EL VOCERO / Agustín Santiago

Presidente de Reznick Capital Market Securities

En los últimos años, Puerto Rico ha pasado de ser uno de los lugares más codiciados para los proyectos de energía renovable hasta convertirse en uno de los menos atractivos. Muchos de los principales desarrolladores de energía renovable de Estados Unidos, así como de Europa, soñaban en que algún día serían capaces de construir de 20 a 100 MW de proyectos de energía renovable en Puerto Rico, para enfrentar la triste realidad de que luego de varios años y millones de dólares invertidos, no han podido retribuir sus esfuerzos. Para los desarrolladores de energía renovable, Puerto Rico tenía todos los ingredientes de una tormenta perfecta -en el buen sentido de la palabra- para el desarrollo de estos proyectos: alto costo de energía, una jurisdicción de Estados Unidos que tuvo acceso a subsidios o crédito contributivo por inversión (CCI) y, supuestamente, buenos contratos con una entidad que mantenía una excelente clasificación crediticia: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En esencia, el gobierno ha permitido a la AEE cambiar el juego continuamente, por lo que no se sabe quién realmente está al mando. ¿Es el Gobierno o la AEE? Para los observadores externos, parece claro que la AEE está a cargo. Y a pesar de lo que sus líderes han manifestado a la prensa, lo cierto es que No les interesa desarrollar proyectos de energía renovable. ¿Por qué? Si en términos prácticos es más barato. Es más limpio. La gente de Puerto Rico lo quiere…  La realidad del caso es que hay otra fuerza en juego aquí. Ha sido bien documentado que los sindicatos, que en última instancia controlan el voto (y por lo tanto la AEE), no lo permitirán.

Aquí los efectos de esa malintencionada estrategia.

*AEE emite casi 2,000 MW en contratos para adquisición de energía (PPC/power pruchase contracts).

*AEE cambia de liderazgo y va tras la pasada administración en busca de irregularidad o infracciones con respecto a algunos de los contratos que fueron ejecutados.

* AEE decide imponer un nuevo requisito técnico mínimo (MTRs) para los proyectos, alegando que son necesarios para proteger la red. Esencialmente, los MTRs requieren que los desarrolladores instalen un sistema de baterías, cuyo costo podría ascender, inicialmente, a $10 millones. Esta cifra se dispara automáticamente cuando se considera mantenimiento.

* Reiteradamente, la AEE se niega a proporcionar orientación sobre los MTRs o los procedimientos operativos, por lo que nadie consideraría financiar un proyecto de construcción en Puerto Rico.

* Aun cuando la AEE finalmente se ve obligada a proporcionar esa data, los proyectos no son viables financieramente porque se incluyen disposiciones que nunca serían aceptadas por los inversores o las instituciones financiadoras. Esto no es un error.

*La mayoría de las organizaciones de Estados Unidos que cuentan con el capital y experiencia para construir y mantener dichos proyectos, decidieron abandonar a Puerto Rico luego de que sus divisiones financieras desistieran de esa inversión.

* Las principales entidades en el mundo del financiamiento de proyectos abandonaron a Puerto Rico y actualmente se niegan a considerar financiar proyectos en la Isla. ¿Por qué hacer negocios con una AEE que mantiene una clasificación crediticia de segunda, y que continuamente obstaculiza los procesos y no está dispuesto a establecer un camino claro para la construcción y conexión de proyectos renovables?

Entonces… ¿Ganará la AEE? Ciertamente eso es lo que parece. He visto casi todos los proyectos en Puerto Rico, y mi convicción es que sólo uno o dos pueden ser construidos y terminados en 2014. Pero vamos a examinarlos con matemática simple.

* Puerto Rico quiere 600 MW de proyectos renovables.

* Digamos que son capaces de movilizar 500 MW y que cada uno de los sistemas son construidos/valorado en $3/ vatio.

* Eso asciende a unos $1.5 billones en gastos, que se traduce en $500 millones en ITC’s (investment tax credit), algunos tienen el Subsidio 1603, pero sujetos a una retención de 7%.

* Uno o dos inversores de capital contributivo (tax equity) en los Estados Unidos están dispuestos a tomar entre $50 y $ 100 millones en las ITC’s.

* Una o dos entidades financieras están dispuestas a prestar hasta $100 millones en Puerto Rico, pero posiblemente sólo con otros requisitos, tales como garantías, provisiones de bloqueo, etc…

¿Quién saldrá perjudicado al final del día?