Con calificaciones ya de «bonos chatarra” por parte de las tres grandes agencias, Puerto Rico confirmó hoy que «en breve» va a tener que volver a pedir prestados miles de millones de dólares para pagar o refinanciar sus deudas más apremiantes.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que gestiona las finanzas de la isla, anunció este martes que ultima las gestiones para volver al mercado, al que no acude desde agosto pasado, debido en gran parte a los elevados intereses que exigen los inversores para comprar sus bonos.

De hecho, los bonos puertorriqueños llevan meses negociándose a intereses típicos de bonos «basura» o «chatarra», aunque no ha sido hasta esta última semana cuando las agencias han dado el paso de bajar sus calificaciones hasta el grado especulativo (en el que se agrupan las inversiones que se consideran demasiado arriesgadas).

Rompió el hielo Standard & Poor’s el pasado martes, día 4; el viernes se sumó Moody’s, y hoy Fitch ha sido la última en dar un paso que para las finanzas de la isla puede ser dramático, ya que con estas calificaciones muchos inversores se ven obligados a desprenderse de la deuda de la isla de forma anticipada.

«Estamos decepcionados con la decisión de Fitch, aunque nos complace que haya reconocido la respuesta rápida y decidida de Puerto Rico a los desafíos que han surgido en los últimos años», dijeron hoy la secretaria del Tesoro, Melba Acosta Febo, y el presidente del BGF, David Chafey, en un comunicado conjunto.

Al igual que Moodys, Fitch bajó la calificación hasta el segundo escalón del grado especulativo, argumentando que «las recientes rebajas han desencadenado nuevos requisitos de liquidez y reducido las expectativas de acceso al mercado».

Con este argumento reconoció que su decisión se debe al hecho de que las otras agencias también hayan bajado la calificación, por lo que a Puerto Rico se le pone más difícil obtener financiación.

De hecho, admitió que desde noviembre, que es cuando decidió revisar sus calificaciones, «no se han registrado desarrollos negativos significativos en las finanzas» de este Estado Libre Asociado a EE.UU.

En sus explicaciones, añade que Puerto Rico «ha respondido con rapidez y decisión a los desafíos que han surgido en los últimos años y la actual Administración ha hecho un progreso significativo en el tratamiento de los problemas de crédito».

Fitch cree que el compromiso del Gobierno de lograr el equilibrio fiscal y el cumplimiento de sus compromisos con los tenedores de bonos «sigue siendo fuerte».

Sin embargo, la economía de la isla ha estado en recesión desde 2006 y, en su opinión, los signos iniciales de recuperación detectados en 2012 «parecen haber sido más un reflejo de estímulos económicos que un verdadero crecimiento».

Con esta nueva emisión, que según los datos que se han ido filtrando podría oscilar entre los 2.000 y 3.500 millones de dólares con un plazo de entre 15 y 20 años, se pretende refinanciar o pagar la deuda ya existente que tiene un vencimiento más próximo.

«Hemos completados medidas significativas en el último mes para mejorar nuestra salud fiscal y estamos listos para acceder al mercado con una nueva emisión de bonos de obligaciones generales», dijo hoy Chafey, sin aclarar cantidades o plazos.

De hecho, aunque estaba previsto que mañana el equipo financiero del Gobierno ofreciera explicaciones a inversores y analistas, hoy anunció que retrasa una semana esa vídeoconferencia.

La degradación ha tenido impacto en el mercado de deuda municipal, que se calcula que mueve unos 3,7 billones de dólares y donde cerca del 70 % de los fondos mutuos que lo componen tienen algo de deuda puertorriqueña, que resulta muy atractiva para los inversores estadounidenses porque está exenta de impuestos y ofrece tipos de interés altos.

Los mercados temen que la situación financiera de la isla se complique hasta el punto de que en un momento dado Puerto Rico decida dejar de pagar sus deudas, algo que el Gobierno insiste constantemente en decir que no va a ocurrir.

Con una deuda emitida de unos $70,000 millones (casi el cuádruple que la acumulada por Detroit cuando protagonizó la mayor quiebra de la historia en el mercado de deuda municipal), Puerto Rico no puede acogerse a la protección del capítulo 9 de la ley estadounidense que regula la bancarrota, debido a su peculiar estatus político.

De momento, el Ejecutivo confía en poder renegociar o pagar las deudas más apremiantes, mientras recorta gastos públicos, algo que quiere hacer sin despedir a empleados públicos en una isla donde el Gobierno es el mayor empleador con gran diferencia, y aumenta los ingresos, para lo que va a intensificar su lucha contra el elevado fraude fiscal y prepara una reforma del sistema contributivo.