La posibilidad  real de una huelga  de maestros y maestras   a partir de enero supone una  crisis para el gobierno con consecuencias a diferentes niveles.

En primer lugar,  425,000 estudiantes  no recibirían sus clases si los maestros decretan una huelga en defensa de su sistema de retiro, como se anticipa.

Los padres y madres que trabajan también tendrían  que buscar quién cuide sus menores durante sus horas laborables y buscar que estos compensen en el tiempo perdido.

Al Departamento de Educación, por su parte, se le haría imposible  reclutar a casi 37,000 maestros para que sustituyan a los que están en huelga para cubrir los 1,420 escuelas que hay en el País. Esto implicaría una paralización total del sistema educativo público.

“El sistema educativo no solo es un aparato de instrucción, sino un aparato social”, reconoció la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien ha sido la única representante del gobierno que se ha  reunido con  líderes magisteriales después de aprobada la reforma.

Este diario supo que en al menos dos ocasiones el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, Cruz  y varios líderes de los maestros han sostenido “prediálogos”   en reuniones que se han dado discretamente con miras a  desarrollar un diálogo sostenido.

Cruz sostuvo que la huelga, sumada a que unos 900 maestros se encaminan a jubilarse y otros 5,000 tienen el potencial de hacerlo, representa un disloque social. “Son los maestros que tienen más tiempo y experiencia. Eso, combinado con una posible huelga, crea un disloque social”, insistió.

Al ser confrontada ayer con las reuniones que ha sostenido con el arzobispo y con líderes magisteriales, Cruz se limitó a decir: “Todo lo que yo pueda hacer para lograr conversaciones que unan al País en un asunto medular como lo es la  educación del presente y el futuro de Puerto Rico lo voy a hacer”.

“En este momento, lo mejor para el País es muy difícil de encontrar. Eso requiere que todos cedamos un poco para lograr el mayor beneficio para el mayor número de personas”, agregó.

Semana decisiva

Mientras,  diferentes organizaciones magisteriales se aprestan a tomar esta semana decisiones en cuanto a la huelga. En ese contexto, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, destacó  el impacto negativo que tendría para el gobierno una huelga. “Ningún gobierno quiere una huelga y menos por las razones que los maestros podrían irse a la huelga. Pero ellos la han provocado, ellos la han reclamado y la han promovido porque con sus acciones eso es lo que han hecho”,    destacó.

Aunque los estudiantes se verían afectados por una huelga, Díaz señaló que “los maestros le están dando una lección de que todos los seres humanos tienen derecho a luchar para defender aquello que le pertenece de la manera más lógica y organizada posible”, dijo.

“Nadie debe renunciar a aquello que le corresponde porque otro que ostenta el poder se lo arrebate de la manera que le  fue arrebatado al magisterio”, agregó.

Para Emilio Nieves, portavoz del Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros, la huelga implicaría una paralización de labores. Pero sostuvo que “la razón de la huelga  para nosotros es lo que es importante”.

“Ningún proceso huelgario empieza por la huelga. Siempre la huelga es el último paso. Nosotros en esta etapa no estamos en el último paso porque aunque se aprobó la ley entendemos que tenemos que forzar algún tipo de desobediencia civil o paralización de labores de forma tal que impulsemos el sentarnos a atender una contrapropuesta que tenemos a esa ley”,  dijo.

Si a esas propuestas no se les da paso,  se  estaría considerando la huelga, agregó. Ante las consecuencias, Nieves dijo que hay que considerar cuál es el objetivo.  “Si, por ejemplo, uno plantea que hay que defender el sistema educativo de enseñanza, pues la huelga se convierte para los trabajadores en un proceso de inversión, de defensa de lo que tenemos, para que no haya un mal mayor en la escuela pública”, indicó.

La Constitución solo garantiza el derecho a la huelga para los empleados de la empresa privada y las corporaciones públicas, pero los líderes magisteriales sostienen que el derecho a libre expresión va por encima.