La nueva degradación del crédito de Puerto Rico, esta vez por parte de Moody’s Investors Service, representa serias implicaciones para el sector privado pues podría afectar el clima financiero y económico, dificulta la supervivencia de algunos negocios y crea un ambiente de incertidumbre por los ajustes que podría implantar el Gobierno para bajar la deuda pública.

Así lo destacaron ayer representantes de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, de la Cámara de Comercio y del Centro Unido de Detallistas (CUD).

A juicio de Jaime García, director ejecutivo de los Industriales, esta degradación podría afectar el clima financiero a mediano plazo pues le costará más caro al Gobierno pedir dinero prestado, y si el Gobierno no tiene dinero para hacer emisiones de bonos podrían mermar las obras de infraestructura. Esto, entonces, redundaría en menos empleos y agravaría el ya debilitado indicador económico del nivel de empleos en la Isla.

“Si el Gobierno no tiene muchos incentivos económicos para dar, la construcción se va a reducir, las expansiones de los proyectos van a mermar. Pero, ese impacto no se verá en meses, quizás será a mediano plazo, pero es momento de que el Gobierno tome medidas de austeridad y de nuevos ingresos”, sostuvo el ejecutivo.

Esta nueva degradación se veía venir, según el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Cañellas, pues la casa acreditadora Standard & Poor’s lo hizo primero. A su juicio, sin embargo, esta degradación es más seria porque el Gobierno había mirado a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) como otro vehículo para emitir bonos y esta fue degradada.

Este panorama, según Cañellas, puede afectar el bolsillo de los negocios y de los individuos que tengan inversiones en la Isla pues se les hará más difícil mercadearlas.

“Habría que ver cuánta gente está dispuesta a comprar esas inversiones. Si esos valores ya no están puede impactar la supervivencia del negocio y ese negocio va a tener problemas para crecer”, sostuvo el experto, al destacar que el sector empresarial en la Isla ya enfrenta grandes retos por los altos costos de hacer negocio y las bajas en ventas.

Al mismo tiempo, Cañellas mencionó que si un negocio no crece, ese empresario podría tener problemas para pagarle a sus suplidores y pagar el salario de sus empleados, impactando, así, la liquidez de otros negocios e individuos.

Pero eso no es todo. Los entrevistados advirtieron que si en la búsqueda de soluciones para bajar la deuda pública, el gobierno impone nuevas contribuciones aparte de que las que ya existen, el golpe será más duro para el sector privado, que ya enfrenta un alto nivel de tributación.

El sector privado también sufriría consecuencias si el gobierno decide despedir empleados públicos o recortar su jornada laboral.

Para la presidenta del CUD, Enid Monge, la nueva degradación es muy seria y lamentable para Puerto Rico pues encarece las gestiones que tiene que hacer el gobierno local para crear un balance entre bajar la deuda pública y promover el crecimiento de la economía.

Por ejemplo, le resulta preocupante que si el Gobierno se queda sin liquidez, opte por cerrar algunos servicios públicos, lo que afectaría al país completo incluyendo el sector comercial pues el consumidor se verá obligado a limitar sus compras y gastos.

“Como el consumidor no tendrá claro lo que va a pasar, si habrá trabajo o no, eso podrá limitar su decisión de comprar, de gastar, de patrocinar los negocios y, entonces, no se va a mover la economía”, expuso Monge.

La empresaria agregó que como líder del CUD teme que los estrictos ajustes que podría imponer el Gobierno para atraer más dinero a sus arcas, como hacer una fiscalización más agresiva del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), pueda provocar el cierre de pequeños y medianos negocios. “Nos preocupa cómo el gobierno hará el acercamiento al comercio para que cumpla. Tiene que ser una fiscalización adecuada que no complique a otros”, expuso.

Solidaridad del sector privado

Estos líderes empresariales reconocieron que el sector privado tiene que darle la mano al gobierno para bajar la deuda y revitalizar la economía. En ese sentido, la Asociación de Industriales propuso establecer mecanismos más eficientes para captar el IVU, entre otras sugerencias.

La Cámara de Comercio fue más allá al proponer que se aumente el IVU, que actualmente es de 7%, y se elimine el cobro de la patente nacional, pues ese último mecanismo no recoge los fondos que genera la economía subterránea.

“El sector privado es socio del Gobierno para echar el país adelante y es importante que nos sigamos reuniendo con el gobierno para que podamos llegar a mejores soluciones”, expuso Cañellas.

Mientras, Camilo Gómez, presidente de la Asociación de la Industria Farmacéutica, dijo que a través de este proceso turbulento “todos debemos asegurar que, al tratar de resolver los problemas financieros a corto plazo, no pongamos en riesgo nuestra capacidad para generar crecimiento económico y maximizar las oportunidades para sacar la Isla de la actual recesión”.