{De los $1.3 Billones, casi todo se usó en rótulos, asesores y arquitectos cobrando millones por fotocopias de planos modelos y de estudios fatulos, pero de las poquititas obras, esta en Juan Díaz caracterizan las que «lograron». Desde el principio las Comunidades Especiales fue un frente para esquilmar los fondos públicos, una burla a la justicia, el ser Jaiba inmune bajo el manto de la corrupción generalizada e institucionalizada del PPD que en el pasado Medio Siglo No Ha Realizado Obras. Por eso hiere el sentido de justicia cuando alegan que todos los partidos son iguales.}

28 de noviembre de 2013

JUANA DÍAZ – Unas 56 familias de la comunidad La Atómica, en este municipio, aun no ven el fin del vía crucis que llevan hace una década en busca de una vivienda propia.

Aún no tienen las escrituras de las casas que el Departamento de la Vivienda (DV) les entregó hace casi tres años y que construyó para ellos bajo el programa de Hogar Seguro.

El único documento que tienen es un contrato de arrendamiento que los advierte de que si no pagan $105 mensuales podrían ser desahuciados. Unas 17 familias no pagan la mensualidad, algunos aseguran que no tienen ingresos y otros no lo hacen porque vicios de construcción les impiden tener servicios de agua y luz.

“No hay fecha para la firma de las escrituras. Eso es un proceso que va a depender de la documentación que ellos vayan proveyendo”, indicó Ubaldo Rivera, director regional del DV, quien exhortó a esas familias a establecer planes de pagos con la agencia.

Yasmira Vargas, madre de tres menores, no pudo contener las lágrimas al narrar la estrechez económica en que vive. Explicó que pagó los $105 durante los primeros tres meses, pero no tuvo más dinero para cumplir.

“Nos tienen amenazados que nos van a tirar a la calle”, dijo sobre un posible desahucio. Así lo establece el contrato de arrendamiento. “Servicios sociales (Departamento de la Familia) se pasa todo el tiempo encima de nosotros”, indicó en relación a la custodia de sus tres hijas en una casa que no tiene energía eléctrica.

“Ahora mismo mi mamá está sin luz porque no tenemos para pagar… ella no recibe ninguna ayuda. Hasta el seguro social le negaron. Aquí hay mucha gente que se ven a gatas”, expresó la mujer que alega no ha conseguido empleo por no tener el cuarto año de escuela superior.

Mientras, Carlos Juan Montes, uno de los residentes de esta comunidad y quien aceptó que no paga los $105 establecidos, dijo que “la urbanización fue un engaño. Eso fue un coge bobo porque nosotros teníamos nuestras casas y ahora nos obligan a pagar”.

Una situación similar señaló Leidiana Laboy, quien explicó que pagó varios meses, pero su esposo se quedó sin trabajo y el dinero no le alcanza para pagar esa mensualidad. La deuda de esta familia alcanza los $1,400. “La nena (hija de 12 años) me pregunta: mami si nos sacan a ¿dónde vamos a ir?”, indicó la mujer.

Un documento firmado por los residentes identificado como ‘contrato de arrendamiento de vivienda nueva’ especifica que el precio de compraventa de esas unidades fue establecido en $90,559, pero esa cantidad sería satisfecha “con una primera hipoteca de $15,000 por 30 años al 5% de interés y una segunda hipoteca por el balance, que no requiere pagos en dinero”, pero a cambio tendrían que vivir la casa durante 30 años.

El contrato de arrendamiento establece que en caso que tengan uno o más pagos vencidos el DV podría comenzar el proceso de desahucio.

Se trata de 56 familias cuyos trámites de expropiación comenzaron a principios de la pasada década con el programa de Comunidades Especiales. El Municipio de Juana Díaz donó los terrenos para los construcción de las viviendas, pero los residentes denunciaron que no querían casas en hileras y le construyeron casas separadas por lo que se alargó la espera.

Las casas estuvieron listas por más de dos años, pero no se las entregaron porque no estaban conectadas a la troncal sanitaria. Los vecinos acamparon en el lugar e invadieron las casas con el aval del municipio para presionar al gobierno a que les entregara las unidades.

Finalmente, la comunidad estuvo lista en febrero de 2011. Allí viven 56 familias de las cuales 37 pagan y 17 no, solo una saldó los $15,000 establecidos como precio de la vivienda. Una de las unidades aún está desocupada. En un lista que proveyó la comunidad especifican que hay 17 estructuras con supuestos vicios de construcción. Siete familias no tienen servicio de agua potable e igual cantidad no tiene energía eléctrica.

La abogada Siulma Figueroa, coordinadora del programa Pro Bono de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), quien ofrece asesoría a la comunidad, informó que los residentes nunca firmaron la escritura de compra venta por lo que sienten que los sacaron para ubicarlos en casas alquiladas. Tampoco poseen el documento de tasación de su antigua propiedad.

El director regional del DV explicó que esas familias vivían en casas con poco valor y el precio en que fue tasada su vivienda sería adjudicado al dinero que aporta el DV por esa vivienda y no podía ser descontados dentro de los $15,000 que estaban obligados a pagar.

La abogada explicó que en uno de los casos, la familia saldó los $15,000 del precio de venta y nunca le han entregaron las escrituras.