Desfile puertorriqueño en Nueva York

Posted by Eric Alvarez
There are moments in Life when keeping silent becomes a fault,

(The Rage and The Pride, 2001)

Analizar la situación de Puerto Rico a mediados de enero del año 2014 es una tarea riesgosa, en vista de la velocidad con la que se están produciendo los eventos relacionados con la isla tanto en su interior, como en los centros estadounidenses de poder político y económico, los cuales mucho tienen que decir sobre su futuro. Aunque sus consecuencias más serias están por verse, considero plausible la hipótesis de que la presente no es solo una crisis económica, sino una crisis general y definitoria del modelo colonial[1] de relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, al cual se dio por llamar, en el acto demagógico y bautismal de su constitución en 1952, estado libre asociado (ELA).

Es cierto que la presente crisis le plantea a los puertorriqueños una situación desesperante y confusa en la cual, de llegarse a puntos extremos en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales o de los derechos ciudadanos —ya sea como producto de la inflexibilidad, o peor aún, de la violencia— no habrán ganadores ni perdedores, sino una sociedad derrotada en sus últimos remanentes de civilidad, es decir, de convivencia social y política fundada en los principios, las obligaciones y las libertades democráticas.

Sin embargo, resulta imposible anticipar específicamente —si se va opinar de manera responsable y sin pecar de sensacionalista— cuáles o cuán complejas serán las situaciones que se plantearán en el escenario político del año 2014 como producto de la crisis general colonial. Por mi parte, en ese sentido, deseo apostar en todo caso por el que prevalezca la civilidad, tanto en el plano de los decisiones a ser tomadas por los funcionarios y burócratas del gobierno, los líderes gremiales y políticos, así como por la sociedad puertorriqueña en su conjunto.

En este ensayo pretendo colocar en perspectiva las características de esta crisis y aquellos factores que considero de mayor importancia. Indico mis razones para señalar que esta crisis no solo es general, sino de carácter determinante y final para el estado libre asociado.

Al respecto, sostengo que la superación de la presente crisis requiere terminar ese esquema político y dar paso a la solución de la condición colonial de la isla, el llamado asunto del status por vía de la estadidad (plena integración jurídica y política como estado de los Estados Unidos) o de la independencia (organización y constitución de los puertorriqueños en una república).

Hago la sola advertencia de que precisamente por la rapidez con que se están suscitando los eventos en Puerto Rico, un análisis completo de la situación puertorriqueña, entrada ya la segunda década del siglo 21, requiere probablemente un trabajo más amplio que el contenido en este escrito.

La crisis económica de Puerto Rico, la cual compone la médula de su crisis general, es producto esencialmente, aunque no únicamente,[2] del carácter colonial del estado libre asociado, lo cual le impide a los puertorriqueños tener igualdad de beneficios, e iguales responsabilidades, con el resto de los ciudadanos americanos en los estados de Estados Unidos, entre otras limitaciones, o constituirse en una república independiente asumiendo todas sus obligaciones y prerrogativas.

Ante esta realidad indubitable el Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status (a la página 36 de su versión en español) señala: “la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de resolver la cuestión del status”:

 Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo reconoce que la cuestión del status y la economía están estrechamente vinculadas. Muchos participantes en los foros realizados por el Grupo de Trabajo plantearon que la incertidumbre sobre el status está frenando a Puerto Rico en materia económica. Y aunque hay una serie de medidas económicas que se deben tomar de inmediato o a corto plazo, independientemente del desenlace final del asunto del status, la identificación de la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de la resolución de la fundamental cuestión del estatus.

Al considerar el trasfondo histórico de esta crisis debe considerarse el hecho de que a partir de los años ‘70 la economía de Puerto Rico fue tornándose, cada vez más, en una estatizada y paternalista, conforme a la cual el gobierno se fue convirtiendo en el mayor patrono de la isla y el mayor generador de actividad económica, lo que fue gestando un aumento de la deuda pública para los pagos de nómina y refinanciamiento de deudas, particularmente en las administraciones de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vilá por el Partido Popular Democrático (PPD), partido político que promueve el actual status colonial, durante el período del año 2000 al 2008.

Con estas consideraciones en mente, y en una apretada síntesis, desde el 26 de julio de 2010

 indiqué:

Es un dato interesante el que señala que, desde el período de administración de Pedro Rosselló González en 1992, hasta el período de administración de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, del 2001 al 2009, durante estas últimas la deuda gubernamental aumentó en términos absolutos a niveles sin precedentes.

Durante esos dos cuatrienios la deuda gubernamental fue aumentada de los 24,189 millones dejados por la administración Rosselló, en 29,204 millones, para una deuda total que se calcula por los economistas entre 53,393 y 55,928 millones de dólares, un cambio porcentual aproximado de 52 por ciento. Esta deuda representaba un inadmisible 89.2% del ProductoNacional Bruto[3].

La deuda alcanzó unos niveles exorbitantemente altos en relación al ingreso generado por la economía de la isla.[4] Es evidente que los ocho años del PPD en el gobierno, y particularmente la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fueron desastrosos en cuanto al endeudamiento del gobierno durante el siglo 21, y un componente fundamental de la presente crisis económica.

Si algún momento puede señalarse como el turning point  de la economía de Puerto Rico, el jaque mate, o mejor aún, el equivalente boricua al momento que buscaba identificar Zavalita[5] para determinar “cuándo se jodió el Perú”, este puede ser el de la descarrilada administración del señor Acevedo Vilá.

Ante las desacertadas administraciones de Calderón y Acevedo Vilá he indicado anteriormente que, al llegar a Fortaleza en enero del 2009, el campo de acción del gobernador Luis Fortuño[6] era extremadamente limitado, y tenía un espacio político sumamente estrecho para poder maniobrar frente a la crisis del gobierno y de la economía.

Después de todo, añado hoy, se enfrentaba a la situación de un gobierno con una deuda pública acumulada 55,928 millones de dólares y un déficit gubernamental de 3,300 millones (correspondiente al exceso de gastos sobre recaudos en el año fiscal 2008-09) [7]; es decir, un gobierno virtualmente en quiebra, al punto de que no contaba con la liquidez para pagar la primera nómina a su cargo, correspondiente a los empleados públicos para el período de enero de 2009, todo ello legado por Acevedo Vilá [8] a su administración y al “país”.[9]

Desde el punto de vista del bienestar de los trabajadores, la crisis de hoy confirma que la estrategia de rechazo absoluto, adoptada por los líderes sindicales frente a las propuestas de la administración Fortuño orientadas a generar un proceso de concertación social, y evitar despidos mediante la reducción de salarios o jornadas a los empleados públicos, no solo fue mezquina, sino equivocada.

Vista otra perspectiva, aunque la debacle económica de Puerto Rico no ha sido —como piensan algunas personas— el resultado concreto y exclusivo de un robo por un grupo de corruptos con poder económico, o con conexiones directas con la oligarquía mediático-financiera[10], este es uno de muchos factores que deben considerarse al analizar esta crisis. Ello está relacionado en buena medida con las políticas de endeudamiento de las diferentes administraciones de gobierno.

Estas políticas produjeron complejas emisiones de deuda (bonos), por iniciativa gubernamental o producto de propuestas de ciertas firmas de corretaje, lo que terminaba beneficiando a las propias firmas, sus altos directivos locales, y las divisiones de valores de determinados bancos, que se encargaban de organizar, distribuir y vender las deudas (bonos) emitidas. Peor aún, algunos planes de retiro eran administrados por varias de estas firmas de corretaje, las cuales invertían sus fondos en los bonos del ELA, los cuales realmente carecían del respaldo de una economía con los fundamentos que justificaran su adquisición. Al así hacerlo, además incurrieron en violaciones de diferentes grados a las leyes de valores federales y locales.

Como producto de las medidas tomadas por el gobernador Fortuño durante su administración (2009-2012), aun cuando el crédito del país no estaba en buenas condiciones, este no fue degradado, pudiendo ser estabilizadas las finanzas del gobierno, al menos parcialmente, debido al reconocimiento de la disciplina fiscal ejercida por su administración.[11]

Sobre las medidas de la administración Fortuño, el profesor Elías R. Gutiérrez ha indicado en su página en la red:

La administración Fortuño logró evitar la degradación de las obligaciones del gobierno central a niveles especulativos. Lo hizo incurriendo en un coste político inmenso. Su éxito fue parcial, ya que no lo logró con relación a varias corporaciones públicas para las que el mercado de capital está cerrado y ya dependen del BGF para financiar sus operaciones. De hecho, hoy el BGF actúa como síndico de varias corporaciones públicas. Esa realidad ha trasladado al BGF los efectos de la insolvencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación, poniendo en riesgo la del propio banco. [Énfasis suplido.]

Desde otro ángulo de análisis, en reportaje de Ricardo Cortés para El Nuevo Día, del 29 de diciembre de 2013, titulado Una deuda públicadifícil de manejar, este informó que se ha reconocido como acertada la medida tomada por su administración en lo que respecta al aeropuerto como conducente a lograr una mayor liquidez en el Banco Gubernamental de Fomento. De igual modo, e incluyendo declaraciones del economista José Joaquín Villamil, Cortés informa:

“Contrario a lo que mucha gente piensa, los gastos y el empleo en el gobierno se han reducido significativamente. El problema cara al futuro es asegurar que el aumento en la deuda no sea mayor que el crecimiento en el Producto Nacional Bruto (PNB). En los pasados 13 años ha sido casi el doble”, dijo Villamil. (Énfasis suplido.)

¡Una deuda que representa el doble de lo producido es una deuda inadmisible, y evidencia de que algo funciona mal, muy mal en el sistema económico! Esos son los hechos previo a que Alejandro García Padilla asumiera la gobernación, y rechazara la política fiscal de la administración Fortuño. A partir de entonces, y de su primer mensaje a la legislatura, García Padilla, hizo todo tipo de declaraciones delirantes e imprudentes.

El señor García Padilla hizo anuncios y promesas que, no solo han sido unos de los elementos que las agencias de calificación crediticia, y las revistas especializadas, han considerado —sin decirlo abiertamente— al evaluar la confiabilidad de las emisiones de deuda por el gobierno de la isla, sino que se encuentran en abierta contradicción con la realidad económica, y la inminente degradación del crédito de la isla en las próximas semanas.[12]

La realidad presente es que la economía de la isla se haya en curso descendente, a base los propios indicadores del gobierno sobre actividad económica dados a la luz durante horas nocturnas del 27 de diciembre de 2013.[13]

En el propio reportaje de Cortés antes citado se señala que “actualmente, la deuda pública de todos los organismos gubernamentales ronda los $70,000 millones.. [y que] si se le suman los intereses, lo adeudado sobrepasa los $100,000 millones…[E]l propio presupuesto, desde su concepción, tiene deficiencias presupuestarias que rondan los $850 millones. Tales son los hechos según reconocidos en un reportaje montado con economistas cercanos a los círculos del poder tras la administración de García Padilla, por el periódico El Nuevo Día.

A la luz de esa realidad, resulta inquietante la discusión referente a si la administración García Padilla podrá o no emitir bonos antes de que se produzca la inminente degradación del crédito de Puerto Rico, lo que presuntamente facilitaría el acceso a los mercados de bonos. El hecho concreto es que se trata de emitir deuda adicional, antes de que ocurra una calificación formal de chatarra, cuando ya el gobierno de Puerto Rico, para todos los fines prácticos, goza de esa categoría en los mercados de valores.[14]

Ramón Frade. El Pan Nuestro.

Es preocupante el tono celebratorio e indulgente de algunos respecto a la política del gobierno de García Padilla, y su partido, de continuar aumentando la deuda gubernamental mediante nuevas emisiones de bonos, manteniendo a la isla empantanada en el ciclo interminable de los endeudamientos, a sabiendas de que el camino correcto es la atracción de capital a la isla, y promover la producción de bienes y servicios.

Peor aún, trascendió a través del Financial Times, según ha sido reportado por el periodista Carlos Antonio Otero en El Vocero, que el gobierno se reuniría el jueves 16 de enero con acreedores de Puerto Rico en los Estados Unidos, con el objetivo de reestructurar la deuda gubernamental de 70,000 millones (70 billones) de dólares.

Aunque la información ha sido negada por las autoridades basándose en el principio la obligación constitucional de pagar la deuda pública, una reestructuración de la deuda no constituiría necesariamente una negativa de pago sino una redefinición de los términos de satisfacción de la deuda. El efecto de ello, sin embargo, en términos de la percepción sobre el crédito de la isla sería el mismo que produciría utilizar los beneficios de la ley de quiebras. Por otro lado, aunque las disposiciones de la ley impiden a un estado o un territorio acogerse a sus términos, no hay impedimento alguno a que un deudor —en este caso el territorio— negocie los términos de pago de la deuda.

Ante la totalidad de las circunstancias, y habida cuenta de lo reconocido en el Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre la relación entre la solución del asunto del status, y la medidas para atender los problemas económicos de la isla, resulta necesario que Casa Blanca acelere el paso, no solo en cuanto a las tutorías al señor gobernador y sus asesores, sino en el respaldo a un verdadero proceso descolonizador, donde no se permita tratar de engañar a los puertorriqueños con opciones que no son viables bajo la constitución de los Estados Unidos.

Cuando anticipé que García Padilla no podría mantener su discurso populista y demagógico ante la necesidad de tomar medidas antipáticas o impopulares, pensé que al menos el gobernador trataría de que sus medidas fueran cuidadosamente ponderadas y debidamente fundadas, limitadas a los asuntos en que fuera realmente necesario, sensibles a la ciudadanía al máximo posible y, sobre todo, abiertas y transparentes, en lugar de adoptar un discurso público tendente a la mentira y la confusión de la opinión pública.

En cambio, García Padilla y su gobierno han optado por medidas agresivas como la imposición de una reforma al plan de retiro de los maestros, con el presunto objetivo de proveerle liquidez. La legislación sobre este plan de retiro fue aprobada de manera autoritaria y atropellada, no obstante las advertencias, incluso por parte de algunos legisladores del partido de gobierno, en el sentido de que esta reforma no detendría la degradación del crédito de la isla, y a pesar de haber sido planteadas en la discusión pública alternativas y hechos que merecían atención, como el referente a que el sistema no carece de liquidez, que el énfasis del gobierno debía colocarse en la atracción de capital y mover la economía de Puerto Rico, y que la medida adoptada obedecía a compromisos previos innecesarios con las agencias calificadoras del crédito.[15]

Como consecuencia de la aprobación de esta legislación, los sindicatos de maestros comenzaron una serie de protestas con un exitoso paro de labores por 48 horas del 14 al 15de enero de 2014. Hay que señalar que, contrario a otras ocasiones, el magisterio luce unido, y claramente orientado sobre los objetivos de su lucha.

Además, han logrado que el Tribunal Supremo, tribunal de mayor jerarquía en Puerto Rico, detuviera la Ley 160, legislación aprobada para reformar el sistema de retiro de maestros, hasta poder evaluar en los méritos el cuestionamiento judicial del referido estatuto por los grupos magisteriales.

Paradójicamente, el propio gobierno ha provocado la paralización del deteriorado y en ascuas sistema público de enseñanza, al restarle derechos a los trabajadores con quienes se tiene que contar para levantar ese sistema.

Así como en el caso de los maestros, fue aprobada legislación en el caso del sistema de retiro de los jueces, también a destiempo, también sin mediar un proceso político y legislativo mesurado y serio, considerando con cuidado, en este caso, los aspectos constitucionales planteados.

La feliz retórica populista con la que empezó a gobernar García Padilla se ha ido deshaciendo, dejando al rey desnudo con su demagogia, y su limitado proyecto político de proteger el régimen colonial, tomando dinero prestado en el complejo y cruel mercado de valores.

Cuando me refiero a una crisis general del ELA parto de que a la debacle económica, se suman como producto, en una gran medida, de la condición colonial: la descomposición del entretejido social[16] (las instituciones y relaciones, dentro de los parámetros culturales y sociopolíticos, que hacen posible la convivencia ciudadana); el cuestionamiento de la clase política (en buena medida, aunque no únicamente, debido a la incompetencia de la reaccionaria y demagógica administración de turno); el consenso ciudadano de rechazo al esquema colonial de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos; y las posiciones estrechas y sectarias asumidas, dentro de este complejo lienzo, desde el año 2009, por las distintas formaciones políticas, gremios y corrientes ideológicas, así como por los diferentes sectores sociales, particularmente la oligarquía mediático-financiera.Lo anterior se manifiesta, muy concretamente, en la tensión social provocada por las determinaciones de la administración de García Padilla a la que se une un enjambre compuesto por la crisis en la calidad de los servicios de salud y educación; el estado de la salud mental de la población; la violencia como código de conducta en las relaciones interpersonales, desde niveles individuales hasta contextos más complejos; una intensa actividad de trasiego de drogas, con su cuota correspondiente de asesinatos en la guerra para controlar su distribución en la isla; y las conspiraciones en marcha, ya sea para el lavado de dinero del narcotráfico, o para la evasión contributiva, mediante proyectos comerciales cuya viabilidad es, cuando menos, cuestionable.[17]

Mural del artista Abey Charrón (Fotografía Eric Alvarez)

El cerco aprisiona mucho más a causa de la pérdida de todo sentido de civilidad, es decir, y como se desprende de lo señalado anteriormente por mi sobre este concepto, la ausencia frustrante de una cultura de convivencia entre la ciudadanía, fundada en los principios democráticos del respeto a las diferencias, a la diversidad en todos los ordenes, y al espacio particular de cada persona, tanto en los asuntos cotidianos, como en los dilemas colectivos más esenciales; la ausencia de una cultura de servicio y liderato honesto por parte de la mayoría de los componentes de la clase política; y finalmente, pero tal vez lo más grave, el autoritarismo y la prepotencia, por parte del sector mediático y financiero de la oligarquía criolla, en sus relaciones, aun con otros sectores de este estamento, y con los miembros de clases o segmentos sociales de menos poder económico —o subalternos— lo cual a su vez lesiona, por conducto de los tribalismos sociopolíticos, la institucionalidad y los espacios democráticos.

A este punto, y antes de continuar, debo señalar que escapa a las posibilidades de este trabajo el análisis a fondo de la relación concreta con la condición colonial —o el carácter territorial del modelo político de Puerto Rico— de los sectores y elementos enumerados en el párrafo anterior.

Hago un solo señalamiento, sin embargo. Aunque he sido sumamente crítico del ELA, pienso que hay unos problemas económicos, socioculturales y sociopolíticos que trascienden, aunque no excluyen, el asunto del status político. Mi posición es que algunos de los problemas que han coagulado en la crisis general del ELA son el resultado de muchos factores, entre ellos la errada política económica auto-infligida, producto, por un lado, de la búsqueda de mecanismos para subsanar las deficiencias del régimen colonial, y por el otro, de la incompetencia habida bajo diferentes administraciones de gobierno.

Por otro lado, problemas socioculturales y sociopolíticos como la violencia y la ausencia de civilidad, me parece están estrechamente relacionados con la noción idealizada, al punto del romanticismo, de la cultura boricua. Hay que reconocer, sin embargo, que este componente de lo ideológico-cultural, o de la mitificación de la esencialidad del ser o la identidad, a partir de códigos nacionalistas con una vocación desde folclorista hasta patriótica-militante, es solo uno de muchos factores —pero uno muy importante, no se me malinterprete— junto a los efectos del narcotráfico, de una contemporaneidad marcada por el culto a la violencia en el mass media y los medios cibernéticos, y los graves problemas de salud mental que se manifiestan en todo tipo de actos esencialmente violentos y ajenos a un mínimo de civilidad.

El trazado del origen del problema cultural de la violencia y la carencia de civilidad puede llegar hasta el estado libre asociado en la medida en que este esquema territorial de relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico —aunque no es el único y absoluto factor que incide en los problemas sociales y culturales— mantiene a este último en un limbo jurídico que no le permite encaminar todas sus energías hacia los problemas más acuciantes de la sociedad.

La reconstrucción de la civilidad, del entretejido y el capital social —a que hace referencia atinadamente el profesor Elías Gutiérrez[18]— puede tomar una generación completa, por no hablar de lo referente a las medidas económicas y la institucionalidad democrática, como ya he señalado en ocasiones anteriores.

El autoritarismo y la prepotencia por parte de un pequeño grupo de familias de gran poder económico, las cuales controlan las finanzas, la banca, los medios de información, y las instituciones de carácter cultural se produce, especialmente, en el contexto económico y político, con toda indiferencia a las formalidades y la institucionalidad del Estado de Derecho.

Ante esta amenaza contra las instituciones democráticas, debe considerarse la valiente y bien fundada denuncia expuesta por la publicación especializada en asuntos económicos, Sin Comillas, sobre el acuerdo de El Nuevo Día con el gobierno de García Padilla para recibir el Informe del Índice de Actividad Económica del Gobierno de Puerto Rico para el Período de Septiembre y Octubre, el pasado 9 de diciembre, antes que ningún otro medio de prensa.

La oligarquía mediático-financiera es la roca al borde del precipicio en la que se pretende sostener el inmovilismo colonialista en Puerto Rico, por lo cual sus posibles proyectos ante esta crisis inminentemente definitoria del ELA adquieren una importancia vital.

El proyecto del inmovilismo colonial, y cierto nacionalismo, ya de capa caída, que encuentra espacio, un salario y una voz parcial en el PPD, así como de la oligarquía ya aquí caracterizada, no se limita a controlar la información por medio de un periódico con voracidad monopólica. Un entramado de diferentes órganos con diversos perfiles son utilizados por esta oligarquía mediático-financiera para impulsar sus proyectos particulares, e impulsar sus posiciones, su influencia política de peso pesado, y promover su hegemonía ideológica y cultural.

La gran paradoja, cuando el nacionalismo y la presunta izquierda antiimperialista vinculada a la actividad cultural y la academia se proponen como respuesta a la roca inmovilista, es que sus componentes carecen en realidad de toda vocación, propósito o posibilidad política, tanto desde el punto de vista folclorista, como de aquél desde las poses patrióticas o militantes, de constituirse en nación-estado, por el costo en dólares que ello representaría para el país y, sobre todo, para los propios elementos individuales que integran estos sectores. Individuos estos últimos que se han beneficiado en las últimas tres décadas del nacionalismo de camisetas y pinches; de los gestos y motivos antiimperialistas en obras de arte y en la literatura como mercancía de buena salida; de la financiación norteamericana a universidades y actividades académicas y culturales en Puerto Rico; y —no por último menos importante— del libre acceso como ciudadanos americanos al mercado de empleo en la metrópolis.

Esta verdad lapidaria opera como un detente reflexivo en el proceso delusivo de los desvaríos, lo que no impide que los códigos y mitificaciones sean repetidos mecánicamente, ad nauseum, en foros, ferias, fiestas, festivales, y en eventos de cariz político con alguna intensidad de circense militancia. Al final este sector termina, sin siquiera percatarse de ello, como aliado indirecto de la oligarquía mediático-financiera.

De esta forma se consolida una gran roca inmovilista, anclada en el colonialismo más rancio, y a su vez financiada por el capitalismo, y los dólares que imprime el Banco Federal de la Reserva de los Estados Unidos.

Por ello, nadie se llame a engaño. Ante la debacle del ELA es factible suponer que mediante el control de la información y de los gobiernos colonialistas, así como su torcida alianza con elementos de un menguado nacionalismo y una izquierda nocturnal —desesperados en su “lucha por parar la estadidad”— la oligarquía pueda pretender imponer como alternativas la inmovilidad colonialista bajo el ELA, o, en última instancia, la imposición de una república autoritaria en la que puedan preservar la gran influencia política que ejercen en el presente para defender sus sustanciales intereses económicos.

En este espacio pluridimensional en el que lo económico, lo social y lo político se entrecruzan, debe poder encontrarse una solución justa para la sociedad puertorriqueña ante la presente crisis. Ni el extremo de la incompetencia irracional de García Padilla y su gobierno, ni la manipulación y el autoritarismo por la oligarquía criolla, ni en el inmovilismo colonialista, ni el nacionalismo sin propuestas, ni el extremismo infantil de izquierdas de carácter minoritario que sinuosamente se pueda colar en estas coyunturas, representan, ni constituyen, el espacio histórico de esa solución.

Me parece que las circunstancias presentes demuestran que es necesario retornar a lo básico, así como comprender y atender el problema en su esencia, en su raíz. Y comenzar a reconstruir.

La crisis general de Puerto Rico es una manifestación concreta de la caducidad del modelo del estado libre asociado y las políticas económicas en las que este se sostuvo. Prácticamente, ha sido un lugar común en la discusión pública, tanto en Puerto Rico, como Estados Unidos y Europa, la consideración, al menos, de la extraña relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, por no referirse directamente al estatuto colonial o territorial de estado libre asociado.

Me refiero a una crisis general del ELA debido a que su colapso trasciende los elementos económicos, y se manifiesta en la acumulación de la descomposición social y cultural, la debacle de todos los servicios esenciales a la ciudadanía, los índices de enfermedad mental, la violencia en todos los espacios de expresión o interacción de los individuos, y los efectos avasallantes del control que ejerce la oligarquía criolla inmovilista sobre el resto de la sociedad puertorriqueña.

Es final esta crisis que nos quebranta sueños —y nos tiene a muchos buscando la forma de escapar, aunque sea a Alaska— porque evidentemente el ELA se agotó, y el PPD no puede seguir sacando cartas debajo de la mesa, sino ¡nuevas emisiones de deuda!. Efectivamente la crisis del ELA es estructural.[19]

La caducidad del ELA no se limita a su incapacidad para poder seguir ofreciendo incentivos contributivos a las empresas, basados en excepciones provistas por el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. A esta situación se une el hecho de que ya no es posible sufragar, mediante asignaciones federales, una economía basada en el gobierno como patrono, y de carácter populista con guiños socializantes y paternalistas.

Archivo

El hecho de que 3.6 millones de ciudadanos americanos, nacionales puertorriqueños, residentes en Puerto Rico, carezcan de representación plena en el Congreso, y no puedan votar por el presidente del gobierno que ejerce la soberanía política sobre el territorio en que viven, es evidencia de la insuficiencia política del estado libre asociado, y una afrenta a los principios democráticos defendidos por los propios Estados Unidos.

Como se sabe, Ron Wyden, senador demócrata por Oregon, y Lisa  Murkowski, senadora republicana por Alaska, presidente y vicepresidente respectivamente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, puntualizaron, en una carta dirigida alcomisionado residente,[20]Pedro Pierluisi, el pasado 13 de diciembre de 2013, que no era una opción válida de status el llamado estado libre asociado-mejorado, y que opciones no viables no debían ser consideradas en los procesos de deliberación sobre el status debido a que podían producir confusión en el debate y minar los esfuerzos para resolver este importante asunto.

A raíz de esta comunicación, y ante los claros resultados del plebiscito del 6 denoviembre de 2012 en los que el electorado rechazó el presente estado territorial y, por ende, el estatuto de carácter colonial, el comisionado residente le requirió algobernador García Padilla aceptar la realidad sobre el rechazo del pueblo al status territorial actual. 

La respuesta de García Padilla y su partido fue que lo que llaman ELA mejorado, una entelequia cuyos contornos nunca han sido definidos, desconociéndose si se refieren a la libre asociación, una forma de independencia que reconoce el Derecho Internacional, o a la presente relación colonial con cambios que nadie puede precisar, no podía ser excluido de los procesos de solución de la cuestión sempiterna del status.

En el fondo de lo que trata todo este esquema argumentativo es de la insistencia del PPD en que se incluya, como solución al problema colonial, la posibilidad de optar por el propio problema colonial, cosa que no solo es carente de lógica, es incorrecta en Derecho, y es otro ejercicio demagógico, de los muchos que ese partido ha llevado a cabo a través de la historia, y que tienen a Puerto Rico en la debacle en que se encuentra.

Por otro lado, dadas las circunstancias de la isla, es necesaria, sin dudas, una concertación, un acuerdo por parte de todos los sectores que componen la sociedad, para trabajar en su reconstrucción la cual puede tomar cerca de 20 años cuando se considera la descomposición del entretejido social, cultural e institucional. Tenemos que dar por terminado el ELA, pero ello no basta.

Puerto Rico precisa atraer capital, para lo cual es necesario ser capaz de ofrecer cuatro elementos básicos: altos niveles de educación de la población apta para trabajar en áreas de alta demanda de carácter científico-técnico, medida respecto a la cual me parece hay consenso general en la isla, según se refleja por el discurso formal de las diferentes formaciones políticas;  bajos costos de producción, lo que implica lograr que la generación de energía eléctrica sea más eficiente, y menos costosa, así como mejorar la infraestructura, en servicios de agua, transporte terrestre, carreteras, puertos y aeropuertos; regularidad y consistencia en los procesos administrativos para la obtención de permisos, y la adjudicación de controversias, lo que significa procesos transparentes y eficientes en las agencias del gobierno, y un sistema de tribunales regido por principios y normas de derecho claramente definidos; y finalmente, estabilidad política, es decir, confianza en la estabilidad del gobierno de la isla y confianza en sus instituciones, incluyendo los organismos encargados de la seguridad de la ciudadanía.

Esos elementos son alcanzables mediante la solución de la condición colonial de Puerto Rico a través de la independencia o a través de la integración a los Estados Unidos. Sin embargo, los problemas que plantea la independencia son diversos, destacándose entre otros: la incapacidad de la economía de la república de sostener los actuales derechos salariales de los trabajadores, particularmente si pretende sostenerse la competitividad de su economía a base del bajo costo de la fuerza laboral; y la incertidumbre en cuanto a si el liderato de un Puerto Rico constituido en un Estado nacional estaría dispuesto a enfrentar los sectores que impulsan medidas extremas en el sindicalismo, y en la política en general, y que rechazan, como cuestión de principio, las estructuras democráticas y republicanas de gobierno, y más específicamente, la institucionalidad del Estado de Derecho según lo conocemos.

Es un dato de importancia el hecho de que la república independiente o asociada tendría que hallar maneras para sustituir los cerca de 6,000 millones de dólares (es decir, 6 billones) que recibe solamente el gobierno de Puerto Rico todos los años, a lo que hay que añadir otras transferencias para beneficios como becas, subsidio de interés de préstamos de estudiantes, seguro social medicare, veteranos, pensiones del sistema de retiro federal, ayuda a la vivienda, cupones de alimentos y transferencias a organizaciones no gubernamentales que ronda los12,000 millones (12 billones) dedólares (según datos circulados por la administración de García Padilla a través internet.)

Si se consideran fuentes aún más confiables, al tomarse todas las transferencias federales del año 2000 al 2012, estas suman la enorme cantidad de 190,253,197,096 millones (o sobre 190 billones) de dólares, de los cuales 56,568,633,096 millones (o sobre los 56 billones) de dólares fueron destinados a lo que es estrictamente gobierno, transfiriéndose el resto a programas educativos, beneficios, organizaciones no gubernamentales, y otros renglones. Invito al examen de los datos contenidos en la página electrónica Assistance to Recipients in Puerto Rico.

Es imposible tan siquiera imaginar mecanismos para sustituir estos ingresos que recibe la economía de Puerto Rico, y el impacto de su eliminación a raíz de la independencia, o de un tratado de libre de asociación como nación independiente. Debe recordarse que en el caso de este último los ciudadanos americanos en Puerto Rico se considerarían, cuando menos, residentes de una nación extranjera, desapareciendo, lógicamente y como en el caso de la independencia, toda obligación de ayudas económicas por parte de los Estados Unidos, excepto aquellas que sean determinadas mediante el tratado de libre asociación.

La estadidad, por su parte, proveería todos aquellos elementos de participación política efectiva, tanto mediante la elección del presidente, como de representación en el congreso mediante dos senadores y cinco representantes, así como siete votos electorales, así como trato igual, al del resto de los ciudadanos americanos en los estados, en la asignación de fondos de diversos programas, incluyendo el medicare, todos los cuales se reciben en menos cantidad en el presente por el carácter territorial del ELA, y las implicaciones que ello plantea en términos de aportaciones contributivas, particularmente por parte de la oligárquica criolla, casta social de origen esencialmente hispano, y fugitiva de por vida de las obligaciones tributarias.

Sonia Sotomayor, juez de origen puertorriqueño, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

La estadidad proporcionaría además la estabilidad necesaria para concentrar todas las energías de la sociedad en la superación de la presente crisis general. Por otro lado, le ofrecería al capital extranjero la seguridad de la institucionalidad y la estabilidad política de la isla de Puerto Rico, no solo por su propia estructura jurídica y sus organismos de seguridad, sino por ser una jurisdicción plenamente integrada a los Estados Unidos.[21]

Contra la alternativa de la estadidad tradicionalmente se ha levantado la cuestión de la “pérdida de la cultura”, entre otros mitos de origen provincianamente nacionalistas. No evadiré su discusión. Deseo hacer mis señalamientos sobre esta cuestión, teniendo en cuenta que con la estadidad Puerto Rico no desaparecerá de la región del Caribe, ni étnicamente será distinto a lo que es en la actualidad, tal y como ha sido durante los 116 años de ejercicio de la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico.

Relacionado con este planteamiento comenté en otro artículo de esta publicación, al considerar la nominación de la juez de origen puertorriqueño,Sonia Sotomayor al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, expresé lo siguiente:

La clase política estadounidense ha iniciado el proceso de aceptar el principio de que el elemento unificador del país es el respaldo a los valores y derechos democráticos consignados en la Constitución.[22] Como producto de ese proceso se va configurando con mayor fortaleza una nueva visión del “ser ciudadano” en los Estados Unidos.

…[L]as diferencias entre griegos, italianos, negros, judíos, hispanos, y blancos anglosajones protestantes, van pasando a un segundo plano a la hora de seleccionar a las mujeres y hombres que mejor puedan aportar a las instituciones de gobierno”.

…[S]e trata esta de una aportación fundamental a la política y a la cultura política no sólo de los propios Estados Unidos, sino del mundo entero, y particularmente de Europa.

No debe, no puede, ser pasado por alto lo que significa para el mundo y para el propio Estados Unidos la elección de un negro, nacido en Hawaii, hijo de inmigrante africano y de una oriunda norteamericana, a la Presidencia de los Estados Unidos. Ese evento plantea una nueva vertiente en la discusión del rol de las nacionalidades, particularmente en las antiguas metrópolis coloniales.

Si bien en el campo económico se discute un retorno del proteccionismo […] hacia el interior de las sociedades y los estados nacionales, adquiere relevancia el rechazo a la exclusión y al odio racial o basado en el origen étnico-nacional de las personas.

El ser ciudadano de uno u otro Estado, adquiere nuevos significados y retos que no están definidos a base del sentimiento nacionalista, sino en la aceptación y defensa de un conjunto de principios democráticos esenciales.

La solución a la crisis general del ELA no es mantener el mismo y fallido estatuto de corte colonial, ni tampoco lo es la independencia, o esta última bajo un acuerdo de libre asociación. Solo mediante la terminación de la condición colonial, así como la efectiva y plena integración jurídica y política de Puerto Rico como estado a los Estados Unidos, se podrá comenzar a andar y enfocar las energías de todos los sectores, hoy divididos por la cuestión del status, en la superación de la presente crisis e iniciar la reconstrucción de la sociedad puertorriqueña.

Ya es hora. Comencemos a andar. Comencemos a reconstruir.

Deseo agradecerle a los profesores Jaime Benson y Arturo Torrecilla, así como a Yrsa, su desprendida y valiosa colaboración en el análisis y desarrollo de este ensayo desde diferentes puntos de vista. Por supuesto, huelga decir que me corresponde a mí exclusivamente la responsabilidad por todo lo contenido en este ensayo, desde el primer acento hasta el punto final. A todos, «muchas veces, muchas gracias«.

---