Luego que analicen las más de 40 medidas sometidas por el Ejecutivo la semana pasada, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes presentará un presupuesto alterno que revise estrictamente el gasto público.

Así lo adelantaron este domingo la representante Jenniffer González, portavoz de la minoría azul en la Cámara, y el representante Antonio “Toñito” Silva, expresidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, luego que trascendiera que el presupuesto recomendado por el gobernador Alejandro García Padilla para el próximo año fiscal incluye cerca de $540 millones en impuestos adicionales o recortes que, según ambos legisladores, profundizarían la crisis económica del País.

“Las ineficiencias administrativas del Gobierno no las puede pagar el ciudadano… Nosotros vamos a someter un presupuesto alterno, de eso no tengan duda. Vamos a someter, como hicimos el año pasado, un presupuesto de alternativas para cuadrar el presupuesto de este año fiscal, pero a diferencia del año pasado, yo esperaría que lo revisaran”, afirmó González durante una conferencia de prensa en su oficina legislativa.

La representante se refirió a un documento titulado “Ingresos Consolidados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, presentado junto al presupuesto, que incluye una lista de 14 gravámenes o recortes que afectan a diversos sectores de la sociedad, desde trabajadores asalariados, personas de edad avanzada, inmigrantes, a las corporaciones y a los consumidores en general.

“Estas medidas impositivas siguen ahogando las oportunidades de los puertorriqueños en cuanto al consumo diario”, indicó la expresidenta cameral.

Entre las medidas impositivas o de ajustes, los representantes del PNP mencionaron la eliminación de un crédito por trabajo de hasta $450 para aquellos trabajadores que devengan $27,500 o menos, la reducción de bonos de $400 para las personas de 65 años o más, la eliminación de ciertas exenciones del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) en alimentos de consumo diario y un impuesto de 5% sobre las transferencias de dinero.

Destacaron también el gravamen que se contempla fijar sobre la marihuana para fines medicinales, si se aprueba la legislación que actualmente está ante la Cámara, un alza en la tributación sobre ingresos pasivos y en las contribuciones sobre la ganancia de capital de las corporaciones y la regulación de las máquinas tragamonedas.

González destacó, además, que el cobro del IVU en los puertos -legislado el año pasado, pero que entra en vigor en julio- en última instancia tendrá un efecto directo en los bolsillos de los consumidores.

“Se cobrará el IVU desde la entrada (en los puertos), creando un complicado sistema de créditos que encarecerá aún más el costo de los productos en la cadena de distribución, costo que pagará finalmente el consumidor. Se elimina el certificado de revendedor. Esto limita el flujo de efectivo y encarece el producto”, subrayó.

La subsecretaria de prensa de La Fortaleza, Yanira Hernández, rechazó que se trate de impuestos nuevos, como alegaron los representantes del PNP.

“Impuestos nuevos, no hay ninguno. Todos son ajustes a impuestos que ya existen o ya legislados, pero que no se estaban cobrando”, dijo Hernández a este medio.

Mientras, con una enorme carpeta en frente, Silva criticó que el Ejecutivo presentara sobre 40 medidas legislativas relacionadas con el presupuesto al cierre del mes de abril, lo que deja a la Asamblea Legislativa con apenas mes y medio para evaluar todas las medidas. Las legislaciones deben ser aprobadas por ambas cámaras a más tardar el 25 de junio para quedar aprobadas durante la presente sesión, que concluye el 30 de junio.

Silva, además, insistió que el principal problema fiscal del gobierno radica en el gasto público, y dijo que la administración de García Padilla todavía no ha presentado un plan de desarrollo económico que sirva de soporte a las medidas presupuestarias presentadas.