Alejandro García Padilla pasará a la historia como un gobernador que se distinguió por ir en contra de sus propios actos más que por alguna obra de gobierno visible o distinguible. Distinto al fundador del popularismo, descrito por Cesar Andreu Iglesias en su libro Luis Muñoz Marín: un hombre acorralado por la historia, como un líder sin brújula ante los avatares circunstanciales y los cambios políticos, el actual gobernador es una madeja verbal de contradicciones y de falta de dirección de su administración de gobierno.

En su campaña fue altamente crítico de toda gestión y obra hecha por el gobernador Luis Fortuño, como la consolidación o reorganización de agencias gubernamentales, como las procuradurías, por ejemplo; la reducción de las tasas contributivas a los asalariados, que criticaron y le votaron en contra y luego terminaron optando por radicar sus planillas personales bajo la nueva ley; la imposición de una contribución del 4% en escala descendiente a las compañías extranjeras, también le votaron en contra para ahora aumentarla y prolongarla; la reducción en gastos en nómina pública; el atender la confianza en el crédito de Puerto Rico; las APP, como la del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, que tanto criticaron y luego terminaron aprobando, y que ahora, este concepto, según el propio gobernador, es un componente más en el desarrollo económico del País.

A todo esto debemos añadirle, que el contrato otorgado con el Superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, fue duramente criticado por Alejandro García Padilla y el liderato del Partido Popular, para luego, al llegar al poder, renovarlo y rogarle al mismo Pesquera que se quedase en el puesto. Al Pesquera irse hace unos meses, trajeron al neoyorquino James Tuller. También, el acuerdo con las autoridades federales para combatir el crimen, que tanto criticaron, y al asumir la gobernación acogió con beneplácito y lo llamó “un componente más en la lucha contra el crimen.” A esto, el liderato del Partido Popular lo calificaba como “federalización de la policía”, olvidándose que el Artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales es elocuente sobre quién gobierna en Puerto Rico y que sobre cuatrocientas dependencias del gobierno federal tienen injerencia directa sobre en nuestros asuntos diarios, con la excepción, tal vez, del Negociado de Asuntos Indígenas del Departamento del Interior.

Alejandro García Padilla y sus compañeros, se opusieron contumazmente a la modernización de las escuelas públicas mediante el programa Escuelas para el Siglo 21. Se opusieron, también, al desarrollo de la base de Roosevelt Roads en Ceiba. Con todas las facilidades y terrenos transferidos a Puerto Rico insisten en mantener a las comunidades circundantes en el subdesarrollo y el desempleo. También se opusieron, y no menos importante aún por sus declaraciones de hace unos días, a la reducción del presupuesto del gobierno central. Presupuesto de caracteres colosales y donde los recaudos del gobierno han ido mermando, año tras año, mientras los gastos y la nómina pública han estado en constante aumento.

Las contradicciones, de acción y palabra, del gobernador inciden sobremanera en la salud mental de los que él llamo “la gente”. Estas contradicciones aumentan la percepción que, más que un descalabro, el País, lamentablemente, ya ha caído en un agujero negro sin signos visibles de recuperación a corto o mediano plazo.

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