Dos exempleados de carrera y 12 transitorios del municipio de Corozal demandaron al alcalde Sergio L. Torres Torres en el Tribunal federal por $21 millones alegando que fueron destituidos por discrimen político y sin el debido proceso de ley.

Los demandantes alegan que fueron despedidos por su afiliación al Partido Nuevo Progresista (PNP) una vez ganó en el 2012 Torres Torres, del Partido Popular Democrático (PPD).

El municipio fue administrado por alcaldes novoprogresistas por 35 años.

Una de las empleadas de carrera, Carmen Vázquez Nieves, llevaba trabajando en el municipio  desde 1991. Era asistente del director del Departamento de Recursos Naturales hasta que fue despedida el 6 de agosto de 2013.

En la demanda se alega que Vázquez Nieves fue destituida por razones “falsas”, como omitir información o alterar documentos oficiales sin autorización y no emitir reportes a la Oficina de Ética Gubernamental ni a la Oficina del Contralor. Según el documento, la demandante recibió la carta mientras estaba de vacaciones.

Por su parte, Delimar Rivera Resto trabajó en el municipio desde 1999 y se desempeñaba como guía turístico cuando fue despedida el 5 de septiembre pasado, por supuestamente insubordinación, ausentarse y participar en actividades prohibidas durante horas de trabajo. Fue sustituida por un miembro del PPD.

En la demanda, se informa que ambas exempleadas eran parte de la avanzada del exalcalde Roberto Hernández Vélez, que participaron en su campaña para la reelección en el 2012 y ayudaron a recaudar fondos para su campaña.

Los demás demandantes, empleados transitorios, son: José A. Carrasco Rodriguez, Ivelisse Navarro Rivera, Iris I. Alicea Guzmán, Ivis W. Negrón Martínez, Myrna L. Albelo Albelo, José E. Rosado Agosto, José A. Santiago García, Celidés Rosado Santiago, David J. Sánchez Rivera, Nereida Rivera Díaz, Eduardo Chévere Cosme y Suly Moreno Berríos.

Todos alegan que sus puestos no requerían ser afiliados a partidos políticos y que nunca recibieron evaluaciones negativas durante su desempeño. En la demanda, el grupo solicita ser reinstalado en sus puestos y que no tomen acción contra empleados por sus afiliaciones políticas.

La demanda, presentada por los abogados Iván Castro Ortiz y Sheila Torres Delgado, es contra el alcalde y contra el director de Recursos Humanos, Ricardo Rodríguez Albino, la directora de la Oficina de Cultura y Turismo, Frances Marrero Rodríguez, y la administradora del municipio, Rosarito Rodríguez Albino.

La demanda fue asignada al juez federal Gustavo A. Gelpí.

EL VOCERO / Archivo

Dos exempleadas de carrera y 10 transitorios del Municipio de Corozal, afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), demandaron en el Tribunal Federal al alcalde popular Sergio Torres y a tres directores de departamento del ayuntamiento por alegado discrimen político, por lo que solicitan una indemnización de $21 millones.

El recurso legal, presentado por los abogados Sheila Torres e Iván Castro, alega que los demandados incurrieron discrimen político, violaciones al debido proceso de ley y violaciones a las leyes del Estado Libre Asociado (ELA).
Además del primer ejecutivo municipal fueron demandados el director de la Oficina de Recursos Humanos Ricardo Rodríguez, la administradora del Municipio Rosarito Rodríguez y la directora de Cultura y Turismo Frances Marrero Rodríguez.

Las demandantes empleados de carrera son Carmen Vázquez Nieves, quien se desempeñaba como asistente del director de la Oficina de Recursos Humanos en el ayuntamiento. Esta laboró en el ayuntamiento desde el 24 de enero de 1991 al 7 de octubre del 2013.

Rivera Resto se desempeñaba como guía turística y trabajó en el municipio desde diciembre de 1999 al 4 de octubre de 2013. Rivera Resto trabajó en la campaña política del exalcalde como recaudadora de fondos y en su avanzada.

Las exempleadas de carrera alegan que su despido fue ilegal y que no desempeñaban labores de implementación de política pública.

En cuanto a los empleados transitorios, alegan que tampoco realizaban trabajos de implementación de política pública. Exponen que los demandados se negaron a renovar sus nombramientos transitorios y que en cambio, reclutaron a simpatizantes del Partido Popular Democrático (PPD) para sustituirlos.

El caso le fue asignado al juez federal Gustavo Gelpí.