Acusan al alcalde de Corozal de usar fondos públicos para pagar representación legal

Por Primerahora.com10/24/2013 | 04:47 p.m.

Los representantes Jenniffer González y Rafael «June» Rivera Ortega arremetieron hoy, jueves, contra el alcalde popular de Corozal, Sergio Torres Torres, a quien acusan de utilizar fondos públicos para pagar su representación legal en casos incoados precisamente por ambos.

González y Rivera Ortega anunciaron en conferencia de prensa que presentaron nuevas querellas contra Torres Torres en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) así como en la Oficina del Contralor.

En abril pasado, los legisladores novoprogresistas pusieron en entredicho por primera vez el desempeño del alcalde corozaleño, cuando denunciaron que utilizó brigadas y equipo municipal para asfaltar un camino que es el acceso a su residencia alquilada en una finca privada.

En esa ocasión, anunciaron que presentaron querellas contra Torres Torres en la Contraloría, OEG, el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Al presente, González aseguró que Torres Torres «no solo malversó los bienes municipales al ordenar utilizar propiedad pública para beneficio personal, al asfaltar la entrada de su casa, cuyo camino es privado, sino que ahora malversa fondos públicos cuando paga con dinero de las arcas del municipio su defensa ante acusaciones de aprovechamiento ilícito de servicios públicos”.

La expresidenta de la Cámara y vicepresidenta del PNP, así como el representante Rivera Ortega insistieron en que Torres Torres tiene un comportamiento poco ético que lo descalifica para dirigir el Municipio de Corozal, por entender que incurre en «conducta inmoral’ de forma recurrente al alegadamente usar indebidamente fondos y recursos del ayuntamiento.

Los legisladores indicaron que la querella 2013-011 contra Torres Torres está pendiente de trámite en la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI). En ese caso el abogado Pedro Ortiz Álvarez asumió la representación legal del alcalde corozaleño.

La pareja de líderes estadista sostuvo que el 10 de julio, el Municipio de Corozal contrató por $5,000 mensuales al bufete de Ortiz Álvarez y dijeron que el mismo tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2014. Observaron que previo a esa fecha, no hay registro en la Oficina del Contralor de contrato alguno entre las partes.

Según González y Rivera Ortega, el citado bufete facturó al Municipio de Corozal la defensa del alcalde en su carácter personal y no como primer funcionario municipal. Además, destacaron que esa factura fue aprobada por el propio alcalde, como lo evidencia su firma con iniciales en un documento sobre el servicio.

«Todos los trabajos que facturó el licenciado son relacionados a la defensa del alcalde en su carácter personal, en relación a la querella que ve la UPAD», puntualizaron al insistir en su consideración de que se incurre en malversación de fondos públicos.

Además, argumentaron que una factura sometida al Municipio de Corozal el 2 de julio, por $4,552.00 y aprobada por el alcalde, se refiere a servicios rendidos durante el mes de junio 2013, mes en el cual no tenía contrato.

De acuerdo con Rivera Ortega y González, el licenciado Ortiz Alvarez comenzó su relación contractual con Corozal el 10 de julio de 2013, por lo que no puede facturar ninguna labor previa a la fecha de concesión del contrato.

En tal sentido, insistieron en que facturar retroactivamente va en contra de las decisiones del Tribunal y del propio contrato en la décima cláusula, al indicar que el contratista no “comenzará a realizar labor alguna hasta tanto el Municipio le certifique por escrito, que ha registrado y enviado copia  del contrato a la Oficina del Contralor”.

Aunque el trabajo facturado hubiera sido para el Municipio, no hubiera estado autorizado para realizar ninguna labor, agregaron los representantes novoprogresistas.

Después de la denuncia pública de González y Rivera Ortega en abril pasado, Torres Torres llegó a admitir se realizó el cuestionado asfaltado con recursos de su municipio en un camino privado que conduce a la residencia alquilada donde vive.

“Óyeme, estaban arreglando los caminos aledaños y yo quedo, por cierto, cerca del municipio, y me arreglaron un pedazo. Yo tengo derecho como ciudadano. Yo no estoy robándome el dinero”, afirmó el funcionario en entrevista con la emisora Cumbre 1470.

Las denuncias sobre este asunto, referidas por González y Rivera Ortega en el Departamento de Justicia no han prosperado.