El juez asociado Roberto Feliberti Cintrón no participó de la vista, ya que se inhibió del proceso.
Mientras los abogados de la parte demandante afirmaban que la legislación debe ser declarada inconstitucional por menoscabar las pensiones de los maestros y porque no se tomaron en cuenta otras medidas alternas a la Ley 160, los abogados del Gobierno reiteraban que, sin esta medida, los profesionales se habrían quedado sin jubilación segura y que si la Ley 3 que reformó las pensiones de los empleados del Gobierno central fue constitucional, está también debería serlo.
«Debido a que no se tomó en cuenta que hasta 7,000 maestros se pueden retirar, el SRM podría colapsar tan temprano como en 2018», argumentó el abogado Rafael Ortiz Mendoza en representación del grupo Educamos, señalando que, con la ley 160 el SRM colapsará antes de lo previsto sin la legislación, que era en el 2020. El licenciado sostuvo que el Gobierno tampoco tomó en cuenta ese retiro masivo, por lo que la Ley 160 «agrava el problema» del SRM y podría provocar un disloque en el sistema de educación pública.
Por su parte, la abogada Vanessa Carballo, en representación de la Organización de Directores y Administradores Escolares (ODAE), reiteró que el SRM «nunca» ha sido solvente, por lo que es necesario que el Gobierno le dé respaldo, ya que los maestros «son diferentes» al resto de los empleados públicos porque no cotizan para el seguro social.
Ante este planteamiento, el juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, cuestionó la necesidad de realizar otro estudio mientras el SRM se va «desplomando» y afirmó que si se dejaran llevar por el hecho de la posibilidad de retirarse, él se habría retirado hace 10 años, es decir, no todo el que se puede retirar lo quiere hacer.
El abogado de la organización de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), Francisco González, indicó que si se hubieran tomado en consideración otras medidas a la Ley 160, se habría minimizado el impacto sobre las pensiones magisteriales. Además, reiteró que no sólo se dislocará el sistema educativo, sino la economía del país.
«Aquí el consenso es que están dando una medicina que no tiene patente», afirmó el juez asociado Luis Estrella, ante los planteamientos de los abogados del magisterio.
Por parte del Gobierno, el abogado Rafael Escalera, en representación del SRM, señaló que si se dejaba el sistema como estaba, se afectaban las pensiones futuras de los maestros, todo el fondo general y hasta otros constribuyentes. Además, sostuvo que la Ley 160, aunque no resuelve del todo el problema del SRM, alarga su vida. «La perfección no es del reino de este mundo», acotó indicando que no se ha podido demostrar la irrazonabilidad de la Ley 160.
Escalera afirmó también que sí se evaluaron otras propuestas y que el hecho de que 10,000 maestros hayan pedido información en el SRM no significa que se fueran a retirar y da como datos que con la Ley 3 podían retirarse 15,000, pero sólo lo hicieron 9,000. Ante esto, el juez asociado Eric Kolthoff sostuvo que, en efecto, si se tomará esto en consideración, quería decir que de 10,000 podrían retirarse 7,000, lo que ya se ha dicho que afectaría el sistema educativo, a lo que el abogado respondió que «nadie dice que alguien puede predecir al sentado cuántos se van a retirar».
Por su parte, la procuradora general de Justicia, Margarita Mercado, en representación del Departamento de Educación (DE), desmintió que la Ley 160 vaya a provocar que el SRM se quedará sin dinero antes del 2018, pero no pudo precisar las razones del gobierno para, luego de imponer la Ley 160, comenzar a reducir su aportación al SRM.
«¿Cómo es que reduciendo la pensión aseguran que le salvaron la pensión a los maestros?», le cuestionó Kolthoff a Mercado provocando un amague de aplausos entre los presentes. «Los maestros tiene que agradecer que esto es una medida justiciera», acotó la procuradora general de Justicia.
Mientras, el juez asociado Rafael Martínez Torres le indicó a la procuradora general que «el rol de este tribunal es garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones contractuales» y le cuestionó las razones para que hubiera dinero para un aumento salarial a los maestros, pero no para mejorar el SRM.
Al finalizar la vista, el juez Kolthoff le agradeció al juez presidente su servicio por más de dos décadas en el Supremo y le deseó éxito en su etapa de retiro, que comenzará en abril.
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