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El reciente escándalo de la Iglesia Católica en Arecibo llega después de más de una década de subsecuentes polémicas y denuncias que han sacudido a la iglesia, y que, en muchos casos, han terminado con destituciones de sacerdotes, sanciones o hasta procesos judiciales.

En una entrevista a este diario, en 1999, el monseñor Álvaro Corrada del Río, para entonces exadministrador de la diócesis de Caguas, admitió haber conocido de tres casos de abusos sexuales de sacerdotes hacia menores. Añadió que había retirado a dos de esos párrocos de todo ministerio sacerdotal de por vida y los había enviado a evaluación y tratamiento sicológico. Dijo que el tercer caso había quedado en manos del actual obispo de Caguas, monseñor Rubén González.

En abril de 2002, el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, dijo a la prensa que había relevado indefinidamente de sus responsabilidades pastorales a un sacerdote por una querella de abuso sexual. Días después la trascendió que la policía investigaba a un sacerdote por actos lascivos contra un menor, y antes que acabara ese mes surgieron más denuncias contra sacerdotes en la arquidiócesis de San Juan y la diócesis de Arecibo.

En mayo de 2002, surgió otra denuncia de abuso sexual, por parte de una alegada víctima que denunció que un sacerdote de una parroquia de San Juan había abusado de él y de por lo menos otros cinco niños en la década de 1970.

En julio de 2004, salieron a la luz nuevas acusaciones de abuso sexual, luego que un hombre asesinara en Hato Rey al sacerdote peruano Juan Julio Fernández Soraluz. El homicida alegó que el sacerdote le había hecho acercamientos sexuales. Tras el crimen, el arzobispo González Nieves admitió que había una querella de abuso sexual contra Soraluz bajo investigación.

En julio de 2005, el arzobispo González Nieves suspendió al párroco de la iglesia Santa María de los Ángeles de Caparra, Aníbal Torres Ortiz, luego que fuera acusado de exposiciones deshonestas y abuso de menores. El sacerdote fue hallado culpable de los cargos, y sentenciado a tres años de probatoria.

En septiembre de 2005 fue llevado ante el tribunal el sacerdote Manuel de la Cruz Sánchez, acusado de haber cometido actos lascivos contra una niña de 11 años en Jayuya. Otro sacerdote de la misma parroquia, el padre José Martínez Corvera, también fue acusado de actos lascivos contra tres niñas.

En junio de 2006, se presentó una demanda por abuso sexual contra el sacerdote Pedro Silva Villa, por hechos ocurridos 15 años antes en Cayey. El caso fue desestimado en la corte federal, porque el recurso estaba prescrito.

El escándalo más reciente involucra a la diócesis de Arecibo, en conexión con el nuncio apostólico Jósef Wesolowski, quien enfrenta a la justicia dominicana por abuso de menores. Según feligreses los escándalos sexuales en Arecibo se remontan al 2007. Este escándalo llevó a la expulsión del padre José Otero Colón, de la iglesia San Martín de Porres, quien había sido objeto de denuncias de índole sexual. Otros cinco sacerdotes de Arecibo también han sido expulsados desde el 2011.

Otros países también han vivido sus escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes.

En Estados Unidos, por ejemplo, a principios de la década del 2000, tan solo en la diócesis de Boston, se reportaron sobre 80 casos de abusadores, y en la de Chicago otros más de 60. Para entonces se ofrecieron cifras que mencionaban a más de 250 sacerdotes expulsados de la iglesia por abusos sexuales. Desde entonces, según BishopAccountability.org, sobre se han radicado sobre 3,000 demandas de abuso sexual contra la iglesia, y se calcula que la iglesia ha pagado entre 2,000 millones y 3,000 millones para tranzar las demandas, lo que ha su vez ha resultado en la bancarrota de una decena de diócesis. Uno de los casos más sonados fue el del sacerdote John Geoghan, que fue condenado en 2002 a 10 años de prisión por haber molestado sexualmente a más de 130 niños, y fue asesinado por otro reo en 2003.

En Irlanda, los escándalos de abusos han llegado a provocar tales crisis que en ocasiones han forzado la renuncia del gobierno. En un caso particular, en 1997, el sacerdote Brandan Smyth, para entonces de 70 años, se declaró culpable de 74 actos de abuso sexual contra 20 niñas y niños, cometidos entre 1958 y 1993. Fue condenado a 12 años de prisión, pero murió poco después de comenzar la condena.

Otros casos notables también han sido reportados en Canadá, Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Austria, Noruega, Gran Bretaña, Bélgica, Polonia, Alemania, Filipinas, Tanzania, India, y muchos países más.