“Aquí lo que  ha habido es un fraude. A todos nosotros nos pintaron la panacea. Nos decían que era seguro”.

Eso dijo a El Nuevo Día, Antonio Pineda (nombre ficticio para proteger su identidad), un hombre que se aproxima a los 70 años de edad y quien llegó hasta el hotel Ritz-Carlton de Isla Verde con la esperanza de que alguien le explicara cómo, en menos de un año, su cuenta de inversiones de unos $3 millones se redujo a menos de la mitad.

Donde estaba Pineda había decenas de personas. Pero la mayoría no hablaban de cifras millonarias. Se lamentaban de haber perdido entre $10,000 y $40,000, los que describían como “ahorros de una vida”. Algunos contaban sus penas con bastones en mano o hasta incapacitados. Más o mucho, la pérdida, alegaban, era el fruto de la caída de los bonos de la Isla y los fondos mutuos locales.

“No importa si es mucho o poco, es el dinero que trabajé y ahorré”, dijo Margarita (seudónimo), una mujer pasada de 60 años, y quien dijo ha vivido “una pesadilla”.

Según Margarita, cliente de UBS Financial Services, desde que comenzó su cuenta de inversiones no había retirado un solo centavo porque lo ahorraba para su retiro. “Gracias a Dios no tomé ningún préstamo, pero he perdido mucho, muchísimo para lo que tenía”, sostuvo la mujer al dejar entrever que su cuenta no superaba los $100,000.

“Todo esto que está pasando tiene que ver con la moral. Al corredor de valores no le importa que ganes o pierdas porque cada vez que hace una transacción a él se la pagan”, sostuvo la hija de Margarita. “Mami está aquí porque yo la traje, pero la gran mayoría de los viejitos que están perjudicados por esto no pueden venir a estos hoteles. ¿Cómo los brokers pueden dormir?”, reclamó.

En tanto, don Manuel (nombre ficticio), un hombre con poco más de 60 años, lamentaba haber tomado una línea de crédito de unos $500,000. Aseguró lo hizo a instancias del corredor. Ahora, no solo perdió capital sino que le debe a la casa de corretaje.

Ayer, en el Ritz-Carlton de Isla Verde, al igual que en el hotel La Concha en el Condado, los inversores no estaban acompañados de asesores financieros ni se les hablaba de dividendos mensuales. En su lugar, escuchaban a abogados de valores, quienes explicaban qué remedio legal tenían para recuperar lo que entienden han perdido.

A preguntas de El Nuevo Día, Carlos V. Ubiñas, principal oficial ejecutivo de UBS Financial Services en Puerto Rico, indicó que los procesos de arbitraje no son públicos y que por ello, no son objeto de discusión.

“Lamentamos que bufetes de fuera de Puerto Rico estén tratando de beneficiarse de una situación difícil en los mercados de bonos y fondos de Puerto Rico”, dijo Ubiñas, al tiempo que recordó que los fondos mutuos de la Isla ha producido resultados favorables para los inversores locales.

Ubiñas insistió en que Puerto Rico avanza en términos fiscales y que durante este periodo, han crecido las preocupaciones en cuanto a la salud de la economía.

“Como consecuencia hemos visto presión en las últimas semanas en los precios de los bonos y los fondos que invierten en estos bonos y una creciente reducción en la liquidez de estos. Como la firma líder en la industria financiera de Puerto Rico, continuamos trabajando muy de cerca con nuestros clientes y el Gobierno de Puerto Rico”, dijo Ubiñas.

«Esto es como el huracán Katrina, pero desde el lado financiero”, dijo a El Nuevo Día el conocido abogado de arbitraje, Jacob H. Zamansky.

Zamansky, cuya firma radica en Nueva York, explicó que vino a Puerto Rico al cabo de múltiples llamadas de inversionistas aparentemente perjudicados por las prácticas de UBS Financial Services of Puerto Rico.

Según Zamansky, quien también se entrevistó con clientes de Santander Securities, las entrevistas que ha efectuado apuntan a que los asesores financieros hicieron falsas representaciones a los inversores acerca de los verdaderos riesgos que implicaba invertir en fondos mutuos cerrados y en bonos de la Isla.

“Esto es de lo peor que he visto”, comentó Zamansky, quien ha visto todo tipo de casos, incluyendo el sonado caso de Bernard Madoff.

“He atendido por lo menos a 150 personas y escucho, esencialmente, lo mismo. Son retirados, personas que son inversionistas conservadores y que se le dijo que invirtieran todo o una gran parte de su dinero en estos fondos cerrados y en bonos de Puerto Rico”, sostuvo el abogado. “A más de la mitad de estas personas se les instó a que tomaran prestado”.

Los fondos mutuos locales invierten el 67% de sus activos en valores locales.

“Las inversiones de estas personas básicamente dependían de la economía de Puerto Rico”, dijo por su parte Eliezer Aldarondo, socio de Aldarondo & López Bras.

Destacó que su firma -que estableció una alianza con el bufete Sonn & Erez de Miami- trabaja en diversos casos de clientes de edad muy avanzada; algunos en hogares de cuidado y que ahora tendrán que ser removidos de estos porque no tienen con qué pagar.

 “No necesariamente es culpa de los corredores”, comentó Aldarondo al señalar que por lo general, estos venden los productos que diseña el banco de inversiones. “Tenemos personas que le deben a las casas de corretaje, pero tampoco pueden vender porque no hay liquidez”.

Según Aldarondo, su estudio también investiga algunos casos en los cualesse cree se utilizaron las acciones de los fondos locales como colateral de cuentas al margen. Ello, según reportó El Nuevo Día anteriormente, está prohibido por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

“Esto ha lastimado mis emociones”, dijo por su parte, Fernando Rivera, quien hace un año decidió invertir a través de Santander Securities.

Rivera y su esposa, dos jubilados de 76 y 73 años, llevaron a la firma unos $100,000 y pidieron invertir en un producto específico, cuyos beneficios le había relatado su tía.

Según el hombre, si bien sabía que en las inversiones puede haber pérdida, lo que no tenía claro era el riesgo que suponía tener una concentración tan alta en Puerto Rico. Al perder unos $15,300 en un lapso de 30 días, pidió a la firma que liquidara su cuenta.

Empero, según Rivera, Santander dio largas al asunto y el matrimonio quedó con unos $61,000.  Santander Securities dijo ayer a este diario  que no emitiría comentarios.

“Ya me registré en la Asociación para la Regulación de la Industria Financiera (Finra)”, dijo don Fernando al indicar que pondera radicar una reclamación por lo sucedido.