Pierluisi le responde a Rafael Hernández Colón por decir que problemas del País se resuelven con el ELA

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, le salió ayer al paso al ex gobernador Rafael Hernández Colón y lo hizo en el hemiciclo de la Cámara de Representantes Federal.  Durante un mensaje ofrecido identificó al estatus territorial actual de Puerto Rico como el responsable de los problemas económicos y sociales que sufre la Isla, pese a que el ex gobernador cree que el ELA aun no ha perdido sus poderes.

Rubén Darío nos informa

¿Sindicatura federal?

RAFAEL COX ALOMAR

El pasado 21 de noviembre la administración Obama, por medio de un comunicado de prensa suscrito por David Agnew, copresidente del Task Force de Casa Blanca sobre Puerto Rico, anunció en lenguaje sutil y diplomático que “a team of experts from the Administration will begin partnering with Puerto Rico’s government officials to marshal existing federal resources and help Puerto Rico build its capacity for addressing economic issues”. Agnew además señaló que tales expertos federales habrían de instalarse físicamente aquí, trabajando desde “separate federal offices in Puerto Rico” (Visite www.whitehouse.gov).

Y así, casi sin darnos cuenta, desde Washington se nos impone una suerte de sindicatura gubernamental sin nuestro consentimiento, que lejos de desenredar la crisis que hoy nos azota la agravará; porque el colapso sistémico de Puerto Rico no se resuelve colonizando aún más nuestro andamiaje gubernamental, sino transfiriéndoles a los puertorriqueños mayores poderes mediante los cuales redimensionar nuestro modelo económico a la luz de nuestras propias realidades.

Lo que se esconde detrás de las discretas declaraciones de Agnew es el mismo paternalismo colonizante que desde 1898 ha venido esgrimiendo Washington con respecto a Puerto Rico, a los efectos de que los puertorriqueños somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos sin su supervisión. Leer a Agnew en 2013 es volverse a topar con los fantasmas de los generales George Davis y Frank McIntyre, y de burócratas como Ernest Gruening, Vernon Northrop, James P. Davis, y de tantos otros personajes federales con responsabilidad sobre Puerto Rico durante la vigencia de las leyes orgánicas Foraker y Jones, respectivamente.

El problema no es que hemos sido “lazy and complacent” (vagos y conformistas) como superficialmente concluyó el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, en entrevista publicada por el Washington Post el pasado 30 de noviembre (véase “Puerto Rico, with at least $70 billion in debt, confronts a rising economic misery”, de Michael Fletcher). Aquí, más allá de una deficiencia de gerencia gubernamental compartida cuatrienio a cuatrienio entre gobiernos rojos y azules, el problema de fondo sigue siendo la evidente incapacidad de todas las administraciones norteamericanas, desde Nixon hasta Obama, en decidir qué hacer con Puerto Rico; junto a la ausencia de valentía de una cúpula estadolibrista conservadora que aún no se quiere atrever a ir de frente en la forja de una amplia concertación puertorriqueñista (anti-anexionista) que se haga respetar en Washington, para desde allí reclamar mayores poderes dentro de una relación no colonial y no territorial. Cueste lo que cueste.

Resulta indignante que la administración Obama, sobre la cual tantas esperanzas ciframos todos, actúe en forma tan bochornosa con Puerto Rico. En lugar de darse cuenta del alto valor estratégico de Puerto Rico dentro del complejo escenario geopolítico caribeño y latinoamericano, desde donde hoy se le cierran las puertas a Washington para abrírselas de par en par a la China de Mao y a la Rusia de Putin, Obama obstinadamente prefiera aprisionar aún más a Puerto Rico a través de las tenazas de una sindicatura gerencial sin ni siquiera considerar por un momento la insoslayable realidad de que en Puerto Rico tiene un formidable aliado en potencia cuya regeneración económica es indispensable para fortalecer sus intereses en el hemisferio. Y que tal regeneración, vital a los intereses económicos norteamericanos (particularmente para asegurar la estabilidad de un mercado de bonos municipales de $4.13 trillones de dólares sobre el cual depende la viabilidad crediticia de miles de ciudades y condados a través de los 50 estados) sólo se logra descolonizando el repertorio económico e institucional de Puerto Rico, no colonizándolo aún más.

Si de verdad la Casa Blanca está tan comprometida con el derecho a la autodeterminación, como dice estarlo en Siria y Egipto, pues entonces debería cuanto antes presionar al Congreso para enmendar el estatuto de relaciones federales y dotar a Puerto Rico de mayor autoridad económica -liberándolo del agarre letal de la cláusula de comercio interestatal y desmoronando de una vez el odioso monopolio del cabotaje. Lo que el momento exige no es sindicatura federal, sino valentía y honestidad para descargar una histórica y pesada responsabilidad moral.