La busca de la eficiencia – Una de 10-12 Columnas de ENDI es Pro-USA, Positiva, Constructiva

La busca de la eficiencia

Wanda Goyco

Estamos atravesando por una crisis económica donde todos debemos ceder y negociar para poder convertir el Gobierno en un sistema más costoeficiente y de esta forma sacar a Puerto Rico a flote. Todos nos vemos afectados y dependemos unos de otros.

El Gobierno debe considerar prácticas de la empresa privada, las cuales siempre buscan la efectividad, sobreviviendo a las altas y las bajas de la economía. Recientemente se ha estado hablando acerca de las cantidades que reciben en el bono de Navidad los empleados públicos. Esta práctica se debe regular tal y como ocurre en la empresa privada donde los empleados reciben hasta un 6% del salario de los primeros $10,000. Es decir, $600 siempre y cuando cumplan con las 700 horas de labor requerida durante el período de 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente.

Esta partida pudiera ser mayor dependiendo de la ejecutoria del empleado y si la situación económica de la empresa lo permite. Como norte debemos ser productivos y eficientes desde el inicio de manera que los resultados sean favorables al final del año.

De igual forma, en el Gobierno para exceder la bonificación mínima, se deben verificar factores como la condición económica y atar el bono adicional a una ejecutoria sobresaliente del empleado. Si queremos mejorar eficiencia y servicio pensemos que de igual forma debemos compensar midiendo resultados. El Gobierno debe buscar uniformidad y congruencia en estos procesos en todas las agencias gubernamentales.

El diálogo con los líderes sindicales es vital para llegar acuerdos sin que ninguna de las partes sienta que ha perdido. Por el contrario debe ser un diálogo honesto donde todas las partes cooperen para aportar a que Puerto Rico eche hacia adelante y encaminarse hacia un balance económico saludable.

Los disfraces de la corrupción

Antonio Quiñones Calderón

Durante las pasadas semanas hemos observado un desfile de informes nada agradables que parten desde la Oficina del Contralor y abultan el largo expediente de actos de corrupción que empleados y funcionarios de poca, mediana o mucha monta siguen escenificando sin ton ni son. El repaso de los más recientes informes deja al desnudo al jefe de agencia que se dio la “dolce vita” con dulce compañía allende los mares con cargo a fondos públicos, sigue con la colusión entre empleados y conductores para limpiar ilegalmente multas de tránsito por un par de pesos. Continúa con el esquema de cheques por más de $3 millones a trabajadores acogidos al Fondo del Seguro del Estado que los “cobraban” desde la fría tumba en que estaban hace buen rato y concluye con el funcionario de Hacienda con más de diez años de servicio que eliminaba deudas de comerciantes con el IVU a cambio de $5,000 por cabeza.

Desde luego que ésos no son sino cuatro ejemplos tomados al azar para no violar el límite de palabras de esta columna. Pero dan viva cuenta de que la corrupción pública en Puerto Rico continúa imparable a pesar de las cerca de 200 leyes anticorrupción aprobadas desde la creación constitucional de la Oficina del Contralor en 1952. Lo que a su vez, como planteo en mi nuevo libro “Corrupción e impunidad en Puerto Rico”, más que nuevas leyes, lo que demanda el grave problema de la corrupción pública es una alianza moral de todos los actores de la vida pública puertorriqueña que refuercen la ética en el servicio público y devuelvan a éste la mística que una vez lo distinguió aquí y en el exterior.

El anterior aserto queda confirmado con el siguiente dato: de las cerca de 200 leyes anticorrupción aprobadas desde aquel año, el mayor número de ellas (72) fue aprobado durante los dos cuatrienios del gobernador Pedro Rosselló. Irónicamente, durante esos ocho años, la corrupción gubernamental –extorsiones, sobornos y malversaciones– le costó al pueblo de Puerto Rico la cantidad de $3,339 millones, es decir, más de $417 millones por año.

Y en 2009, el entonces jefe del FBI en San Juan, Luis Fraticelli, estimó que ese costo había ascendido ese año a $860 millones, o sea, $443 millones más que el promedio de 1993 a 2000.

El cuervo rapaz de la corrupción está continuamente en alto vuelo en el servicio público. Lo comprueban las encuestas de El Nuevo Día que constantemente lo sitúan en el cuarto problema que más preocupa a los puertorriqueños, como quedó registrado en las de marzo de 2012, noviembre de 2013 y en la de este mes.

De ahí que resulte traumático tomar nota de los varios intentos legislativos –¿de buena o mala fe?, no lo sé; ¿hábiles disfraces de corrupción?, no lo sé–, cuya consecuencia última sería cercenar los foros legales existentes para fiscalizar o dirimir la ocurrencia de actos corruptos en el Gobierno. Dos de tales iniciativas debilitarían o harían desaparecer gran parte de los mecanismos que tiene la Oficina de Ética Gubernamental para atacar las malas prácticas en el servicio público.

Quisiera pensar que es cierto que los autores de tales iniciativas están considerando no seguir impulsándolas.

La más reciente de las embestidas contra esos foros parte del vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau, quien quiere y, por sus expresiones públicas, lo quiere con fervor, que desaparezca la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. Su alegación de que el organismo ha devenido en algo ineficaz no guarda relación con los hechos: de los 2,750 funcionarios o empleados públicos investigados durante las décadas del 1900 al 2000 analizados para mi libro, 1,616 fueron acusados y sometidos a juicio a través de la Oficina del Panel del Fiscal Independiente y de ellos, 1,454 (el 90%) fueron hallados culpables.

Claro que hay fallas en ese organismo; entre ellas, permitir a los FEI contratar con agencias públicas y municipios, entidades susceptibles de ser investigadas por ellos. Pero el dolor de cabeza no se quita cortándole la cabeza al paciente.