Por un lado, miles de empleados docentes de las escuelas públicas exigen que se derogue la Ley 160 que reformó el Sistema de Retiro para Maestros. En el otro, la administración gubernamental asegura que los cambios impuestos por el estatuto aprobado el mes pasado son la única forma de garantizar el futuro del plan de pensiones y salvar la economía de todo el país. En el centro, un comité de diálogo intenta acercar estos extremos en esa frágil red.

Durante las últimas dos semanas, 14 personas han adoptado la responsabilidad de determinar si es posible enmendar la nueva ley, por la cual se detuvo por dos días el sistema público de educación o si, por el contrario, lo que se hizo es lo único que se pudo hacer.

“No hay la menor duda que lo que se debe hacer es derogar la Ley 160. No es enmendable. Entendemos que cualquier enmienda superficial no sería suficiente para satisfacer los reclamos del magisterio, no recogería la esencia de los reclamos”, expresó la presidenta de la Federación de Maestros, María Elena Lara.

Pero, más allá de este reclamo, los líderes magisteriales han dejado claro que están dispuestos a negociar -y con ello, ceder en algunos de sus reclamos -si esto redunda en mayores beneficios para los educadores.

“Es posible reformar el Sistema de Retiro con cambios paulatinos, no de cantazo como se hizo. Tú lo puedes reformar con medidas paulatinas”, dijo el presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción, Domingo Madera.

Como parte de su estrategia para lograr que los maestros se afecten lo menos posible con los cambios, los líderes magisteriales buscan demostrar al comité de diálogo que el déficit operacional del Sistema de Retiro para Maestros de aproximadamente $330 millones no se va todo en pago de pensiones, por lo que las economías que se necesitan producir no se elevan a tanto.

“La necesidad real sería de unos $240 millones anualmente. Con esta cantidad no se tendrían que imponer tantos cambios. Eso nos pone en una mejor posición”, sostuvo la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz.

Por su parte, los representantes del gobierno en la mesa aseguran una y otra vez que su misión es escuchar propuestas y canalizarlas al Ejecutivo y la Legislatura. Pero, detrás de esa postura, está la firme instrucción de que deben evitar que se dé una huelga magisterial, indicaron fuentes. Queda por determinar qué implica esto.

Larga conversación

El proceso para modificar el Sistema de Retiro para Maestros comenzó durante el primer trimestre del año pasado, según reveló en una vista pública el mes pasado el presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), José Pagán. En ese momento se trabajaban los cambios al plan de los maestros en conjunto con la reforma al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, pero se optó por dejar a un lado el sistema de los educadores, reconoció el funcionario durante la audiencia pública que celebró la Legislatura el pasado 20 de diciembre.

Las primeras conversaciones entre el gobernador Alejandro García Padilla y los gremios magisteriales para discutir el tema se dieron en marzo, pero no fue hasta octubre que los maestros fueron convocados de manera más formal para presentar sus propuestas al Ejecutivo.

Tras varias reuniones, el Ejecutivo anunció que acogería ocho de diez propuestas presentadas por los maestros, entre ellas establecer la edad de retiro de los maestros en 55 años y establecer un tope a las pensiones que se otorgan.

Sin embargo, el proyecto presentado en diciembre fue duramente criticado por los educadores, principalmente por reducir los beneficios que reciben los maestros que se jubilarán al modificar la fórmula mediante la cual se calculan las pensiones y reducir los bonos que se otorgan a los retirados.

El Sistema de Retiro para Maestros tiene un déficit operacional de unos $330 millones, lo que significa que paga más de lo que recibe todos los años. Mientras, su déficit actuarial -que es lo que necesitaría el fondo para cumplir con todas sus responsabilidades futuras- es de $10,521 millones.

El informe actuarial presentado en julio de 2013 establece que el Sistema de Retiro para Maestros podría quedarse sin dinero en el 2020, uno de los principales argumentos del Ejecutivo para impulsar la aprobación de los cambios a la carrera, durante una sesión extraordinaria citada expresamente para atender los cambios a los planes de pensiones.

Pero, las explicaciones que ha dado el gobierno no han sido suficientes para que la clase magisterial esté convencida de que es necesario que ellos sacrifiquen sus pensiones. La reforma del sistema de los maestros fue una de las condiciones impuestas por la casa evaluadora Moody’s para no degradar el crédito del país. El viernes, Standard & Poor’s emuló a Moody’s y puso en observación crediticia negativa las obligaciones de la Isla.

“Este es un diálogo abierto donde escucharemos las propuestas”, expresó durante el primer día de reunión el secretario de Estado, David Bernier.

Aunque los trabajos del comité de diálogo no han producido grandes resultados concretos, tras bastidores se han dado pequeños avances que podrían ser cruciales en la búsqueda de consenso.

El BGF y el Sistema de Retiro entregaron al grupo cinco informes actuariales que revelan el estado financiero del plan. Asimismo, han aclarado algunas de las dudas existentes sobre los datos utilizados para sustentar la aprobación de la Ley 160.

“Se están evaluando todos los documentos, los actuarios están haciendo los análisis. Eso tomará unos cuantos días, según me han dicho. Después de eso podremos analizar lo que se puede hacer”, señaló Díaz.

Pero, el proceso también ha generado más dudas. “Todavía no nos han explicado el impacto de cada uno de los cambios en la Ley 160, cuánto ahorra el cambio en la fórmula, cuánto genera la eliminación de las leyes especiales como el bono de verano, el bono de Navidad”, argumentó Ayala.

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