El Sindicato de Policías Puertorriqueños impugnó ayer en los tribunales la manera en que el gobierno les impuso a los miembros de la Uniformada un seguro por incapacidad cubierto por la compañía MedLife Insurance, sin darles la oportunidad de una libre selección con otra compañía aseguradora.

Los demandados que figuran en el recurso de interdicto son el gobierno, la Policía de Puerto Rico, la Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura y la compañía Metropolitan Life Insurance (MetLife), con sede en Nueva York.

“Se solicita que le ordene al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus dependencias de la Policía de Puerto Rico y Administración de Sistemas de Retiro permitirle a los demandantes obtener una póliza de seguro según los requisitos delineados en la Ley 3, ofrecido por una compañía de seguros autorizada a hacer negocios por el Comisionado de Seguros que sea de su predilección”, según un fragmento de los remedios solicitados por el gremio en el recurso radicado.

En el documento el sindicato explica que el pago del seguro es descontado del salario de los empleados a quienes no se les dio la oportunidad de escoger su compañía de seguros predilecta en alegada violación de ley.

El gobierno aprobó el 4 de abril de este año una enmienda a la Ley 447, del Sistema de Retiro, donde establece en su artículo 5-105, titulado Aportaciones de los Participantes del Programa Híbrido, la aportación compulsoria para la compra del seguro por incapacidad mediante un descuento automático ya sea de su salario o de las aportaciones de ahorros a la Asociación de Empleados del ELA.

“Se les están haciendo descuentos a su sueldo sin autorización de los demandantes, en beneficio de una compañía con la cual los demandantes no han contratado y que inclusive desconocen los beneficios que obtienen con dicha póliza ya que ni tan siquiera han recibido copia de la póliza que están pagando”, según se señala en el documento sometido ayer en el Centro Judicial de San Juan.

El 1 de agosto, los demandantes radicaron una solicitud de investigación de este asunto ante la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico en la que impugnaban la imposición del seguro por incapacidad. Ya para el 15 de agosto, la directora de la División de Investigaciones, Doris E. Díaz, les informó que luego de analizar la controversia la misma no estaba bajo la jurisdicción de esa oficina.

El sindicato también le planteó al Tribunal que en caso de que algún miembro de la Policía sufra un accidente en el cual resultara incapacitado estaría desprovisto de un seguro adecuado que cubra sus necesidades, ya que no conocen cuales son los beneficios que ofrece la póliza de seguro ofrecida por MetLife.

“No han recibido ninguna póliza, razón por la cual temen exponer sus vidas por la incertidumbre de quedar desprovistos de un seguro a tono con sus necesidades. Actualmente los demandantes no tienen otro foro al cual recurrir en el cual puedan presentar sus reclamos, a no ser este Honorable Tribunal”, se añade en el recurso.

Como parte de sus argumentos, el sindicado indicó que la determinación de permitirles escoger el seguro que les convenga en nada afecta la situación fiscal del país, “ya que las aportaciones para el pago del seguro por incapacidad son efectuadas por los demandantes y los demandantes no aportan cantidad alguna para el pago de la referida póliza”.

De ser declarado con lugar la solicitud de interdicto, se le exige al Gobierno que declare la implementación de la ley como una ilegal, que cese de descontar dinero alguno de sus salarios y le permita a los miembros del sindicato y a los demás policías a escoger su propia compañía de seguros por incapacidad, de acuerdo al contenido del documento radicado por la licenciada Brendairín Cruz Santiago.