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Analistas entienden que el anuncio de Moody’s responde a presiones de los inversionistas para que la firma otorgue al ELA la clasificación correspondiente con la situación fiscal y los precios a los que se venden sus instrumentos en el mercado.

Robert Donahue, managing director de Municipal Market Advisers, expresó a EL VOCERO que la liquidez del BGF es uno de los factores en los que se concentra la agencia clasificadora al momento.

“Se entiende que la liquidez real del BGF está mal calculada. No parece ser tan sólida como dijo David Chafey, presidente de la Junta de Directores del BGF. Necesitan mayores garantías. El banco Barclays anunció en los medios que se están retirando un poco, que no extenderán las líneas de crédito a Puerto Rico y ahora Moody’s hace esta advertencia. Todavía Barclays mantiene unas ‘líneas’ con Puerto Rico, pero está tratando de reducir su exposición. Al igual que otros bancos que también están pendientes a la liquidez del BGF”, relató Donahue.

El analista de bonos municipales de Nueva York recordó que en octubre Moody’s bajó la perspectiva de los bonos a negativa. En ese momento, Chafey y miembros del equipo económico del Gobierno insistieron durante una teleconferencia con inversionistas y asesores que existe liquidez suficiente hasta que culmine el próximo año fiscal en junio de 2014. Mencionó además la selección de las firmas Barclays y RBC Capital Markets, LLC para manejar futuras emisiones.
Donahue considera, que a pesar de que la advertencia era esperada, no necesariamente significa que la degradación es inminente.

“Quieren darle una oportunidad y evidenciar que van a estabilizar sus finanzas. Tienen que darse una serie de eventos. Se tiene que resolver el asunto del Plan de Retiro de los Maestros. Además de reducir los gastos operacionales. Hay pasos que se han dado, pero no se está progresando como se esperaba, no al nivel que ellos quieren. El ‘rating’ es una opinión, Moody’s tiene que entender que el Gobierno está actuando para restaurar el balance fiscal y pagarle a los accionistas”, aceptó. “Tienen que cumplir con el plazo (de 90 días), aun cuando está la situación imprevista de que parece que los bancos le están dando la espalda. Esta advertencia no es el fin del mundo, pero no es lo que necesita el Gobierno en estos momentos”, abundó Donahue.

Por su parte, el economista Antonio Rosado entiende que Moody’s conoce que los problemas de la crisis fiscal se arrastran desde hace décadas, tiempo en el cual le otorgaban una buena clasificación al ELA. No obstante, aunque saben que la situación no se puede resolver de inmediato “se les acabó la gasolina para justificar las clasificaciones (positivas)”.

“Tienen que meterle mano a los gastos y a todos los nuevos impuestos que paralizan la economía. No es despedir, es bajarle los salarios. Porque si no hay productividad, no hay como explicar los salarios”, precisó Rosado.

Mientras que la economista Rosario Rivera Negrón mencionó que la agencia clasificadora sabe de la situación de Puerto Rico desde hace mucho y que desde 2011 ha emitido advertencias. “Imagino que se debe a presión de los bonistas, a los que le preocupa la capacidad fiscal. Quieren que se asegure el pago de la deuda venga de donde venga. Se subieron los impuestos para complacer, lo que tiene un efecto real y no pueden esperar que la economía responda de manera positiva. Cuánto más se le va a pedir al País. Todo es un poco caótico y anatema para el ciudadano común”, subrayó Rivera Negrón.

Para un economista que prefirió mantenerse en el anonimato, la repercusión mayor de una degradación es que acerca a Puerto Rico a no poder pagar sus obligaciones, con los consabidos efectos locales. Explicó que para el repago de la deuda la Isla tiene tres opciones: vence la deuda y se emite el pago del bolsillo, lo que recientemente se hizo con la deuda de $400 millones, acción que a su vez reduce la liquidez. Segunda opción, el refinanciamiento, lo que históricamente la Isla ha hecho y lo que ha permitido que no pague ninguna de sus deudas e incremente la misma a los niveles actuales. Al no existir acceso a los mercados, ni la liquidez para emitir el pago al momento, la tercera opción es la incapacidad de pagar, explicó.

Aclaró que el panorama se complica ante la existencia del límite de tomar prestado que constitucionalmente estipula un 15% de la cuantía recaudada de los últimos dos años, cifra que en la actualidad alcanza el 12% y con intereses más elevados.

Para el presidente de la Junta de Planificación (JP), Luis García Pelatti, se han detenido las pérdidas de crecimiento en varios de los indicadores económicos, proyectando las nuevas proyecciones de la JP que se presentaran en enero como unas más positivas. Aceptó que el pronunciamiento de Moody’s les tomó por sorpresa ya que las agencias gubernamentales han estado haciendo su trabajo y no ha sucedido nada que empeorara la situación de la Isla desde septiembre, que fue su anterior pronunciamiento.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH), Roberto “Tito” Trápaga, aceptó que para su industria es altamente preocupante una degradación, no solo por la merma del valor de las propiedades, sino por el impacto que genera en la percepción de los inversionistas locales o extranjeros a la hora de optar por comprar una nueva residencia.

En este reportaje también colaboró Ileanexis Vera Rosado

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