=Escrito desarma de argumentos pleito por silla en el Supremo

Los abogados que alegan sufrir un “daño espiritual” por la confirmación de los jueces Edgardo Rivera García al Tribunal Supremo y Lisa Fernández al de Instancia, tienen “las manos sucias”, no tienen ‘standing’ para demandar y tampoco tienen un caso justiciable, expone un escrito en ánimo de ‘amigos de la corte’ redactado por la Asociación de Abogados de Puerto Rico.

La Asociación de Abogados presentó un recurso de ‘amicus curiae’ ante el Tribunal de Primera Instancia con el insumo de su Instituto Legislativo para ilustrar al Tribunal “en los procesos legislativos, en específico, en los de confirmación de un nombramiento del Gobernador”.

El escrito pide la desestimación bajo el fundamento de falta de legitimación activa y por tratarse de una cuestión política no justiciable por la Rama Judicial. Se alega que a pesar que los abogados demandantes dicen que sufrirán daños por el nombramiento “ilegal”, ni siquiera tienen casos frente a él o los otros nombramientos que impugnan. De hecho, en el caso contra Lisa Fernández alegaron un “daño espiritual”.

Por otro lado, argumenta la Asociación de Abogados, que los demandantes tienen lo que en Derecho llaman “las manos sucias” e incuria, que es la dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho, debido al tiempo transcurrido que pone en indefensión a una de las partes. Además, no incluyen como parte indispensable al Senado y ni siquiera a los más de 100 nombramientos que impugnan, no permitiéndole a estos una defensa de su caso.

El escrito fue presentado por el licenciado Ramón L. Rosario Cortés, quien expresó que “los argumentos de los demandantes ponen en tela de juicio miles de actuaciones gubernamentales en la Rama Ejecutiva y en los tribunales. El escrito de la Asociación llena las lagunas creadas por posturas incoherentes y que claramente demuestran total desconocimiento del proceso legislativo.
En ese sentido, la posición de la Asociación es cónsona y compatible con lo ya expresado por el Departamento de Justicia a través de su secretario Luis Sánchez Betances. El Departamento de Justicia pidió la desestimación del pleito y nos parece que es lo correcto”.

El escrito de la Asociación de Abogados expresa que la posición de los demandantes impugna indirectamente el nombramiento de muchos más funcionarios que los demandados. Por ejemplo, los de los jueces del Tribunal Supemo, Federico Hernández Denton, y Anabel Rodríguez, cuyos nombramientos siguieron un proceso similar al de Rivera Rivera.

“Los demandantes sostienen que para hacer un nombramiento durante el receso de la Asamblea Legislativa hay que emitir una Orden Ejecutiva que exprese el nombre del nominado y el cargo para el cual se nomina. Esto es incorrecto en Derecho porque el Senado puede autoconvocarse. Además, esa postura destemplada impugna el proceso de confirmación de miles de funcionarios nombrados desde el 1952. Por ejemplo, cuando se nombró al juez presidente Federico Hernández Denton, no se incluyó su nombre en la Orden Ejecutiva y cuando se nombró a la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, la Orden Ejecutiva no expresaba el cargo ni el nombre. Exigir lo que alegan los demandantes no tiene base legal e impugnaría todos los nombramientos realizados en receso de la Asamblea Legislativa desde el 1952”, concluyó el licenciado Rosario.

Los abogados demandantes Luis Raúl Albadalejo y Arturo Nieves son los mismos abogados que impugnaron en los tribunales, sin éxito, el nombramiento de Lisa Fernández. Albadalejo ya había impugnado sin éxito la candidatura de Lisa Fernández a un puesto político en el 2008 por asuntos de residencia.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, dijo ayer que el gobernador Alejandro García Padilla, no emitirá al menos por el momento expresiones o una posición sobre la alegada inconstitucionalidad de la confirmación de Rivera García