En lo que representaría un cambio trascendental en la estructura gubernamental, la administración de Alejandro García Padilla se apresta a trasladar competencias del gobierno central a lo que se denominaría como regiones municipales autónomas. La transformación en el modelo de gobernanza se suma a las múltiples iniciativas que va dando a conocer el gobierno como parte de un plan radical para tratar de estabilizar el panorama financiero ante la reciente degradación del crédito de la Isla.

La propuesta de regionalización es el resultado de los trabajos de una comisión que creó el gobernador mediante orden administrativa. La Comisión de Descentralización y Regiones Autónomas, compuesta por unos once miembros, presentará un plan de descentralización en el que los municipios asumirían la prestación de determinados servicios públicos que ahora son responsabilidad del gobierno central pero a un costo menor. El modelo de las regiones autónomas podría estar en operación para finales de este año, según admitió el secretario de Estado, David Bernier, quien estuvo a cargo de dirigir los trabajos de la comisión.

Por su parte, José A. Santiago, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) y uno de los integrantes de la comisión, sostuvo que la semana próxima cumplirán con el encargo de Fortaleza y le entregarán al primer ejecutivo un informe detallado sobre la viabilidad del traspaso de competencias a las regiones autónomas.

El veterano alcalde enfatizó que el traslado de funciones y responsabilidades del gobierno central a los municipios “es una manera de allegar economías para enfrentar la crisis fiscal” y advirtió “que con cada competencia trasladada se tiene que reflejar una reducción en el gobierno central”.

El alcalde agregó que el informe recomienda un plan piloto para poner a prueba la transferencia de competencias en dos regiones, lo que podría posibilitar que efectivamente para finales de este año las regiones autónomas estén establecidas y en funciones. Según Santiago, la iniciativa está predicada “en la realidad de que los municipios pueden hacer la obra pública a un costo menor”.

Por su parte, Bernier, quien aclaró que “será una responsabilidad exclusiva del primer ejecutivo” determinar qué recomendaciones se implementarán, también insistió en que el traslado de competencias del gobierno central a los municipios generará ahorros.

Santiago fue categórico al indicar que, tras el traspaso y delegación de funciones, la reducción del gobierno central tiene que ser visible y cuantificable porque “esto no se hace para que el gobierno central siga creciendo, sino para que se achique, para que sea más pequeño y menos costoso”.

Sin embargo, ni él ni ningún otro de los funcionarios entrevistados con conocimiento de los trabajos de la comisión, pudo ofrecer un estimado de los ahorros que el traslado de competencias le devengaría al gobierno central.

El presidente de la AAPR agregó que “el traspaso de competencias tiene que estar acompañado de la transferencia de fondos para que los municipios puedan hacer cumplir los servicios públicos”.

No habrá despidos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, tampoco pudo ofrecer un estimado de los ahorros que generaría la medida, pero descartó que la contracción del gobierno central lleve a la eliminación de empleos en las agencias. Esto a pesar de que el pago de nómina representan el 80% del gasto público. Perelló aseguró que los ahorros se lograrán “cortando la grasa en los renglones de compras y contratos. La nómina no se va a tocar”.

Agregó que los municipios que reciban las competencias ofrecerán los servicios con su personal actual y si fuera necesario más empleados “se transferiría personal de las agencias, garantizándole sus derechos adquiridos”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, descartó que la iniciativa se pueda llevar a término sin incurrir en despidos. “Que digan la verdad, esto va a costar empleos, porque Hacienda no tiene dinero para pagar la nómina. Yo le he advertido a los alcaldes que hay que estar atentos porque al final le van a sacar dinero a los municipios para pagar la nómina del gobierno central”, dijo O’Neill.

El alcalde se mostró incrédulo sobre si el gobernador y la mayoría legislativa “van a tener la voluntad política para implementar todo lo que implica la transferencia de competencias”. O’Neill dijo estar convencido de que con la medida “va a ser peor porque lo que van a hacer es pasarle competencias a los municipios sin darle todo el dinero que se necesita y la carga de los servicios recaerá en los municipios”, sostuvo mientras aclaró que entendía que habría algunos beneficios con traslado de competencias a los municipios.

Incertidumbre operacional

A pesar de lo avanzado que parece estar el informe de recomendaciones que se presentará a Fortaleza, quedan muchos asuntos por resolver, entre ellos el organigrama operacional del nuevo modelo de estructura gubernamental. No obstante, se han identificado las funciones a delegar.

Entre las competencias que se considera podrían asumir los municipios figuran la construcción y mantenimiento de carreteras, el mantenimiento de escuelas, la vigilancia de los planteles escolares, la transportación escolar, vivienda pública, recreación y deportes y emisión de permisos.

Las regiones no tendrán necesariamente una cantidad determinada de municipios sino que serán configuradas siguiendo varios criterios como la población y los límites evidentes que conforman una región. “Esto es algo que hemos ido haciendo con los alcaldes, con representantes del gobierno central y con los directores regionales de la agencias. Ha sido una planificación estratégica, en la que las regiones también serán formadas por sus necesidades particulares”, aseguró Santiago.

“No hay duda de que los municipios podemos ofrecer mejores servicios que el gobierno central y a menos costo”, agregó. “Por ejemplo, la vigilancia de las escuelas le estaba costando $90 millones al gobierno a través de la agencia de seguridad Génesis. Y ellos solo le daban seguridad al 40 por ciento de las escuelas. Los municipios podemos darles seguridad al 100 por ciento por $60 millones”, explicó Santiago.

La propuesta también contempla evitar la redundancia de servicios que presta cada ayuntamiento. Santiago agregó que la creatividad de las regiones se podrá manifestar por medio de idear la manera más eficiente y económica de ofrecer un servicio. “Si recibimos la competencia de ofrecer permisos, pues no sería viable tener una oficina en cada municipio, sino establecer una oficina con todos los servicios para la región”, indicó el alcalde.

Necesario el cambio de paradigma

Parte del informe de la comisión pone en perspectiva el hecho de que otros países también se han visto obligados a reevaluar sus modelos de administración y han optado por la descentralización. “Es un cambio de paradigma en la administración pública que ya han tomado algunos gobiernos de países desarrollados, quienes han trasladado competencias a las ciudades, lo que las hace más fuertes y el país es entonces más viable”, dijo Santiago.

Ese cambio de paradigma probablemente requerirá enmendar leyes o crear nueva legislación, por lo que Bernier dijo que será responsabilidad de la Fortaleza y de la Cámara, determinar “si será necesario redactar una ley especial o aprobar enmiendas a leyes existentes, para implantar las recomendaciones que sean acogidas por el gobernador”.