charlie Hernández López ante la Comisión de Ética de ese cuerpo legislativo y le sugirió hoy al legislador dejar la posición que ocupa como portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) mientras se dilucidan los señalamientos.

La querella sostiene que el legislador incurrió en violación al Código de Ética, al Código Penal y al reglamento de la Cámara cuando participó de las audiencias y votaciones de un proyecto que favorecía a una entidad para la que labora como asesor.

Se trata de la Asociación de Legisladores Municipales, que con la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 17 recibió 156 mil dólares en asignaciones.

“Moralmente él está comprometido y lo menos que esperaría es que entregara su posición de portavocía en la Cámara en lo que esto se dilucida”, expresó Libargo Hernández en una entrevista radial (Wapa Radio).

De acuerdo con Hernández, el portavoz del PPD en la Cámara “no solamente violó el Código de Ética”, sino “el propio reglamento de la Cámara en el artículo 37.5 que le dice que si hay un conflicto de interés en su persona o un allegado suyo tiene que inhibirse y la votación está ahí, él no se inhibió”.

“La ilegalidad aquí es que estamos hablando del portavoz de la mayoría, es la persona que es el presidente de la Comisión de Calendario, le dio un trámite súper rápido a esta resolución, votó en la primera resolución, votó en la resolución enmendada, participó en el comité de conferencia y como portavoz de la mayoría es una persona que puede participar en todas las comisiones exoficio”, insistió el licenciado,

Hernández indicó que su denuncia se suma a otras dos querellas presentadas ante la Comisión de Ética de la Cámara, que es presidida por Eduardo Ferrer, quien renunció a su escaño, efectivo el 16 de julio.

“Entiendo que el Código de Ética en la Cámara no se ha modificado, lo que quiere decir que el Código de Ética de 2009 sigue vigente. Y si eso es así el está incumpliendo con más de diez incisos de este código”, indicó.

El ciudadano emplazó al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, al gobernador Alejandro García Padilla y al presidente cameral, Jaime Perelló, a que tomen cartas en el asunto, ya que “esto fue un programa de gobierno que estaba en su plataforma y uno de los representantes, líder máximo, está infligiendo en el código”.

Hernández sostuvo que lo grave del asunto es que “esto no es que ha pasado desapercibido, no es que es un rumor, esto ha sido confirmado por los medios noticiosos” e incluso “el propio representante hizo admisión a los medios”.

“Entiendo que no es la primera querella que va a haber, creo que van a haber más”, añadió el abogado.

Comisión de Ética investiga querella contra “Charlie” Hernández

Carlos «Charlie» Hernández. Foto EL VOCERO/ Archivo

Según la portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón

La portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámada de Representantes Jenniffer González Colón, aseguró hoy que señalamientos como el que se le hacen al representante popular Charlie Hernández serán la orden del día durante este cuatrienio.

“La ley del legislador a tiempo completo que tanto se pedía a gritos en los años 90, le garantizaba al pueblo que sus legisladores trabajarían, exclusivamente, en la función legislativa. Ahora, con la Reforma del PPD el legislador se convierte en cabildero, como sucedió recientemente con el presidente del Senado Eduardo Bathia, quien no sabía en calidad de qué defendía una medida fuera del Senado”, agregó González.

La expresidenta de la Cámara de Representantes destacó que “ahora se busca atender otros asuntos que colocan la toma de decisiones en asuntos vulnerables a conflictos de interés. ¿Qué legislador que no trabaje para determinado grupo o persona no va a defender al que le paga? Ahora volveremos, como advertimos, a los tiempos de cuestionamientos éticos constantes en la funcion legislativa”.

“Aún con las organizaciones u organismos que reciben fondos de la legislatura o el gobierno, existe un claro conflicto de interés porque en este caso cualquier legislador podría asignarse fondos a su organismo u organización para satisfacer su salario o los intereses de ese grupo”, acotó al tiempo que destacó que esperará a ver la evidencia presentada por si la misma es parte de un proceso en la Comisión de Ética.

Portavoz PPD respaldó medida que otorgó fondos a entidad que contrató sus servicios

El portavoz de la mayoría Popular en la Cámara, Charlie Hernández, firmó un contrato de trabajo con una entidad privada en mayo y un mes después –como legislador– votó a favor de legislación para que a esa entidad le otorgaran fondos para su funcionamiento. Desde ayer enfrenta una querella ante la Comisión de Etica por esa acción.

El presidente de la entidad privada en cuestión –la Asociación de Legisladores Municipales– es Reynaldo Castellanos, quien es ayudante del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Este último es jefe precisamente de Charlie Hernández. Castellanos preside la Legislatura Municipal de Carolina, de donde proviene Perelló.

EL VOCERO lleva dos días buscando la posición del Portavoz de la Mayoría sobre estos asuntos, pero este no ha respondido a los pedidos de entrevista. Perelló tampoco respondió ayer a una solicitud de este diario.

Hernández votó a favor de la Resolución Conjunta Núm. 17 –de presupuesto– que le otorgó $156 mil a su empleador. No se abstuvo, según la hoja de votación en poder de EL VOCERO. La votación sobre esta medida se llevó a cabo el 30 de junio de 2013.

Ahora, el Portavoz de la Mayoría enfrenta una querella por conflicto de intereses ante la Comisión de Ética de la Cámara, que preside Eduardo Ferrer Ríos. Este último renunció efectivo el 15 de junio, así que no tendrá oportunidad para intevenir en la querella. Se espera que en algún momento de julio la Cámara se autoconvoque para aprobar su reglamento ético, momento que pueden aprovechar para elegir al nuevo presidente de la Comisión de Ética. Hasta la fecha la Cámara no tiene un código de ética atemperado a la reforma legislativa. El actual código es el que ha estado vigente durante los últimos cuatro años.

Desde la reforma de la década del 1990, cuando se implantó el legislador a tiempo completo, los senadores y representantes pueden recibir un salario extralegislativo de 35 por ciento de su sueldo. Actualmente, sigue siendo así. La diferencia es que antes dicho trabajo extralegislativo no podía realizarse entre 9:00 de la mañana y 6:00 de la tarde. Bajo la reforma actual, el trabajo se puede desempeñar a cualquier hora.

Además, antes se pagaban dietas y ahora no. El efecto neto es que los legisladores se ven sin una compensación que antes recibían, lo que ha causado que muchos de los que antes no tenían otro trabajo, ahora busquen un dinero adicional que compense la pérdida.

Pese a que ni el Senado ni la Cámara lo han revelado, es ‘vox populi’ en el Capitolio que desde que se eliminaron las dietas la asistencia de los legisladores a las vistas y a las sesiones es mínima, comparado con cuatrienios anteriores.

El contrato del portavoz Popular Hernández con la Asociación de Legisladores Municipales se originó en mayo, la Cámara aprobó la reforma legislativa el 24 de mayo y el Gobernador la convirtió en ley el 29 de mayo. El 30 de junio el Representante votó a favor de legislación que favorece a su empleador. Ese mismo día la entidad privada y el legislador rescindieron el contrato, indicó la Asociación.

Los portavoces de la minoría del PNP en la Cámara y el Senado, Jenniffer González y Larry Seilhamer, así como la portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago, descartaron buscar dinero extralegislativo, dijeron a EL VOCERO. Como portavoz, el sueldo de Charlie Hernández es casi $11 mil más que el de sus compañeros legisladores. Los legisladores promedio reciben $73,775.

La querella del ciudadano Rafael Moreno Matos, radicada ayer luego de una reseña de EL VOCERO sobre el caso, indica que el Representante violó varios artículos del actual reglamento, entre ellos “haberlo informado con posterioridad”. La propia Asociación dijo mediante comunicado de prensa que el contrato fue enviado a Ética de la Cámara “a petición de la Asociación”.

“Es pertinente señalar que, en efecto, existía un contrato suscrito entre las partes desde fines de mayo, pero el mismo fue remitido por el mismo Representante a la Comisión de Ética de la Cámara a petición de la Asociación para su evaluación previo a su ejecución. Hasta el momento, no se ha recibido la opinión a la consulta dirigida a la Comisión de Ética”, dijo el colectivo vinculado con el PPD.

No se indica en qué momento se remitió a Etica de la Cámara, pero sí indica que ya estaba suscrito el acuerdo entre las partes.

“Durante el proceso de espera de la citada opinión, la Asociación no solicitó servicio alguno al Representante, por consiguiente no se ha facturado contra él ni existe obligación alguna de pago por servicios prestados. Más importante aún, no se ha realizado desembolso por concepto alguno. Este contrato fue creado para ofrecer servicios de educación y talleres a legisladores municipales en materia de procesos legislativos municipales y la redacción de opiniones en asuntos legales, de ser consultado. El contrato no fue creado como una iguala o pago fijo mensual por servicios profesionales, sino de surgir la necesidad de realizar un taller o consulta mediando una requisición de servicios por parte de la Asociación”, indicaron en un comunicado.

La querella también da cuenta de la votación de Hernández a favor de una legislación que beneficia a su empleador.

La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, licenciada Zulma Rosario,
aclaró que esa agencia no tiene jurisdicción sobre los legisladores. Sin embargo, en vista de su función de auditar los estados financieros que por obligación de ley tienen que entregar los legisladores, están en posición de dirigir sus conclusiones a agencias como el Departamento de Justicia, el FEI y hasta la Fiscalía federal.

Maricarmen Rivera Sánchez colaboró en esta historia.

Al igual que en el pasado, la reforma legislativa aprobada permite a los legisladores obtener hasta un 35 por ciento de su salario en trabajos externos

Mientras varios legisladores comienzan o planifican buscar trabajo fuera del Capitolio para compensar la eliminación de las dietas y el estipendio de carros, la Cámara todavía no tiene un Código de Ética para guiarlos en esta búsqueda. Se espera que eventualmente la Cámara se convoque para aprobar este código.

El Código de Ética iba a ser aprobado en los últimos días de sesión, pero a solicitud de la minoría novoprogresista se dio tiempo adicional para la aprobación del mismo. La portavoz de la delegación novoprogresista, Jenniffer González, respaldó la decisión al indicar que había muchos asuntos que discutir y que esperaba revisar el código “línea por línea”. Ayer indicó que los representantes se encuentran discutiendo el Código en reuniones.

Al cierre de esta edición, el portavoz de la mayoría, Charlie Hernández, no devolvió llamadas. Hernández, quien es abogado, es uno de los que busca trabajo fuera del Capitolio. En su caso, se trata de un contrato de asesoría con la Asociación de Legisladores Municipales.

Esta organización envió ayer un comunicado para explicar que el contrato con Hernández existe desde mayo y que el mismo fue remitido a la Comisión cameral de Ética para su evaluación antes de implementarlo. Según el comunicado, la Comisión de Ética no ha respondido. Esta Comisión es presidida por el renunciante representante Popular Eduardo Ferrer Ríos. El organismo indicó que el contrato venció el pasado 30 de junio sin haber entrado en vigor.

“Durante el proceso de espera de la citada opinión, la Asociación no solicitó servicio alguno al Representante, por consiguiente no se ha facturado contra él ni existe obligación alguna de pago por servicios prestados”, reza el comunicado.

Al igual que en el pasado, la reforma legislativa aprobada permite a los legisladores obtener hasta un 35 por ciento de su salario en trabajos externos. La práctica no era muy común en cuatrienios pasados, pero se espera que aumente ahora que los legisladores no cobran dietas por asistir a su trabajo ni reciben estipendio para el pago de automóviles. La ley no permite a los presidentes de los cuerpos legislativos buscar trabajo fuera del Capitolio.

Varios legisladores ya han asegurado que buscarán otros empleos. Entre estos, el representante Popular Javier Aponte Dalmau dijo ayer que consideraría dar clases y buscar trabajos de asesoría en áreas de importación y exportación.

“Una de las alternativas es volver a dar clase en la Universidad y estoy evaluando varias propuestas de proyectos que tienen que ver con servicios y áreas de importación y exportación”, dijo. “Conforme a la definición de legislador ciudadano, deben ser trabajos que no interrumpan funciones legislativas”.

Otros legisladores entrevistados descartaron buscar otros empleos. Entre estos, la portavoz de la delegación penepé en la Cámara, Jenniffer González, y la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago. De igual forma, el portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Larry Seilhamer también lo descartó.

“No lo haré, siempre he manifestado que en mi carácter personal el trabajo de legislador es a tiempo completo, máxime con la responsabilidad que implica ser el portavoz de la delegación del PNP”, indicó Seilhamer.

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ht.ly/mOC2P