La colocación a nivel de chatarra de los bonos de varias corporaciones públicas tendría el efecto de encarecer sus costos operacionales y por consiguiente, el de los servicios que prestan a la ciudadanía.

Tras la decisión de las casas evaluadoras Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service y Fitch, las corporaciones públicas podrían, por ejemplo, verse imposibilitadas de implementar sus programas de mejoras capitales por falta de financiamiento, mal que también repercutiría sobre los programas de mantenimiento preventivo.

Carreteras en mal estado e insuficiencias en la infraestructura de parques, puertos y aeropuertos, entre otras áreas, son solo algunas de las posibles consecuencias de la degradación crediticia. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), corporaciones públicas que brindan servicios considerados esenciales, los ciudadanos deben estar atentos a posibles aumentos tarifarios.

Esta última opción no es del todo descabellada si se considera que a partir de ahora, a las corporaciones públicas les resultará más difícil acudir al mercado de bonos (emitir deuda). De hacerlo, se expondrían a pagar intereses mucho más altos por esa nueva deuda, dinero que terminarían pagando los contribuyentes a través de las facturas de luz y agua, por ejemplo.

“En un país como Puerto Rico, donde buena parte de los servicios están en manos del Estado, una degradación crediticia significa costos incrementados para las corporaciones públicas. Eso, a su vez, permea a los consumidores por medio de servicios más altos; un incremento en el costo de los servicios”, sostuvo ayer el economista Santos Negrón.

“La degradación crediticia genera una ola contra el bolsillo del consumidor. La degradación perjudica a todos en una forma u otra, por lo que es un problema que debemos afrontar todos. Es importante que el Gobierno movilice todos sus recursos para mitigar este impacto macroeconómico”, añadió Negrón, al recalcar que la acción de las casas evaluadoras “influye en todo”.

“No se contemplan despidos”

Precisamente, varios jefes de corporaciones públicas entrevistados ayer por El Nuevo Día aseguraron que ya están tomando distintas medidas para mitigar los posibles efectos e implicaciones de la degradación crediticia.

Inclusive, negaron que los servicios que prestan a la ciudadanía se verán afectados pues, según dijeron, el gobernador Alejandro García Padilla los instruyó a “hacer más con menos”.

El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, sostuvo que aunque el presupuesto de la corporación pública no depende del Fondo General, se están evaluando diversos aspectos, como la revisión de todos los contratos, para obtener mejores precios; continuar reduciendo los contratos profesionales, que ya se han disminuido de 170 a 65; y mejorar la eficiencia y estabilidad operacional.

“No se contemplan despidos, pero sí el unificar procesos administrativos que redunden en un ahorro sustancial para la AEE. La degradación no afecta los proyectos de mejoras, ya que la emisión de bonos que se hizo a comienzos del 2013 garantiza los fondos para costear el programa de mejoras capitales para dos años y medio”, dijo Alicea.

Indicó, además, que no se vislumbra un posible aumento en la factura de luz, y que los proyectos que se están llevando a cabo, como el Aguirre Offshore GasPort, “están dirigidos a enfrentar los retos energéticos de la Isla de forma integrada y eficiente para lograr una reducción permanente en la factura de los clientes”.

De paso, Juan Rosario, representante del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE, destacó la urgencia de conseguir financiamiento para el Aguirre Offshore GasPort, ya que “las esperanzas están cifradas en ese proyecto para bajar el costo energético”.

“Esta degradación complica el panorama. Nosotros no tenemos duda de que la AEE, por sí sola, no podrá ir al mercado de bonos para conseguir el financiamiento para este proyecto del puerto de gas. Vamos a tener que buscar una manera de financiar el puerto de Aguirre”, dijo Rosario.

A su juicio, las “reducciones grandes” por eficiencias administrativas en la AEE ya se hicieron, por lo que la corporación pública debe enfocarse en reducir los millones de dólares que concede en subsidios todos los años.

El año pasado, por ejemplo, la AEE otorgó $80 millones en subsidios a varias empresas, así como $285.2 millones a los municipios en la llamada contribución en lugar de impuestos.

“Pero aparte de estos subsidios que son legislados, la AEE le da un subsidio al Gobierno central: las agencias públicas no pagan su energía y por eso hay que estar financiándolas por casi $300 millones. Una de las cosas que tiene que hacer la AEE es poner a pagar a las agencias”, enfatizó.

Disciplina económica

De otra parte, el presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, expuso que están tomando medidas de disciplina económica “bien rigurosas” para mejorar la salud fiscal de la corporación pública, tales como la publicación del primer informe de rendición de cuentas divulgado la semana pasada.

“Hemos realizado proyectos de eficiencia energética que nos ayudan a bajar los gastos por concepto de ese consumo, y los proyectos del programa de mejoras capitales cuentan con el dinero necesario producto de un préstamo que obtuvimos con la banca privada en este año fiscal”, dijo Lázaro.

Añadió que en la AAA se eliminaron los bonos de productividad, los teléfonos celulares, vehículos de flota, se recortaron gastos, alquileres y se bajó los gastos en nómina de confianza.

“Estamos mirando los contratos de servicios profesionales y buscando oportunidades de reducir otros renglones de gastos”, comentó.

En términos similares se expresó Víctor Suárez, director ejecutivo de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y la Autoridad de los Puertos, quien aseguró estar implementando una “política de austeridad” en ambas corporaciones públicas.

En el caso de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, mencionó que la nómina de confianza se redujo en más de 10% y se han buscado “maneras creativas” de generar ingresos, como conseguir nuevos auspicios y nuevos lugares de arrendamiento.

“Nuestras instalaciones van a seguir operando tal y como lo hacemos”, dijo Suárez, al precisar que en el caso de Puertos, la nómina se redujo de 900 a 600 gracias a un plan de retiro incentivado y que se han vendido activos “que no son esenciales” para las operaciones aeroportuarias.

Entretanto, Francisco del Castillo, administrador interino de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, manifestó que no tienen contemplado volver al mercado de bonos, por lo que la degradación crediticia “no afecta directamente” los servicios que reciben los participantes activos, pensionados y beneficiados.

Dijo que Retiro implementó controles para la reducción de gastos administrativos, que se complementan con la aprobación de varias medidas de inyección de capital, como la Ley 96.

Por último, Grace Santana, directora ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), expuso que la degradación “no tiene consecuencia directa en la ciudadanía”, ya que los proyectos que gerencia la corporación pública corren con presupuestos de otras agencias.