La opinión la presentan no sólo respetados analistas y economistas locales, sino los propios medios estadounidenses en la cobertura del anuncio del viernes con el que la casa evaluadora de crédito Moody’s se convirtió en la segunda en degradar el crédito de la Isla a niveles por debajo de lo recomendado en inversiones.

«Como en todas las crisis de deuda, los impuestos y tarifas han subido en casi todo y a todos. Impuestos por ingresos personales, corporativos, de venta, de ‘pecados’, incluso los impuestos en las primas de seguro han subido o han sido estrenados. Las tarifas de agua subieron 67 porciento para mejorar la solvencia de la agencia. Los empleados públicos y maestros enfrentan recortes a sus pensiones. Los maestros estuvieron de huelga dos días y protestaron cuando la edad de retiro fue aumentada de tan bajo como 47 años hasta al menos 55 para los actuales, y 62 para los nuevos», resumió CNBC.

«A lo largo de todo esto, han seguido mostrando buena fe. Es sólo que va a ser incrementalmente difícil para (el Gobernador) demostrar buena fe ante los bonistas y, a la vez, mostrarle al pueblo de Puerto Rico que está de su lado», ilustró a The New York Times el analista Robert Donahue.

El juego, como siempre, está entre recortar gastos o aumentar impuestos.

L presidenta de la Asociación de Economistas, Martha Quiñones, apuntó que, incluso para lograr la transacción de sobre $3,000 millones que el Gobierno pretende llevar a cabo, deberá recortar gastos que le demuestre a los inversionistas que tiene la suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones.

A juicio de Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, estos recortes de gastos podrían ir en áreas como publicidad, y los contratos de bufetes de abogados, asesores y empleados de confianza.

De no poder ir al mercado, como tiene planificado la administración García Padilla, Marxuach adelantó que podrían experimentarse ajustes en las jornadas de los empleados del Gobierno y alza en impuestos.

“Habría que ver verdaderamente cuál es el acceso que tiene Puerto Rico al mercado. Si verdaderamente los mercados están cerrados, y el Gobierno de Puerto Rico tiene que funcionar sin poder pedir prestado, ya sea a través de COFINA o los bonos de Obligación General, pues sí se va a hacer difícil cumplir con todas las obligaciones del Gobierno. Ahí habría entonces que tomar una decisión de cuáles son los servicios esenciales que el Gobierno debe mantener”, sentenció el representante del CNE.

De entrada, Marxuach clasifica como servicios esenciales lo que concierne al área de educación, salud y seguridad.

“Los servicios no esenciales tendrían que ser recortados, ya sea obligando a los empleados a tomar unas licencias sin sueldo, tal vez cogerse un día a la semana sin paga, vacaciones forzadas, o en el caso más extremo, despidos”, determinó Marxuach.

Sin embargo, Quiñones, reprobó que se contemple la posibilidad de despidos porque recalca que esto agravaría la crisis económica del país al haber más personas desempleadas, que el Gobierno se verá obligado a asistir, y se vería una contracción en los gastos de consumo de los ciudadanos.

Es ahí donde Quiñones entiende que el Gobierno no le quedará más remedio que aumentar el IVU entre un 1 o 2 por ciento. Pero para evitar un mayor impacto regresivo en las personas con menos poder adquisitivo, la economista sugiere que el Departamento de Hacienda establezca algún tipo de mecanismo que permita a estos ciudadanos el obtener devoluciones mediante la radicación de planillas especiales.

No obstante, Marxuach entiende que la economía de Puerto Rico no aguanta más aumentos de impuestos, al considerar que el año pasado se aprobaron varias medidas impositivas con la Ley 40, que incluyó la patente nacional. Esta legislación ha representado un duro golpe a las empresas locales, más que a las multinacionales, opinó.

“Creo que van a tener que hacer una combinación de ambas, aumentar los impuestos y cortar en algunos lados, si están cerrados los mercados”, apuntó Marxuach.

Mientras, Quiñones rechaza que se implemente un IVU al mismo tiempo que un Impuesto al Valor Agregado (IVA), porque “pueden causar desbarajustes totales”.

De otra parte, Marxuach, no lo ve como algo imposible el que se cobre un IVA por los bienes desde que entran a los muelles y un IVU por los servicios, pero advierte es una medida que podría demorar hasta un año en ser implementada.

“En teoría sería posible, pero eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana porque tiene que cambiar la Ley, implementar reglamentos en Hacienda, y tiempo a comerciantes para ajustar operaciones para cumplir con esto, y Hacienda tiene que cambiar sus procesos para poder fiscalizar”, sostuvo el economista.

En esa línea, Quiñones, expuso que si el Gobierno mejora sus métodos de fiscalización del IVU, se incrementarían los recaudos y sería innecesario cualquier aumento en dicho impuesto.

Se le indagó a Marxuach sobre cuán viable veía el que se incrementara el arbitrio a las foráneas que actualmente es de un 4 por ciento, y/o se extendiera su vigencia más allá del 2017, pero tuvo sus reservas.

“Podría ser parte de una solución, pero no puede ser lo único. Lo que me preocupa es que mucha gente lo presenta como la varita mágica que nos va a resolver todos los problemas”, aquilató.

Marxuach trajo a la atención que un reducido grupo de corporaciones pagan dicho arbitrio, por lo que depender solamente de dicha fuente de ingresos sería un riesgo para el Gobierno.

De hecho, para ejemplificar planteó que si 5 o 6 de estas compañías deciden llevarse sus operaciones fuera de Puerto Rico, el efecto inmediato es que el Departamento de Hacienda experimentaría un impacto significativo en los recaudos.

Además, expuso que ya sea aumentando la tasa del impuesto o extendiendo su vigencia, habría que obtener el aval del Departamento del Tesoro Federal para que se prosiga dando crédito a las empresas cuando radican sus planillas al Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Servic, IRS).

De igual modo, Marxuach, avaló la iniciativa del representante Manuel Natal de desarrollar un portal para promover el proceso de concertación social, en la búsqueda de soluciones a la crisis fiscal y económica del Gobierno.

Asimismo, reafirmó que la verdadera clave de estos procesos es que todo los sectores se unan y haya una verdadera disposición de sentarse en una mesa a negociar y ceder, contrario a lo que ocurrió en el comité de diálogo que evaluaba la Reforma al Sistema de Retiro de Maestros.