WASHINGTON – El republicano boricua Raúl Labrador (Idaho) es uno de los nuevos coauspiciadores del proyecto de ley pro estadidad presentado en la Cámara baja federal por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Hasta muy recientemente, Labrador se había limitado a indicar que simpatizaba con la legislación, que lleva el número 2000, y votaría por ella si llegaba al pleno de la Cámara de Representantes.

Labrador coauspició la medida el pasado 11 de septiembre y es el duodécimo miembro de la mayoría republicana que se convierte en coautor del proyecto 2000, que ha sido endosado por 111 demócratas.

Es además el segundo boricua del Congreso que apoya la legislación de Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP). El otro es el demócrata José Serrano (Nueva York).

Los otros dos boricuas del Congreso, Luis Gutiérrez (Illinois) y Nydia Velázquez (Nueva York) se oponen a la medida.

Pierluisi todavía espera porque el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el republicano Doc Hastings (Washington), convoque a una audiencia para discutir su proyecto, el cual busca atar el referéndum estadidad sí o no a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado 51 de Estados Unidos.

Hastings, por su parte, aún aguarda por el informe que le presentará en algún momento del otoño la Oficina de Contraloría General (GAO) en torno al costo para el Tesoro federal de otorgarle la estadidad a la Isla.

La GAO ha indicado que el informe está en su etapa final, pero que aún no puede precisar si será entregado en octubre, noviembre o diciembre.

En medio del tranque en el Congreso en torno a la aprobación del próximo presupuesto federal, en el Capitolio federal también está en el aire la propuesta del presidente Barack Obama para asignar $2.5 millones para asistir con el costo de un nuevo plebiscito en la Isla, si el Gobierno de Puerto Rico interesa que el Ejecutivo federal supervise la constitucionalidad de la alternativas de status que se puedan presentar ante el electorado.

Las iniciativas persiguen responder al plebiscito del 6 de noviembre de 2012, en el que el 54% de los electores de Puerto Rico rechazó el actual status territorial.

Un 61%, en una segunda pregunta, favoreció la estadidad frente al Estado Libre Asociado soberano (libre asociación) y la independencia, pero el porcentaje se reduce a cerca del 45% si se toman en cuenta los votos en blanco solicitados por la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD).