Buscan detener que se continúe gastando fondos públicos para adelantar unos resultados del plebiscito distintos a los certificados por la CEE
EL VOCERO/ Ángel L. Vázquez
La demanda que busca detener que el Gobierno continúe gastando fondos públicos para adelantar unos resultados del plebiscito distintos a los certificados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continúa en pie, aunque ni siquiera le han dado fecha para una vista.
El más reciente movimiento del caso ocurrió el 4 de septiembre cuando el Partido Nuevo Progresista (PNP) y varios militantes demandantes se opusieron a una moción de desestimación radicada por el Departamento de Justicia (DJ) en la sala A de asuntos electorales del juez Isidro García, en el Centro Judicial de San Juan.
Los abogados del DJ, Claudia A. Juan García y Gerardo de Jesús Annoni, sostienen que el Tribunal no tiene jurisdicción por tratarse de un asunto electoral que debe verse primariamente en la CEE, y que por ser el recurso una acción ordinaria de sentencia declaratoria debe pagar aranceles. Al no haberlo hecho, convierte el recurso en uno “nulo e ineficaz”, alegan.
En su oposición, los abogados Francisco J. González, Luis B. Méndez y Oscar J. Santamaría aclaran que la demanda se radica “al amparo de los derechos que cobijan a los electores que participaron en el plebiscito. Esos derechos se encuentran enumerados en el Artículo 6.001 del Código Electoral, el cual, según señala el propio DJ, le otorga al elector la capacidad de iniciar o promover cualesquiera acciones legales al amparo de esta Declaración de Derechos y prerrogativas de los electores ante el Tribunal de Primera Instancia”. Y no obliga al elector a acudir en primer lugar a la CEE, argumentaron.
“Lo que persigue la demanda es, en síntesis, que se impida que entidades gubernamentales eroguen fondos públicos para esbozar una posición partidista a los efectos de que los resultados del plebiscito del 6 de noviembre de 2012 son distintos a los que certificó la CEE. Como entidades gubernamentales, y por ser fondos públicos, la parte demandada tiene que respetar y conservar los resultados certificados por la CEE. De lo contrario, si se permite a un gobierno de turno manipular una certificación oficial de la CEE, se estaría menoscabando el derecho de los electores a emitir un voto y que ese voto se contabilice correctamente”.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) y un grupo de ciudadanos radicaron hoy una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla, por el uso de fondos públicos para cabildear en el Congreso de los Estados Unidos en contra de los resultados del plebiscito celebrado el pasado 6 de noviembre, tal y como lo había advertido el presidente de dicha colectividad, Pedro Pierluisi.
Así lo anunció hoy en conferencia de prensa el Director Ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general, José “Pichy” Torres Zamora.
Como codemandado figura el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral.
“El pasado 6 de noviembre el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo”, sentenció Dávila, acompañado del grupo de abogados que representará en el caso.
El Director Ejecutivo informó que la colectividad ha estado vigilante de los movimientos de García Padilla desde que se anunció la contratación por cientos de miles de dólares del cabildero Charlie Black. Sobre el particular, indicó que aguardaron por tener la evidencia suficiente para acudir a los tribunales.
“La aceptación del Director de PRFAA sobre el uso de fondos públicos para cabildear en contra los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el ELA y pidió la estadidad, era la última pieza que necesitábamos”, añadió.
“La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer”, señaló, por su parte, el Secretario General.
La demanda radicada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan establece que tanto García Padilla como Hernández Mayoral han estado utilizando fondos públicos en contra del mandato del Pueblo soberano. Además menciona que el Co-demandado, García Padilla, emitió una misiva como Gobernador de Puerto Rico con fondos y recursos públicos a todos los congresistas alegando que la opción de la Estadidad no había prevalecido en la consulta de estatus.
“Paralelamente a los esfuerzos de García Padilla, el codemandado Hernández Mayoral, como Director Ejecutivo de PRFAA hacía gestiones similares en contra de la voluntad del Pueblo de Puerto Rico de forma ultra vires y fuera del marco de las facultades de su cargo ya que éste ha aceptado la erogación de fondos públicos en la contratación de cabilderos para rechazar la voluntad y el mandato del Pueblo en la consulta de estatus del 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.
“Este gasto público se viabiliza al amparo de un contrato con ‘dos empresas de cabilderos—Prime Policy Group y Smith, Dawson & Andrews- que podrán facturar, entre ambas, hasta $546,000 durante este semestre’ y cerca de 1 millón de dólares durante el año 2013. Ciertamente el gasto de fondos públicos arriba mencionado por parte de la actual administración es ilegal e inconstitucional por ir no sólo en contra del mandato y la voluntad expresada por el Pueblo de Puerto Rico en la consulta de estatus realizada el pasado 6 de noviembre de 2012, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no-públicos y contravenir el axioma Constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, culmina la demanda que está firmada por los abogados, Luis Benjamín Méndez, Francisco González Magaz y Oscar Santamaría Torres.
17 de julio de 2013 5:21 p.m.
PNP demanda a García Padilla y a la PRFAA
Buscan que el tribunal declare ilegal utilizar fondos públicos para cabildeo relacionado al plebiscito
La conferencia de prensa fue convocada por el director ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el Secretario General, José “Pichy” Torres Zamora (en la foto).(Archivo)
Por Antonio R. Gómez / antonio.gomez@gfrmedia.com
El Partido Nuevo Progresista (PNP) y cuatro ciudadanos privados, entre los que figura la exsenadora Lucy Arce Ferrer, radicaron hoy una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla en la que solicitan al tribunal que declare ilegal utilizar fondos públicos para cabildear en contra de la interpretación que hace dicha colectividad de los resultados del plebiscito del pasado año.
La demanda fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y figuran también como demandados la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), y su director, Juan Eugenio Hernández Mayoral.
El anuncio sobre la demanda, que fue adelantada desde la pasada semana por el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, lo hicieron en conferencia de prensa el director ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general de la colectividad, José “Pichy” Torres Zamora.
«El pasado 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo», sostuvo Dávila.
Explicó que el PNP fundamentó su reclamo en las expresiones que hizo el director de Prfaa en un artículo publicado en El Nuevo Día sobre el uso de los cabilderos del Gobierno para adelantar gestiones “en contra de los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el Estado Libre Asociado y pidió la estadidad”.
Según Dávila, esa “era la última pieza que necesitábamos».
“Ciertamente, el gasto de fondos públicos… por parte de la presente administración es ilegal e inconstitucional por ir, no solo en contra del mandato y la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico en la consulta de status realizada el pasado 6 de noviembre, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no públicos y contravenir el axioma constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, se argumenta en la demanda.
Se incluyen como causas de acción la violación del derecho fundamental al voto, el uso indebido e inapropiado de fondos públicos y el derecho internacional.
“Se solicita específicamente al Tribunal que dicte la correspondiente sentencia declaratoria determinando la ilegalidad de la utilización de fondos públicos por parte de los demandados con el fin de impedir la consecución del mandato emitido por el pueblo de Puerto Rico el 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.
Se reclama, además, que se ordene a los codemandados “a cesar y desistir de erogar fondos públicos para fines políticos partidistas”.
Firman el recurso los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco J. González y Oscar Santamaría.
«La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición, y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer», señaló el secretario general del PNP.
PNP demanda al gobernador y a PRFAA por cabildeo sobre plebiscito
Por Antonio R. Gómez07/17/2013 | 01:05 p.m.
La ex senadora Lucy Arce Ferrer está entre el grupo de los demandantes. (Archivo)
La demanda fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y figuran también como demandados el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y la Administración.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) y cuatro ciudadanos privados, entre los que figura la exsenadora Lucy Arce Ferrer, radicaron hoy, miércoles, una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla en la que solicitan al tribunal que declare ilegal utilizar fondos públicos para cabildear en contra de la interpretación que hace dicha colectividad de los resultados del plebiscito del pasado año.
La demanda fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y figuran también como demandados el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Juan Eugenio Hernández Mayoral, y la propia Administración.
El anuncio sobre la demanda, que fue adelantada desde la pasada semana por el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, lo hicieron en conferencia de prensa el director ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general de la colectividad, José “Pichy” Torres Zamora.
«El pasado 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo», sostuvo Dávila.
Explicó que el PNP fundamentó su reclamo en las expresiones que hizo el director de Prfaa en un artículo publicado en El Nuevo Día sobre el uso de los cabilderos del Gobierno para adelantar gestiones “en contra de los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el Estado Libre Asociado y pidió la estadidad”.
Según Dávila, esa “era la última pieza que necesitábamos».
“Ciertamente, el gasto de fondos públicos… por parte de la presente administración es ilegal e inconstitucional por ir, no solo en contra del mandato y la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico en la consulta de status realizada el pasado 6 de noviembre, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no públicos y contravenir el axioma constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, se argumenta en la demanda.
Se incluyen como causas de acción la violación del derecho fundamental al voto, el uso indebido e inapropiado de fondos públicos y el derecho internacional.
“Se solicita específicamente al Tribunal que dicte la correspondiente sentencia declaratoria determinando la ilegalidad de la utilización de fondos públicos por parte de los demandados con el fin de impedir la consecución del mandato emitido por el pueblo de Puerto Rico el 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.
Se reclama, además, que se ordene a los codemandados “a cesar y desistir de erogar fondos públicos para fines políticos partidistas”.
Firman el recurso los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco J. González y Oscar Santamaría.
«La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición, y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer», señaló el secretario general del PNP.
Comisionado Residente en Washington cataloga de “nefastas” las decisiones recientes del gobernador Alejandro García Padilla
EL VOCERO / Luis Alberto López
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, catalogó esta mañana como “nefastas” las decisiones más recientes tomadas por el gobernador Alejandro García Padilla y su administración, a la vez que aseguró al Pueblo que “hay luz al final del túnel”.
“Las cosas aquí no van bien. Esto está terrible. Esto es cantazo tras cantazo. Este gobierno, lo dijimos y lo hemos estado diciendo desde el principio, las decisiones que ha tomado este gobierno han sido nefastas para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Pierluisi en entrevista con WKAQ 580.
El Comisionado Residente enfatizó que muchos de los recientes aumentos se deben al arbitrio al combustible al considerar que este tiene un efecto multiplicador en la distribución de todo tipo de artículo.
“En la luz pasó una cosa bárbara, y es que en vez de pasarle al Pueblo, particularmente a los consumidores que no tienen nunca ningún tipo de incentivo, el ahorro por el cambio a gas natural en la planta de Costa Azul, han cogido y se lo pasan a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Las corporaciones son independientes una de otra y tú tienes que administrar cada una de esas corporaciones públicas bien. Viene ahora la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y va a estar cobrándole menos la luz a la AAA, y entonces, ¿quién va a pagar eso? El Pueblo”, sostuvo.
En tanto, Pierluisi lamentó la renuncia del presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, y entendió que esto pudo ocurrir porque este no está de acuerdo con la política fiscal del actual gobierno o porque no le están prestando atención a su asesoramiento.
Por otra parte, el también Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) criticó la Reforma Legislativa por la aprobada asignación de un reembolso de $900 a cada representante que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló aseguró son para gastos administrativos de las oficinas.
“¡Qué clase de reforma legislativa! Hicieron una promesa al Pueblo de que iban a reformar la Legislatura y aquí, otra vez, una reforma fatula”, expresó.
En horas de esta mañana, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Sonia Pachecho y Luis Raúl Torres renunciaron a este reembolso de la Cámara de Representantes.
De igual forma, el exrepresentante del PPD, Eduardo Ferrer Ríos, admitió que esta orden es contraria a lo que se le prometió al Pueblo que sería la reforma legislativa.
Aunque hizo un esfuerzo por evitar entrar en la controversia con el liderato actual de la Cámara, Ferrer Ríos mantuvo su posición de que la reforma legislativa no se evaluó ni se aprobó correctamente.
Por otro lado, Pierluisi anunció que hoy se reunirá con el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, y con la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, con quienes discutirá el asunto de la reforma en la Policía y añadió que buscará ampliar los recursos que recibe Puerto Rico para combatir el crimen.
Por último, el Presidente del PNP garantizó que “hay luz al final del túnel, la luz es el PNP, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir realizando recomendaciones. Sé que va a ser duro esperar hasta las próximas (elecciones)”.
Refieren a Justicia federal la contratación de Charlie Black
José Aponte Hernández exige que se revisen todas las gestiones realizadas por Black hasta el momento
Foto AP
El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, refirió hoy al secretario de Justicia federal, Eric Holder, la contratación por parte de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) del cabildero Charles R. Black, debido al posible uso ilegal de fondos públicos.
Aponte Hernández, además, exigió que se revisen todas las gestiones realizadas por Black hasta el momento, muy especialmente aquellas vinculadas al asunto del estatus político de la Isla para identificar si promovió una agenda contraria a la expresada por los votantes el pasado noviembre.
Según el líder estadista, el caso contra PRFAA y su contratación del conocido cabildero congresional, surge luego que el propio director de dicha dependencia admitiera en una entrevista con un diario que la función de Black es ‘promover la política pública del Gobernador y la Legislatura que rechaza que la estadidad haya ganado el plebiscito de estatus de noviembre’.
“Los records indican que PRFAA contrato a Black y su firma, Prime Policy Group, para cabildear a favor de los intereses de Puerto Rico. Aunque el uso legítimo de cabilderos es parte del proceso legislativo de nuestra nación, estos no pueden ser usados contra la voluntad del pueblo, especialmente cuando existen unos resultados oficiales de ese deseo. El pasado noviembre, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico votaron en un plebiscito oficial por la opción de la estadidad. La contratación de Black para hacer gestiones en contra de esta voluntad es inmoral e ilegal”, señaló Aponte Hernández mediante un parte de prensa.
De acuerdo a la Oficina del Contralor, PRFAA otorgó el 3 de julio un contrato (número 2014-AF0001 por la cantidad de 300,000 dólares) a Black para gestiones de ‘servicios legales’. El mismo tiene una vigencia de seis meses.
El representante novoprogresista envió la pasada semana senda carta al titular de justicia federal solicitándole una pesquisa de los contratos y acciones del cabildero republicano.
En la carta, el expresidente cameral indicó a Holder que, como el principal fiscal de los Estados Unidos, él tiene la responsabilidad de iniciar una investigación sobre el alegado uso de recursos del estado para ir contra los intereses del pueblo, especialmente porque PRFAA tiene acceso a varias asignaciones federales a través de diversos programas.
Asimismo, durante el día de ayer el Partido Nuevo Progresista (PNP) radicó una demanda en contra de Alejandro García Padilla, por usar fondos públicos para cabildear en el Congreso en contra de los resultados de la consulta.
El liderato penepé argumenta en la demanda que el Gobernador y Presidente del Partido Popular Democrático (PPD), así como Juan Eugenio Hernández Mayoral, violan las disposiciones sobre el uso de fondos públicos en la Constitución, al utilizar el dinero público para adelantar una causa política.
Los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco González Magaz y Oscar Santamaría Torres representan al PNP en esta demanda.
Emplazadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) llegaron hasta Luquillo para emplazar al gobernador Alejandro García Padilla y al director de la Administración de Asuntos Federales en Washington DC, José Eugenio Hernández Mayoral por la demanda del Partido Nuevo Progresista (PNP) contra la administración de turno.
Hasta hoy, ambos funcionarios no habían recibido el emplazamiento por la demanda que impugna el uso de fondos públicos para cabildear contra el resultado del plebiscito de noviembre pasado. Un emplazador del PNP llegó a los actos oficiales del 25 de julio y los emplazó en plena actividad. La fiesta del 75 aniversario del Estado Libre Asociado fue en Luquillo.
31 de julio de 2013 2:39 p.m.
PNP continúa denunciando contratación de cabilderos por parte del gobierno
Según Jenniffer González, hacen gestiones en contra de los intereses de la Isla
Por Antonio R. Gómez / antonio.gomez@gfrmedia.com
El gobierno de Puerto Rico mantiene un contrato con una empresa de cabilderos que a su vez hace gestiones en Washington D.C. en contra de los intereses económicos y fiscales de la Isla, denunció la portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.
El contrato, según los documentos ofrecidos por la legisladora, es con el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y la empresa de cabilderos “Podesta Group”, que tiene entre sus clientes a la empresa elaboradora de licores Diageo, la que durante el cuatrienio pasado sacó de Puerto Rico su producción del ron “Captain Morgan” y se la llevó para las estadounidenses Islas Vírgenes.
La información ofrecida por González sugiere que “Podesta Group” hace gestiones en estos momentos de cabildeo contra dos proyectos de ley sometidos en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos y que limitarían los subsidios que pueden pagar los territorios a empresas licoreras de los reembolsos que reciben del gobierno federal por los impuestos cobrados al ron.
Esos dos proyectos son respaldados por el gobierno de Puerto Rico porque colocarían al país en una mejor posición competitiva frente a Islas Vírgenes, que logró llevarse esa operación ofreciendo subsidios mayores de los que puede otorgar Puerto Rico.
“Estas actuaciones por parte de Alejandro García Padilla y sus allegados son evidencia de la negligencia al establecer las prioridades de su administración y reflejan la ausencia de un plan para impulsar la economía de Puerto Rico promoviendo, tras bastidores, políticas que en lugar de allegar ingresos, los alejan”, expresó este miércoles González en una conferencia de prensa en El Capitolio.
Los dos proyectos ante la consideración legislativas federal son el HR 2122, presentado en el Congreso por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pedro Pierluisi, y otros representantes de origen puertorriqueño, y el S 3208, sometido por el senador Robert Meléndez.
El HR 2122 propone limitar a un 10% del mencionado reembolso lo que los territorios puedan utilizar para subsidiar a empresas licoreras y el S 3208 propone un límite de 15%. Las Islas Vírgenes, recordó González, comparten alrededor de 30% del reembolso del ron que reciben con sus destilerías.
“Diageo le ha estado pagando por años al ‘Grupo Podesta’ $50,000 trimestrales para ejercer presión en contra de estas piezas legislativas, lo cual sería perjudicial para la Isla”, afirmó la dirigente del PNP.
Denunció que entre las tareas que esta empresa de cabilderos reporta al Congreso está “la Estadidad” y cuestionó qué tiene que ver el Departamento de Hacienda con el tema del status político de la Isla.
“Es tanto el desespero de García Padilla por desvirtuar que la Estadidad ganó el pasado plebiscito, que derrocha el dinero del pueblo en cabilderos que atentan en contra de los intereses económicos de Puerto Rico”, sostuvo González.
Según la información ofrecida en la página de la Oficina del Contralor, “Podesta Group” ha recibido pagos de Hacienda por $100,000 en dos meses de contrato.
“Primero fue el contrato de Charlie Black de sobre $500 la hora, contratado para cabildear en contra de la voluntad del pueblo que decidió contundentemente apoyar la Estadidad y repudiar el Estado Libre Asociado. Ahora contrata al cabildero, ‘Podesta Group’, que le ha costado sobre $300 millones a los puertorriqueños para, según ellos mismos reportaran al Congreso, atender entre otros asuntos la Estadidad”, señaló González.
Recordó la también vicepresidenta del PNP que ese partido demandó ya al gobierno ante los tribunales por el uso de dinero público para cabildear en contra de los resultados del plebiscito del pasado noviembre.
Gastos Sucios e Ilegales de AGP contra la Voluntad del Pueblo Dramáticamente
Expresada en forma clara y contundente en el Plebiscito de Nov. 6, 2012
Los PPD han alegado que es un Caso de Contribuyentes (Tax Payers Suit) por daños especulativos, eso no es correcto, es una Caso de Derechos Constitucionales Básicos y por Derechos claramente establecidos en la Ley Electoral, por daños concretos y específicos. Los Caprichos de Un Ejecutivo alegando que es quien establece la política pública No puede violar la Decisión del Pueblo que es Soberano.
PNP demanda a García Padilla
17 de julio de 2013 – Política, Puerto Rico, – Vocero.com
Demanda está relacionada a uso de fondos públicos para cabildeo en contra de la estadidad
El Partido Nuevo Progresista (PNP) y un grupo de ciudadanos radicaron hoy una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla, por el uso de fondos públicos para cabildear en el Congreso de los Estados Unidos en contra de los resultados del plebiscito celebrado el pasado 6 de noviembre, tal y como lo había advertido el presidente de dicha colectividad, Pedro Pierluisi.
Así lo anunció hoy en conferencia de prensa el Director Ejecutivo del PNP, Jorge Dávila, y el secretario general, José “Pichy” Torres Zamora.
Como codemandado figura el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral.
“El pasado 6 de noviembre el pueblo de Puerto Rico envió un mensaje claro rechazando el status colonial en el que vivimos y pidiendo la anexión de nuestra isla como el estado 51. No existe justificación legal alguna para utilizar fondos públicos en contra del mandato del pueblo”, sentenció Dávila, acompañado del grupo de abogados que representará en el caso.
El Director Ejecutivo informó que la colectividad ha estado vigilante de los movimientos de García Padilla desde que se anunció la contratación por cientos de miles de dólares del cabildero Charlie Black. Sobre el particular, indicó que aguardaron por tener la evidencia suficiente para acudir a los tribunales.
“La aceptación del Director de PRFAA sobre el uso de fondos públicos para cabildear en contra los resultados del plebiscito, donde el pueblo rechazó el ELA y pidió la estadidad, era la última pieza que necesitábamos”, añadió.
“La Constitución de Puerto Rico es clara. Los fondos públicos se utilizarán únicamente para fines públicos. Intentar adelantar la agenda del PPD, en contra de la voluntad del pueblo, es contrario a esa disposición y Alejandro García Padilla debe responder por sus actos y desistir de los mismos inmediatamente. El PNP protegerá la voluntad del pueblo y acudirá a los foros que sean necesarios para hacerla valer”, señaló, por su parte, el Secretario General.
La demanda radicada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan establece que tanto García Padilla como Hernández Mayoral han estado utilizando fondos públicos en contra del mandato del Pueblo soberano. Además menciona que el Co-demandado, García Padilla, emitió una misiva como Gobernador de Puerto Rico con fondos y recursos públicos a todos los congresistas alegando que la opción de la Estadidad no había prevalecido en la consulta de estatus.
“Paralelamente a los esfuerzos de García Padilla, el co-demandado Hernández Mayoral, como Director Ejecutivo de PRFAA hacía gestiones similares en contra de la voluntad del Pueblo de Puerto Rico de forma ultra vires y fuera del marco de las facultades de su cargo ya que éste ha aceptado la erogación de fondos públicos en la contratación de cabilderos para rechazar la voluntad y el mandato del Pueblo en la consulta de estatus del 6 de noviembre de 2012”, reza el documento.
“Este gasto público se viabiliza al amparo de un contrato con ‘dos empresas de cabilderos—Prime Policy Group y Smith, Dawson & Andrews- que podrán facturar, entre ambas, hasta $546,000 durante este semestre’ y cerca de 1 millón de dólares durante el año 2013. Ciertamente el gasto de fondos públicos arriba mencionado por parte de la actual administración es ilegal e inconstitucional por ir no sólo en contra del mandato y la voluntad expresada por el Pueblo de Puerto Rico en la consulta de estatus realizada el pasado 6 de noviembre de 2012, sino también por constituir un uso indebido de fondos públicos para fines no-públicos y contravenir el axioma Constitucional de igualdad electoral en su vertiente de igualdad económica para los partidos políticos”, culmina la demanda que está firmada por los abogados, Luis Benjamín Méndez, Francisco González Magaz y Oscar Santamaría Torres.
Defensa de la voluntad del pueblo
Hernán Padilla – 07/22/13
Para debatir los argumentos legales y oponerse al uso de fondos públicos para obstruir el mandato electoral del pueblo rechazando el status territorial-colonial actual y favoreciendo la estadidad, debemos considerar que esa estrategia partidista le falta el respeto al Pueblo de Puerto Rico.
Nadie puede negar que el pueblo se expresó libre y democráticamente en la consulta de estatus cuando 970,910 votantes (53.97%) expresó no querer continuar con el estatus territorial actual, mientras
Hernan Padilla
Hernan Padilla
que 828,077 votantes (46.03%) lo favorecieron. Puerto Rico revocó el consentimiento de los gobernados para continuar bajo el status actual.
Tampoco pueden negar que entre las tres opciones presentadas conforme a las definiciones aceptadas en el “Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico”, la opción de la Estadidad fue preferida por 834,191 votos (61.16%), la opción del Estado Libre Asociado Soberano obtuvo 454,768 votos (33.34%) y la
opción de la Independencia obtuvo 74,895 votos (5.49%).opción de la Independencia obtuvo 74,895 votos (5.49%).
Ambas cifras contrastan con el respaldo minoritario de un 47.7 % que obtuvo el gobernador electo. Contrario a lo que alegan los administradores de la colonia, esos resultados no le permiten usar fondos públicos para imponer su agenda respecto al status de Puerto Rico, violar los principios democráticos y negar la voluntad del pueblo.
El Gobernador García Padilla, en función oficial, envió una carta usando fondos y recursos públicos a todos los congresistas de la Cámara de Representantes Federal negando los resultados oficiales certificados por la Comisión estatal de Elecciones; y a través de la Administración de Asuntos federales (PRAFA) autorizó la erogación de $546,000 de fondos públicos para contratar cabilderos para rechazar la voluntad del pueblo en la consulta del estatus. El Director de PRAFA, Juan Eugenio Hernández Mayoral, admitió públicamente que esos fondos son utilizados para promover la política de García Padilla que rechaza los resultados del plebiscito.
El derecho al voto es un derecho fundamental del pueblo y es nuestra obligación hacerlo respetar. El uso de fondos públicos por parte del gobierno para impedir la implantación de los resultados de la consulta de estatus no cumple con lo expresado en las urnas. Ese uso de fondos públicos viola la política pública del Presidente y es contrario a las normas del derecho internacional sobre “libre determinación”.
Obstruir el proceso de autodeterminación de Puerto Rico contraviene el mandato del pueblo y constituyen actuaciones político-partidistas, no funciones públicas. El Gobernador no puede utilizar los fondos públicos para impulsar su agenda político-partidista, mucho menos para violentar los resultados de un referéndum favoreciendo una formula ideológica contraria a la suya.Le corresponde al PPD, no a los contribuyentes, costear cualquier oposición al mandato electoral.
Le corresponde a los que rechazan reconocer que Estados Unidos es nuestra nación y rechazan agencias federales en nuestro suelo que expongan su caso con sus propios fondos sin usar los recursos públicos, tan necesarios para servir al pueblo y resolver los problemas en la Isla.
Tratándose de los postulados más elementales de nuestro sistema democrático y esquema constitucional, la utilización de fondos públicos para fines políticos partidistas lacera irremediablemente el sistema de equidad electoral.
Alerto a los medios que no han denunciado el uso de fondos públicos para promover una causa política y les advierto a los legisladores y líderes políticos que esta acción sienta el precedente de usar fondos públicos para adelantar una causa ideológica en contra del deseo expreso del pueblo.
Esto no es un asunto trivial sino una tragedia; el que los colonialistas utilicen fondos públicos para contratar cabilderos que impongan el status territorial que mantiene a Puerto Rico segregado políticamente, sin igualdad de derechos constitucionales, políticos y ciudadanos y sumidos en la pobreza sin las mismas oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados de la Unión.
Cuando los Buenos no asumen sus responzabilidades y deberes en la Democracia, triunfan los Malos
Refieren a Justicia federal la contratación de Charlie Black
Refieren a Justicia federal la contratación de Charlie Black
18 de julio de 2013 – Política, Puerto Rico – Vocero.com
José Aponte Hernández exige que se revisen todas las gestiones realizadas por Black hasta el momento
El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, refirió hoy al secretario de Justicia federal, Eric Holder, la contratación por parte de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) del cabildero Charles R. Black, debido al posible uso ilegal de fondos públicos.
Aponte Hernández, además, exigió que se revisen todas las gestiones realizadas por Black hasta el momento, muy especialmente aquellas vinculadas al asunto del estatus político de la Isla para identificar si promovió una agenda contraria a
la expresada por los votantes el pasado noviembre.
Según el líder estadista, el caso contra PRFAA y su contratación del conocido cabildero congresional, surge luego que el propio director de dicha dependencia admitiera en una entrevista con un diario que la función de Black es ‘promover la política pública del Gobernador y la Legislatura que rechaza que la estadidad haya ganado el plebiscito de estatus de noviembre’.
“Los records indican que PRFAA contrato a Black y su firma, Prime Policy Group, para cabildear a favor de los intereses de Puerto Rico. Aunque el uso legítimo de cabilderos es parte del proceso legislativo de nuestra nación, estos no pueden ser usados contra la voluntad del pueblo, especialmente cuando existen unos resultados oficiales de ese deseo. El pasado noviembre, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico votaron en un plebiscito oficial por la opción de la estadidad. La contratación de Black para hacer gestiones en contra de esta voluntad es inmoral e ilegal”, señaló Aponte Hernández mediante un parte de prensa.
De acuerdo a la Oficina del Contralor, PRFAA otorgó el 3 de julio un contrato (número 2014-AF0001 por la cantidad de 300,000 dólares) a Black para gestiones de ‘servicios legales’. El mismo tiene una vigencia de seis meses.
El representante novoprogresista envió la pasada semana senda carta al titular de justicia federal solicitándole una pesquisa de los contratos y acciones del cabildero republicano.
En la carta, el expresidente cameral indicó a Holder que, como el principal fiscal de los Estados Unidos, él tiene la responsabilidad de iniciar una investigación sobre el alegado uso de recursos del estado para ir contra los intereses del pueblo, especialmente porque PRFAA tiene acceso a varias asignaciones federales a través de diversos programas.
Asimismo, durante el día de ayer el Partido Nuevo Progresista (PNP) radicó una demanda en contra de Alejandro García Padilla, por usar fondos públicos para cabildear en el Congreso en contra de los resultados de la consulta.
El liderato penepé argumenta en la demanda que el Gobernador y Presidente del Partido Popular Democrático (PPD), así como Juan Eugenio Hernández Mayoral, violan las disposiciones sobre el uso de fondos públicos en la Constitución, al utilizar el dinero público para adelantar una causa política.
Los abogados Luis Benjamín Méndez, Francisco González Magaz y Oscar Santamaría Torres representan al PNP en esta demanda.
You must be logged in to post a comment Login