El pecado del FEI – Por: LUIS J. MARÍN RODRÍGUEZ

30 de agosto de 2013

El pecado del FEI

LUIS J. MARÍN RODRÍGUEZ

El único pecado que ha cometido el FEI es tener sobre sí una persona identificada con el Partido Nuevo Progresista, que libró un cheque a favor de la campaña de Thomas Rivera Schatz y que radicó una querella contra el gobernador popular de Puerto Rico cuando era candidato a elección. Por eso es que la Legislatura quiere eliminar al FEI.
Justice
Y es que las batallas de esta fiscalía son, como en todo caso criminal, jurídicas. Las decide un juez o un jurado. Pero también son batallas que se libran en otros espacios. Se libran en la mesa de dominó, en el colmado y en la fila del correo.

El FEI lucha contra la corrupción en la primera línea de fuego de la opinión mediática porque sus casos son siempre de interés público. En estas batallas de moral y apariencia, el veredicto es del pueblo, independientemente del caso judicial.

Además, las penas resultantes afectan la reputación, que, para un político, es a veces hasta más importante que la libertad misma. Esto lo conocen bien dos exgobernadores, no culpables o exonerados en sus respectivos procesos, pero que no han podido librarse de la estigmatización de asesino o de corrupto.

Hay dos tipos de funcionario. El corrupto y el honesto. El primero llega al FEI cuando es descubierto. El segundo llega, en la mayoría de los casos, cuando un corrupto quiere mancillar su reputación. Como se trata de casos mediáticos y de apariencia, para procesar a ambos hace falta una pieza intermedia: el Panel de Exjueces.

La exclusiva composición del Panel se debe a que hay consenso en que las personas que han ocupado cargos en la Judicatura son los miembros de la comunidad que, al mismo tiempo que conocen la ley, gozan de buena reputación y están libres de ataduras políticas, manchas o apariencias.

Al haber personas probas a cargo del Panel, se diluyen las dudas sobre sus determinaciones. Así, cuando la hoy alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, fue exonerada luego de 365 días, nadie lo hubiese puesto en duda y cuando se radicaron cargos contra el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, todo el mundo lo hubiese visto como correcto.

Claro que desde que el Panel del FEI está presidido por alguien vinculado al PNP la historia es otra. Podrá ser la persona más idónea para ejercer el cargo, pero la apariencia de conflicto, la mancha que le ha provocado hacer un cheque a un político, le impide presidir una institución que libra sus batallas en el campo de la apariencia y la opinión. Por buena que haya sido la decisión de exonerar a Yulín, habrá quien especule que la excesiva tardanza en hacerlo fue para afectar sus aspiraciones políticas ya que quien tomó la decisión es un penepé.

Entonces, si el problema está en la selección de las personas que dirigen el FEI, ¿por qué eliminar la institución que hasta ahora ha servido bien al País? ¿Acaso no saben los legisladores populares que si eliminan el FEI y crean otra institución, bastará con que la oposición gane las elecciones para revertir lo hecho? ¿No se han dado cuenta que obrar así equivaldrá a echar la institución en el mismo saco de las procuradurías, que se crean y destruyen cada cuatro años para acomodar en sus sillas ejecutivas a “buenos populares” o “buenos penepés”?

Lo que el País necesita es una reforma del FEI más que estructural, para garantizar que quienes lo dirigen sean los más cualificadas, no sólo jurídicamente sino en términos de la apariencia y la confianza le merecen al pueblo.

Adoptar un modelo de elección popular similar al método que se utiliza en muchos estados para elegir sus fiscales generales sería la solución más viable. Un fiscal, verdaderamente especial e independiente, seleccionado en las urnas de entre candidatos acreditados por la Comisión Estatal de Elecciones como personas probas, sin vínculos con partidos políticos y con suficientes garantías de, una vez electos, permanecer en su puesto libres de influencias.

Sólo así caminaremos hacia una verdadera reforma de la única institución que ha probado verdaderamente ser efectiva en la lucha anticorrupción.

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