Políticos derrotados y figuras vinculadas con el PPD se refugian en Municipio de San Juan

El Municipio de San Juan parece haberse dado a la tarea de rescatar a políticos derrotados, exfuncionarios de Gobierno y figuras vinculadas con el Partido Popular Democrático (PPD) mediante la otorgación de contratos en asesoría legal.

Una búsqueda en el registro de contratos de la Oficina del Contralor reveló que al menos ocho figuras vinculadas con la Pava obtuvieron contratos por servicios legales con la ciudad capital.

Entre ellos se destaca el expresidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos, con un contrato vigente por cinco meses por la cuantía de $48 mil. Precisamente la actual alcaldesa logró su nominación al cargo luego que Ríos Ferrer tuviera que retirar la suya a ese cargo. Otro político que no logró su expectativa es el excandidato a la comisaría residente del PPD, Rafael Cox Alomar, mediante su firma Washington Strategy Group con un contrato por 11 meses por la suma de $65 mil.

Mientras, el exdirector de campaña del Gobernador, Irving Faccio, mediante la firma Faccio & Pabón Roca Law Offices, mantiene un contrato por 11 meses ascendente a $55 mil. Otro favorecido con trabajo en el Municipio de San Juan es el exsecretario de Justicia durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá, Roberto Sánchez Ramos con contratos montantes a $170 mil. Este ya se ha dejado ver públicamente en el caso en que el Municipio se opone a que la hospedería Hostería del Mar logre un mayor desarrollo económico a base de un cambio en los permisos en el sector Ocean Park en Santurce. Sánchez Ramos, además, tiene una solicitud en La Fortaleza para que se le considere a un puesto de juez.

Asimismo, la firma Edge Legal Strategies PSC de Eliseo Roques y Liza Ortiz obtuvo un contrato por 11 meses de $75 mil. Roques fue director ejecutivo del Partido Demócrata en la Isla y se mostró interesado en aspirar a la comisaría residente cuando Ferrer Ríos decidió aspirar a la alcaldía de San Juan. Mientras, Ortiz también fue considerada en algún momento para acompañar en la papeleta al ahora gobernador Alejandro García Padilla. También figura en la lista de contratados William Vázquez Irizarry, exasesor de la exgobernadora Sila María Calderón, quien obtuvo un contrato por 11 meses con un monto de $63 mil.

Mientras, el portavoz del grupo de reciente creación Populares LGBTT, Ricardo Ramos Soto, fue contratado para ofrecer servicios legales al Municipio de San Juan por la cantidad de $54 mil durante un año.

La búsqueda en el Registro de Contratos en la Oficina del Contralor no incluye las enmiendas que cada uno de los contratistas pudo haber hecho para ampliar el tope de facturación. Al menos los contratos de Edge Legal Strategies PSC y Sánchez Ramos aparecen con enmiendas que no se pueden cuantificar a este momento.La entrega de contratos a allegados del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante la pasada administración precisamente fue punta de lanza y críticas por parte del PPD durante la pasada campaña electoral.

EL VOCERO intentó obtener una reacción de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, o del administrador de la ciudad, Andrés García Martinó, para conocer la justificación de los contratos y las responsabilidades de estas figuras vinculadas con el PPD, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Precisamente, la semana pasada, la Ejecutiva Municipal, destacó en su mensaje ante la Asamblea Municipal la reducción de gastos durante su gestión a 40 semanas de tomar posesión como alcaldesa.