(CyberNews) – El Tribunal Supremo celebró el miércoles una vista argumentativa sobre la Ley 162 del Sistema de Retiro de la Judicatura, la cual se pretende declarar inconstitucional por el juez del Tribunal de Apelaciones Germán Grau y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.

En la misma participaron ocho de los nueve jueces asociados. En su mensaje de apertura, el presidente de la Alta Curia, Federico Hernández Denton excusó al juez asociado Edgardo Rivera García quien está atendiendo un asunto personal.

Se explicó que las partes tendrán 25 minutos para presentar sus argumentos. Esta es una vista histórica por ser la primera vez que el Supremo permite la transmisión en vivo de los trabajos del Alto Foro Judicial y por tratarse del sistema de pensiones de los propios jueces.

“Hoy es un día histórico para Puerto Rico, pues es la primera vez que el Tribunal Supremo permite la transmisión en vivo de todas las incidencias de una vista oral”, dijo Hernández Denton al inicio de la vista.

El licenciado Hiram Sánchez comenzó la argumentación en representación del juez Grau. “Si la Legislatura aprueba un proyecto para bajarle el sueldo al gobernador, este Tribunal está obligado a declarar inconstitucional esa medida”, dijo Sánchez al argumentar que la Asamblea Legislativa no puede alterar los salarios de otras ramas de gobierno.

Los jueces asociados le han preguntado al licenciado Sánchez cómo la ley aprobada afecta la independencia judicial.

“Esto será una espada de Damocles sobre los jueces”, dijo Sánchez quien argumentó que la Ley 162 abre la puerta a represalias contra jueces que dicten sentencias en contra del gobierno. “Si uno sigue resbalando se escocota”, agregó.

En el turno del licenciado, Manuel Martínez Umpierre, representante de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, la jueza Anabelle Rodríguez cuestionó el alegato en la demanda de la Asociación de que los jueces en los foros primarios e intermedios estaban impedidos de evaluar la demanda porque estaban sujetos a perder su trabajo.

“Me preocupa la exposición de que claudicamos en nuestro deber de defender la Constitución”, dijo Rodríguez.

Martínez respondió que la intención del escrito se refería a que solamente los únicos jueces que no están sujetos a la renominación son los miembros del Tribunal Supremo, por lo que no tienen la presión de emitir un fallo que ponga en riesgo su trabajo.

Por otro lado, el licenciado dijo que la Ley 162 afecta a los jueces porque el salario que tendrán será menor e inclusive el lenguaje del estatuto lo que provocaría es un éxodo en masa de jueces del sistema, lo que afecta la independencia judicial. “Abrir esa puerta es peligroso”, sostuvo Martínez.

El abogado planteó que la ley es nula porque en los títulos se habla de prospectividad, pero en el trámite legislativo enmendaron el proyecto, no así el título.

“O sea que en la prisa por legislar para irse ‘sine die’ antes de la Misa de Gallo, se les olvidó enmendar el título”, planteó el juez asociado Rafael Martínez.

Tras un receso de cerca de cinco minutos, el licenciado Manuel Marqués, quien representa a la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, mencionó que el sistema judicial se ve afectado con la Ley 162, porque sacaría a 44 jueces que adelantarían su retiro, lo que se sumaría a las más de 20 plazas vacantes de jueces municipales y primera instancia, para un total de más de 60 plazas de jueces vacantes.

En el turno de la procuradora general, Margarita Mercado, los jueces asociados cuestionaron con insistencia cuándo fue el cambio de postura del Departamento de Justicia sobre la Ley 162, pues en las vistas públicas, el Departamento expresó que para que la ley fuera constitucional, tenía que ser prospectiva.

Otro asunto cuestionado a Mercado era su postura de que la pensión no es parte del salario.

El juez Martínez le indicó a la procuradora que le parece insostenible el argumento de que la pensión no es parte del sueldo.

“No podemos aceptar una interpretación amplia de la Constitución como plantean los demandantes”, indicó la procuradora. “¿Y entonces para que estamos aquí?”, ripostó el juez asociado Martínez.

Por su parte, el juez presidente Hernández Denton le preguntó a Mercado si el secretario de Justicia envió una opinión al gobernador sobre cómo quedó el proyecto una vez enmendado a la Legislatura, a lo que Mercado contestó que no.

Mercado, en varias ocasiones no pudo contestar las preguntas de los jueces asociados, quienes inclusive, plantearon que fue el propio gobernador quien en principio dijo que el proyecto tenía que ser prospectivo para que fuera constitucional.

El juez Martínez le propuso a la procuradora que considerara allanarse a la postura original del Departamento de Justicia expuesta en las vistas públicas de que la ley era constitucional si se aprobaba de manera prospectiva.

Una vez expuestos los argumentos por las partes, el juez presidente dijo que el caso quedó sometido y que el mismo será atendido con la prontitud que requiere.