Mar Gonzalo
San Juan, 9 mar (EFE).- Puerto Rico regresará la próxima semana a los mercados de deuda para tratar de colocar 3.000 millones de dólares a un precio que se promete alto pero necesario para atender sus compromisos más urgentes, mientras busca cómo salir de la situación financiera más delicada de su historia reciente.
Según el folleto de emisión difundido por este Estado Libre Asociado a EEUU de 3,6 millones de habitantes, la fijación del precio de sus obligaciones generales tendrá lugar el martes.
El interés al que se conceda esas obligaciones -que se cree que podría oscilar entre el 9 y el 10 %- es el precio que deberá pagar por endeudarse, un mes después de que las grandes agencias relegaran su calificación crediticia al grado especulativo (el de los bonos «basura» o «chatarra»).
Los detractores de esta emisión consideran que sólo contribuirá a elevar aún más una deuda que supera ya los 70.000 millones de dólares, diez veces más per cápita que la media de los estados de EEUU.
La representante de la oposición Lourdes Ramos dijo esta semana que los intereses estarán al nivel de la «usura» y añadió: «Cualquiera te fía si le empeñas la casa, la mujer y los hijos y luego te atreves a firmar una cláusula de esclavitud».
De hecho, los analistas coinciden en que puede haber suficiente demanda para cubrir la emisión, ya que estas obligaciones están exentas en todo EEUU de impuestos federales, estatales y municipales.
Se trata de la primera emisión de obligaciones generales de Puerto Rico en dos años (desde marzo de 2012), en parte debido a los elevados intereses que ya se exigían, pero, según el Gobierno, es imprescindible para cumplir con sus compromisos de deuda vencida o próxima a vencerse.
Esta emisión tiene la garantía de que la Constitución de Puerto Rico obliga a que, ante escasez de fondos, los inversores tengan prioridad en el cobro.
En cualquier caso, en el folleto de emisión, difundido el jueves por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se advierte de que se trata de una inversión con cierto riesgo, si resulta que la isla no tiene «suficiente acceso a los mercados de capital o fuentes alternativas de financiación para atender sus necesidades de liquidez».
De hecho, y con la promesa del Gobierno de, por primera vez en más de una década, funcionar en el próximo ejercicio fiscal con un presupuesto sin déficit, Puerto Rico podría tener que reducir sus gastos públicos en 1.500 millones de dólares.
«Tenemos intención de utilizar los ingresos principalmente para pagar líneas de crédito pendientes con el BGF, fortalecer la liquidez del BGF, y refinanciar otras deudas pendientes», dijeron los máximos responsables del Tesoro, Melba Acosa, y del citado banco, David Chafey.
En un comunicado añadieron que esta emisión «apoyará las agresivas medidas en curso para continuar con el fortalecimiento de su situación fiscal y proporcionará una mayor flexibilidad para avanzar en el desarrollo económico y las iniciativas de creación de empleo».
La economía de la isla ha caído cerca de un 13 % desde 2006 y sufre un sangrante éxodo poblacional, una bajísima participación en el mercado laboral y una elevada tasa de criminalidad que dificultan la recuperación económica, afectada también por unos elevados precios energéticos y cambios en la política impositiva federal sobre las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico.
El Gobierno de Alejandro García Padilla, que accedió al poder en enero de 2013, ha emprendido medidas para equilibrar sus cuentas, con recortes en pensiones, aumento de impuestos y reducción de gastos públicos.
La agencia Moody’s ha otorgado a esta emisión una calificación de Ba2 dentro del grado especulativo, advirtiendo que si no logra recaudar suficientes fondos, y ante «la apremiante necesidad de liquidez», podría bajarle «varios escalones» más su perfil crediticio.
«Creemos que Puerto Rico reunirá suficiente dinero en efectivo en la próxima emisión de deuda como para mantener un adecuado perfil de liquidez hasta finales de 2015», añadió en un informe publicado el pasado 28 de febrero. EFE
mgl/tcr
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Recortes en el presupuesto serían de más del doble de lo anticipado (documento)
Por: Eva Laureano para NotiCel
Publicado: 10/03/2014 05:31 am
El Gobierno de Puerto Rico podría tener que recortar $1,500 millones del presupuesto del 2015 en vez de los $650 millones que había anunciado en recortes si no controla aumentos en gastos y en las fórmulas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Rama Judicial, según información contenida en el documento de la emisión de $3,000 millones en bonos que saldrá al mercado esta semana.
Carlos Rivas, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (Josian Bruno/Archivo NotiCel)
No obstante, economistas y legisladores dijeron que eso era muy poco probable en gran medida porque las expectativas de ingresos se han estado cumpliendo.
El gobierno recortó unos $170 millones del presupuesto vigente. El Gobernador se propone enviar a la Legislatura en abril un presupuesto para el año fiscal 2015 sin déficit pero para lograrlo debe hacer sobre $650 millones en recortes.
El listado que contiene el documento de los riesgos que podrían enfrentar los compradores de los bonos establece que cabe la posibilidad de que el Estado Libre Asociado no pueda balancear el presupuesto en el 2015 debido a que enfrenta unos $850 millones en costos que podrían aumentar el mismo.
Estos costos incluyen mayores compensaciones a empleados debido a los convenios colectivos, aumentos en las contribuciones de las pensiones, incrementos en el servicio de la deuda y las fórmulas de la UPR y tribunales.
“En ausencia de acciones correctivas, la Oficina de Gerencia y Presupuesto estima que estos aumentos en costos le añadirían $850 millones al presupuesto… Asumiendo que los ingresos en el 2015 no aumenten en comparación con el 2014, se requerirían recortes en gastos de $1,500 millones o más”, sostiene el documento.
Algunas de las medidas correctivas enfrentarían oposición de constituyentes y serian difíciles de proponer e implementar, dice la declaración.
El economista José Alameda, no obstante, dijo que “eso no va ocurrir” al destacar que el gobierno ha estado obteniendo suficientes recaudos como para no tener que hacer recortes tan drásticos en el próximo presupuesto. “Yo entiendo que no. Los recaudos del gobierno andan bien y eso ayuda a resolver el problema”, dijo.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Nadal Power, fue más lejos al indicar que no sabía a lo que se refería el informe del BGF. Destacó que al momento no se prevé recortes profundos pero no quiso elaborar acerca de en dónde se harán.
“Vamos a eliminar ciertos subsidios a corporaciones públicas y habrá consolidaciones de agencias pero no quiero dar más detalles”, dijo Nadal Power.
No obstante, la Legislatura ya está previendo una reforma gubernamental y habrá un simposio de dos días para obtener ideas sobre cómo achicar al gobierno. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, José Varela, dijo espera obtener ideas de ese simposio y no quiso adelantar sobre los recortes.
No obstante, fuentes aseguran que la propuesta regionalización de municipios es una de las ideas para reducir el Gobierno ya que se transferirían tareas del gobierno central a los municipios.
El documento de la emisión indica que Puerto Rico está a la merced de 27 contribuyentes que son los que pagan el arbitrio de 4% impuesto en el 2010 a las corporaciones foráneas. El ingreso impuesto bajo la Ley 154 representó el 19.7% de los ingresos del gobierno o alrededor de $1,400 millones. “El arbitrio temporero fue pagado por 27 grupos de contribuyentes afiliados, de los cuales seis representaron el 75% de lo que se recolectó”, dice el documento. En el 2017, el impuesto se sustituiría por un ingreso de origen modificado, el cual podría no generarle suficiente dinero al gobierno. Además, existe el riesgo de que el Tesoro federal elimine el crédito contributivo federal que hace posible el arbitrio.
Nadal Power dice que al momento no hay planes de mantener el arbitrio. “No hay planes de cambiar la fecha de expiración y no debe haber sorpresas. Si se hace, tiene que ser en consulta con los grupos afectados”, dijo.
Alameda dice que entiende que podría haber una gran presión para mantener el impuesto y que en este momento hay que mantenerlo. Destacó la importancia de mantener certeza en el área empresarial.
De otra parte, el documento reveló que el gobierno prescindió de los servicios de la firma de auditores Deloitte & Touche para hacer auditorías independientes de las finanzas. El gobierno contrató los servicios de KPMG para hacer las auditorías pero la firma no participó en la confección de los documentos financieros contenidos en el documento de la emisión.
El BGF no contestó preguntas de NotiCel en torno a los motivos que llevaron al gobierno a prescindir de los servicios de Deloitte & Touche.
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Con el crédito en un hilo, Gobierno le metió al BGF $484 millones en préstamos en 2014
Por: Eva Laureano para NotiCel
Publicado: 10/03/2014 07:01 am
A pesar de que una ley del 2001, que fue enmendada recientemente, le impone restricciones al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al otorgar préstamos cuyas fuentes de repago sean inciertas, la cartera de préstamos de la institución aumentó en $484 millones en los primeros seis meses del año fiscal 2014.
El presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, David Chafey. (Josian Bruno/Archivo NotiCel)
El Departamento de Hacienda, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el municipio de San Juan están entre los 20 prestatarios más grandes del BGF.
La cartera de préstamos del BGF totaliza $9,970 millones, lo cual ha puesto a la institución en una situación delicada de liquidez. Unos $2,920 millones de los préstamos fueron otorgados al Gobierno central, $4,840 millones a las corporaciones públicas, $2,170 millones a los municipios y $36 millones al sector privado.
La información está contenida en el informe especial de liquidez publicado recientemente con motivo de la colocación de una emisión de bonos de $3,000 millones esta semana.
Los municipios que más dinero deben al banco son San Juan ($428 millones), Guaynabo ($142 millones), Ponce ($111 millones), y Toa Baja ($84 millones).
El BGF no contestó llamadas ni correos electrónicos enviados por NotiCel a la oficina de prensa en donde se le solicitan los nombres de los alcaldes que incurrieron en esas deudas.
El listado de agencias con los préstamos más altos la componen el Departamento de Hacienda, que debe un balance de $2,191 millones; la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene un balance de $229 millones y el Departamento de Educación que tiene un balance de $110 millones.
Unas 13 corporaciones públicas le deben fuertes sumas de dinero al BGF. La ACT le debe $1,709 millones; el Fideicomiso de Comunidades Especiales $360 millones; la Autoridad de Edificios Públicos $346 millones; el Fondo de Desarrollo de Turismo $274 millones; la Administración de Servicios Médicos $274 millones y la Autoridad de los Puertos $254 millones.
De la emisión de $3,000 millones, el BGF espera obtener $1,700 millones que le ayudarán a mantener liquidez, de acuerdo al informe.
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