Un esquema para ocultar supuestas irregularidades cometidas por el Gil Rodríguez Ramos, director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, y el subdirector Iván Toledo fue revelada en una querella de una auditora de la agencia, a quien se le había encomendado investigarlas.

La auditora ni siquiera terminó el trabajo al ser relevada de la investigación bajo fuerte presión laboral de una supervisora, según denunció ella misma en una querella radicada este 7 de octubre ante el director de Recursos Humanos de la agencia. A EL VOCERO se le hizo llegar copia.

Miembros de la Junta de Gobierno de la agencia están enterados de la situación, pero no se han reunido para indagar la situación en espera de que un asesor asignado les rinda un informe que se ha retrasado más de lo esperado, supo este diario.

EL VOCERO reveló el pasado jueves 3 de octubre que un informe ponía en precario el liderato del Director Ejecutivo al serle adjudicadas irregularidades administrativas relacionadas con un contrato de publicidad que por reglamento debe ser aprobado por la Junta.

Mientras, al Subdirector el informe le achacó contratar para la agencia un bufete que en ese momento le daba a él servicios legales en una demanda contra el gobierno. Este informe del 11 de septiembre –en poder de EL VOCERO- a la Junta lo preparó la directora de la división legal de la agencia, quien fue despedida.

Según el informe de la licenciada Lisa Durán, el Director Ejecutivo también ocultó información esencial a la Junta sobre sus negociaciones con la unión.

El Vocero supo que la reunión convocada por la Junta para el pasado martes se canceló y se pautó por tercera vez para un día en la semana próxima.

La auditora, cuyo nombre se protege por seguridad, sostiene que hubo un “evidente propósito de paralizar una investigación especial realizada al director ejecutivo y al subdirector de la AEP”, y que su supervisora, directora de la Oficina de Auditoría Interna Charmaine Santos Vega, trató de “apropiarse indebidamente de la evidencia recopilada”.

Señaló que la auditoría fue solicitada por el presidente del Comité de Auditoría, quien es miembro de la Junta, aunque no se revela su nombre. Santos Vega le encomendó a la auditora trabajar esa investigación porque, se alega en la querella, la Directora se inhibiría de trabajarla y de conocer sus detalles.

La auditora narra entonces un tortuoso clima laboral en el que se le atropelló, dice, su dignidad e integridad moral y se le trató como a un delincuente. Dice que terminó recibiendo tratamiento sicológico.

“El desenlace de estos acosos fue lograr intervenir indebidamente en la investigación, paralizándola y despojándome nebulosamente de toda la evidencia” bajo la justificación de que un entrevistado se querelló contra la auditora. Luego resultó que quien se querelló contra la auditora fue la misma Directora, indica.

Luego otro auditor continuó investigando y en su auditoría, que posee este diario, suplica que no lo despidan por realizar su trabajo. Esta auditoría confirma las irregularidades.

Por otro lado, fuentes indicaron que agentes del NIE acudieron a la agencia y se llevaron una serie de documentos. No obstante, no fue posible confirmar que dicha gestión tenga algo que ver con la actual gerencia.

Tarde en la noche de ayer se indicó que la Oficina de Ética Gubernamental estaría investigando si tiene jurisdicción sobre las alegadas irregularidades de los dos altos funcionarios.

Alegan que la convocatoria de más de 182 plazas se hizo por correo interno y no fue pública para evitar que otras personas compitieran por la posición

Ríos alegó que la convocatoria de más de 182 plazas se hizo por correo interno y no fue pública para evitar que otras personas compitieran por la posición. Asimismo señaló que hay más de 182 convocatorias de puestos gerenciales a nivel central del Departamento de Educación que nada tienen que ver con suplir las necesidades de los estudiantes de las escuelas públicas.

De acuerdo con Ríos, solo 15 de las posiciones ofrecen servicio directo a los estudiantes.

Con un documento oficial del DE, el senador  hizo un desglose de los nuevos puestos. Mencionó que en Recursos Humanos hay 101 nuevas posiciones; 36 puestos transitorios en la agencia estatal para supervisores de comedores escolares en los distritos; 30 puestos administrativos transitorios en las diversas regiones educativas; y 15 posiciones para trabajadores de comedores escolares. Estos puestos tendrían un impacto de alrededor de más de $340 mil mensuales.

“Los recursos no están llegando al estudiante”, expresó Ríos.

“$350 mil mensuales cuando no tenemos directores, cuando faltan ayudantes, empleados de comedores escolares y tenemos escuelas que están cerrando. No podemos seguir diciendo que queremos plan decenal sin ni siquiera poder atender el plan a corto plazo”, manifestó Ríos al tiempo que catalogó al DE de “quincalla de empleos”.

El secretario de Educación, Rafael Román, le salió al paso al senador Ríos al tildar de irresponsables sus declaraciones.

“Yo creo que el senador debe recordar que el Departamento de Educación perdió miles de empleados por Ley 7, por la Ley 70 y por la Ley de Retiro y se están reclutando 85 plazas, que no son 185. Son 85 plazas para Recursos Humanos, ¿cómo puede llamarle quincalla?”, se defendió Román.

Comentó que en junio 30 se jubilaron miles de empleados por lo que se justifican las convocatorias y que hay plazas que se convocan todos los años para esta fecha, como lo son las de maestros y directores de escuela nocturna y sabatina. Añadió que no todo es reclutar maestros porque a nivel central también se necesita contratar personal.