Ante la posibilidad de una sustancial reducción a los beneficios negociados en convenios, se propone, entre otras cosas, que el Gobierno declare una moratoria en el pago de las deudas para que ese dinero sea utilizado para cubrir los gastos operacionales. Esto supone un incumplimiento con las obligaciones contractuales con los inversionistas.

Aunque la propuesta presentada por los gremios podría parecer sensata dentro de la situación que atravesamos, lo cierto es que las implicaciones legales de tal acción tienen el potencial de ser la gota que colme la copa. Además, ciertamente podría tener el efecto de perjudicar a los mismos que hoy la solicitan. Veamos.

La única manera de lograr que el Gobierno posponga el pago de la totalidad de la deuda con los bonistas sería el detener los pagos unilateralmente, declararse insolvente y, de esa forma, forzar un renegociación de los términos de esta con los acreedores bajo un proceso de reorganización. Este tipo de negociación se ha llevado a cabo en otras jurisdicciones, tal como ocurre hoy día en Detroit. Sin embargo, debido a que las corporaciones públicas no tienen acceso a la reorganización bajo las leyes de quiebra federales, el proceso de reorganización sería uno a nivel local, una reorganización criolla. Como parte de dicho proceso se designaría uno o más síndicos que como parte de sus responsabilidades determinarían cuáles serían los usos que se les darían a los ingresos de las corporaciones públicas. Es ahí donde reside el problema para los unionados.

El o los síndicos no harán otra cosa que darles prioridad a las diferentes obligaciones que deberán pagarse de acuerdo con lo que estos entiendan es prioritario y a los acuerdos a los que puedan llegar con cada uno de los acreedores, incluyendo inversionistas, suplidores, contratistas y empleados. Dada la cantidad de deuda con que cargan estas entidades y la necesidad que tienen de continuar financiando gran parte de las operaciones, es lógico concluir que los bonistas no aceptarán acuerdo alguno que no provea de garantías de que ellos serán los primeros en fila al momento en que las corporaciones estén en posición de pagar. Así las cosas, la posición en la que se encontrarán los unionados resulta desventajosa, toda vez que en esa negociación no estarían representados sus intereses. Dicho de otro modo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.

Todos sabemos que nuestra economía se encuentra en su peor momento. Por ello el impacto de un paro general podría ser similar al cierre del Gobierno en mayo de 2006, evento del que todavía Puerto Rico no se ha recuperado.

Tristemente, hoy vemos cómo la crisis fiscal que hoy vivimos pudo haberse evitado si la presente administración hubiese continuado con las medidas de austeridad que implantó el PNP el cuatrienio pasado y si hubiese acogido las soluciones que Pierluisi ha presentado para balancear el presupuesto y promover el desarrollo económico. La intransigencia del liderato del PPD para escuchar propuestas de los demás componentes de la sociedad ha generado la tempestad con la que hoy tenemos que lidiar. Veremos si recapacitan.