Federación de Maestros aprueba voto de huelga

Por Brenda Peña López / brenda.pena@gfrmedia.com03/09/2014 | 09:02 p.m.

Luego de reconocer que la lucha por su sistema de retiro no puede recaer sobre un solo gremio, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) aprobó esta noche un voto de huelga que serviría como medida de presión en su intento por frenar la ley 160 pero que sea en común acuerdo con otras organizaciones magisteriales.

Después de más de cuatro horas de debate en una asamblea celebrada en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el gremio aprobó, en una votación cerrada, que se realice una huelga que inicie uno o dos antes de que se impartan las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico en el sistema público, y dejó la puerta abiertas a una posible extensión si el gobierno no deroga la ley.

No obstante, la asamblea aprobó además que se realice en coordinación con las organizaciones magisteriales que componen el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros, conjunto conformado por otras organizaciones como la Asociación de Maestros, Unete y Educamos, entre otros grupos.

Hasta hoy, el colectivo se había mantenido al margen de las decisiones del Frente Amplio.

La matrícula de la federación también avaló promover una asamblea general del magisterio para considerar ese voto de huelga, en un debate que estuvo matizado en ocasiones por gritos de desacuerdo y salidas abruptas de algunos de los afiliados.

Sin embargo, a su salida del anfiteatro, la líder de la federación confió en que se lograrán el consenso necesario para luchar juntos por un mismo propósito.

“Dicha asamblea será en algún día laborable a finales de marzo o a principios de abril, junto a las demás organizaciones magisteriales. Enfatizamos en eso porque sabemos que para que la lucha sea efectiva y logre su propósito, tiene que contar no solo con las demás organizaciones magisteriales, sino con todo el magisterio”, indicó la presidenta de la FMPR, María Elena Lara.

“Confiamos en que las organizaciones que ha estado muy activas defendiendo la derogación de la Ley 160 estén en sintonía con la Federación de Maestros en el sentido de que no hay nada más fuerte que las acciones concertadas para derogar esa ley tan nefasta”, agregó.

Mientras, el expresidente de ese gremio, Rafael Feliciano, se expresó satisfecho con las determinaciones de la matrícula y las calificó como “algo extremadamente positivo”.

“Logramos poco a poco formar un consenso para hacer una huelga que paralice las Pruebas Puertorriqueñas un par de días antes de iniciarse, pero a la vez aprobamos promover una asamblea de todo el magisterio para que podamos unidos derrotar al patrono y conseguir la derogación. Obviamente, las pruebas son un fraude, están desprestigiadas, pero es una palanca muy poderosa para obligar al patrono, y en este caso, al gobierno para que ceda en su intransigencia”, subrayó Feliciano.

Por otro lado, Lara no anticipó cuál sería el plan de acción si el resto de los colectivos que conforman el Frente Amplio determinaran que no están de acuerdo con la huelga.

“Cuando llegue ese momento haremos las evaluaciones debidas. Siempre en nuestra decisión está no solo en un lugar primordial el que haya una coordinación con las demás organizaciones, sino que el magisterio lo avale y si el magisterio avala una acción de lucha, aunque alguna organización magisterial no la avale, pues el magisterio tiene la última palabra”, sostuvo.

El debate, por momentos, se tornó acalorado debido a que una parte de la matrícula se oponía a que la FMPR tuviera que circunscribirse a las decisiones del Frente Amplio con relación a las acciones a tomar para enfrentar la lucha por su sistema de retiro, postura que rivalizaba con la visión de Lara y la vicepresidenta, María M. Meléndez quien abogaban por mayor comunicación con el resto de las organizaciones que componen el frente amplio.

“Nosotros entendemos que tiene que haber una unidad con otras organizaciones para que sea una huelga contundente. No creemos que las pruebas (puertorriqueñas) en sí sea algo que vaya a derogar la ley. Es hacer una campaña hacia unas pruebas cuando entendemos que debe ser más allá, que no es por las pruebas solamente. Podemos decir que vamos a hacer un boicot a las pruebas, pero no llamar un voto de huelga a las pruebas, porque cuando se terminen las pruebas, qué vamos a hacer. ¿Volver a los salones?, explicó María M. Meléndez, vicepresidenta de la FMPR.

“Nosotros creemos que se debe hacer un voto de huelga, pero que se busquen las condiciones más aptas. Que sea en un momento en que uno se puede lanzar a la huelga y que sea indefinida”, agregó.

De hecho, un informe alterno al reporte oficial sobre las recomendaciones del Comité Ejecutivo –que no fue leído en asamblea porque así lo decidió la matrícula en votación– resalta las marcadas diferencias que hay en ese gremio.

“La división por falta de consenso en el seno de la federación es otra manifestación de lo inadecuado que es en este momento imponer una fecha para poner en vigor el mandato de una huelga. Es impostergable seguir creando y fomentando unas condiciones concretas que nos permitan viabilizar una estrategia más abarcadora y fructífera”, señala el documento.

El ambiente de discrepancias que dominó la mayor parte de la jornada provocó que muchos abandonaran el anfiteatro molestos.

José Santiago, maestro en una escuela de Juncos, planteó a su salida su inconformidad con que se pretendiera privilegiar a la minoría. Dijo además que no se escuchaban a los que presentaban mociones que diferían y querían expresarse y que el proceso parlamentario no se manejó de manera adecuada.

«Este es el pan nuestro de la federación todos los días. Tenemos que tratar de llegar al diálogo… Se debe llegar a un acuerdo, que todos hablen sin tratar de minar al otro», apuntó.

Actualmente, el Tribunal Supremo tiene ante su consideración un caso presentado por la Asociación de Maestros para impugnar la ley que contiene los cambios al sistema de retiro del magisterio. Ese pleito se discutirá en una vista oral pautada para el 26 de marzo.