Miles de maestros se lanzan a las calles hoy tras declarar un paro de 48 horas con el que aspiran que se revierta unas enmiendas a su sistema de retiro mientras que el Gobierno insiste en que tal acción precipitaría una degradación del crédito de Puerto Rico.

“Si el Sistema mantiene los mismos beneficios que tenían (los maestros), sin una fuente adicional de financiamiento o -en su defecto- una mayor aportación de los dos sectores que componen el sistema, entiéndase Gobierno y maestros, la vida útil del sistema estaría seriamente comprometida. Y, por lo tanto, las casas acreditadoras tomarían la decisión -como ya lo han anunciado- de degradar los bonos de Puerto Rico”, advirtió el analista Néstor Duprey.

Pero para el exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado y el analista Domingo Emanuelli, en la práctica, el crédito de Puerto Rico ya está devaluado. “El que se declaren chatarra o no se declaren chatarra los bonos de Puerto Rico está prácticamente -y en esta etapa del juego- fuera del control de Puerto Rico. O sea, se han hecho esfuerzos para modificar la opinión de las agencias acreditadoras, pero hasta ahí se puede llegar”, opinó Delgado.

De lo que se trata es de tomar “una decisión histórica de defender -a capa y espada- el derecho de los bonistas, o si se le va a quitar el retiro a la clase magisterial del País, que es el motor de la sociedad”, dijo Emanuelli.

Según dijo, es incorrecto asumir que todos los bonos de Puerto Rico están garantizados por la Constitución. “Hay otros bonos, que son la mayoría, que no están garantizados por la Constitución, y se podrían renegociar. Es una decisión de País si se sigue o no cediendo a los bonistas. ¿Qué efecto adicional va a tener que nos declaren chatarra si ya se estamos pagando 9% (de interés por la deuda)? Si eso no es chatarra, que venga Dios y lo diga”, dijo Emanuelli.

Sin embargo, Duprey dijo que la Isla mantiene unos bonos como los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), entidad que usa la porción estatal del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) como fuente de repago para la deuda que emite, “que le permiten aún acudir al mercado”.

Sostuvo que hay dos formas de inyectarle vida al Sistema de Retiro: aumentando la aportación del Gobierno, o la de los maestros. “La fórmula intermedia entre lo que se legisló y lo que había es buscar un mecanismo de financiamiento alterno”, precisó.

Para el expresidente del Colegio de Abogados, Eduardo Villanueva, anticipar la degradación del crédito de Puerto Rico si se revierte la Ley 160, es no reconocer que el magisterio puede traer una alternativa viable para allegarle fondos al Sistema de Retiro.

“Hay un comité de diálogo que está nombrado y está en funciones, y va a recibir el insumo de los maestros y de algunos economistas que quieren colaborar con el proceso. Si ese comité de diálogo puede producir alternativas y sugerencias que no habían sido consideradas por el gobernador y los legisladores, y que no afecten el objetivo de evitar la degradación del crédito, entonces la huelga sería corta y pudieran obtenerse los objetivos de los maestros. Pero si eso se logrará o no a corto plazo, es especulativo”, dijo.

Duprey sostuvo que las acciones de los maestros podrían tener un efecto psicológico en los mercados: “Llevarían el mensaje de que las medidas que toma el gobernador generan malestar a nivel social”. Recordó que el atraso en el pago del bono de Navidad a los empleados públicos fue reseñado por Bloomberg. “Los mercados están bien sensitivos a lo que pase en Puerto Rico”, agregó.

En cuanto al impacto en los alumnos, la profesora de pedagogía, Amarilis Figueroa, sostuvo que dos días de paro serían irrelevantes. Pero si el conflicto se extiende, ello conllevaría que el Departamento de Educación (DE) se vea obligado a extender el semestre, aparte de que tendría otros efectos colaterales, como por ejemplo, afectar a estudiantes universitarios que necesitan realizar sus internados y prácticas como requisitos para obtener sus grados. Sin embargo, la pedagoga entiende que el paro no se prolongará. “No creo que se extienda porque no le conviene a ninguna de las dos partes”, sentenció Figueroa.

A lo anterior se sumaría un golpe económico considerable al DE. Ayer, el secretario Rafael Román, dijo que el paro le costaría a la agencia $7 millones diarios en nómina, seguridad y pérdida en reembolso de fondos federales.

El impacto personal

Los maestros deberán lidiar con la presión económica de no devengar salario por dos días o, posiblemente más tiempo, si se extiende el paro.

María de León, maestra de estudios sociales, reconoció que recibirá menos ingresos, pero aseguró que no hay otra salida puesto que pierden más si no actúan. “Esos detalles afectan, pero tenemos que levantarnos. Esto es bien injusto, sobre todo, después de haber aportado en todos los aspectos”, dijo.

Sheila Arzolá, maestra de ciencias, dijo que otra consecuencia es la pérdida del empleo por participar del paro. La maestra de matemáticas, Joyce Burgos, reconoció que otras opciones a considerar son irse del país o renunciar. “Yo quiero defender mi retiro”, destacó.

Ese efecto en el bolsillo de los maestros que opten por participar del paro, podría incidir en determinar cuánto se extienda y representará un choque contra lo que entienden que es justo, dijeron los entrevistados. El exsecretario del Trabajo recordó que se trata de un profesional que no recibe aumento salarial hace más de 10 años y que no cotiza para el Seguro Social.

“El maestro hace un trabajo fundamental en la sociedad”, dijo Ruy.

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