Se adelantó que mañana miércoles el equipo fiscal del gobierno de Puerto Rico estará reuniéndose con las agencias acreditadoras Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s Investor Service en Nueva York.
“El objetivo de estas reuniones, como ha sido la práctica de esta administración, será compartirles información actualizada sobre el progreso de Puerto Rico en el frente fiscal y económico”, se indicó en comunicación escrita.
Se explicó que como parte del económico estarán la Secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, el Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David H. Chafey, el Presidente Interino del BGF, José V. Pagán Beauchamp y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Carlos Rivas Quiñones, entre otros funcionarios.
Todo apunta a que la reunión conllevará acciones más concretas que informar solamente porque en otras reuniones recientes no asistía prácticamente todo el equipo económico.
Esta reunión se produce a solo días de que las casas acreditadoras Moody’s y Fitch emitieran comentarios poco favorables sobre la economía local y sus repercusiones sobre las instituciones bancarias.
De hecho, las agencias de crédito han levantado preocupación sobre la posibilidad de que el ELA no logre los recaudos esperados, luego que Hacienda revelara el pasado mes que en abril no alcanzó su proyecciones y hubo un desfase de sobre $400 millones mes a mes, a sólo dos meses para cerrar el presente año fiscal.
Una próxima nota sobre la calidad crediticia del ELA, ya en el nivel especulativo o chatarra, depende precisamente del cumplimiento con las expectativas de crecimiento económico, muy atado en el caso de las finanzas públicas, al nivel de recaudos.
Economistas locales ya han advertido también que ven poco probable que se logren los ingresos esperados y que los próximos números sobre el Índice de Actividad Económica, no reflejen sino la tendencia de una economía sin progreso.
Atentos a una segunda degradación
Sin embargo igualmente entienden que una segunda degradación en estos momentos, a cuatro meses de la primera degradación sería un acto de injusticia ya que no le concede al gobierno de Puerto Rico el tiempo suficiente para que pueda ver algún resultado de las medidas tomadas, sino que siguen ajorando al gobierno con expresiones negativas y degradando la banca.
El economista Luis Benítez sostuvo que el ambiente para una segunda degradación está pautado desde el primer momento, cuyo efecto inicial sería el encarecimiento de tomar prestado y la urgencia de buscar más dinero para el pago de la deuda. “Se trata de un problema adicional sobre el presupuesto y por ende sobre el fondo general. La economía tiene que crecer más allá de reducir el gasto o despedir empleados públicos”, expresó.
Para Benítez la opción de solicitar pagos adelantados a contribuyentes corporativos podría ser una alternativa a corto plazo para generar flujo de efectivo, pero aclaró que es un ingreso que responde a un periodo posterior, que entiende más adelante hará falta. Cuando se pide pago de contribuciones en adelantos generalmente se concede un descuento a las corporaciones.
De igual manera, Benítez sostuvo es injusto que las casas acreditadoras vengan a cuatro meses de la anterior degradación a bajar otro escalafón sin ver los resultados de las medidas gubernamentales establecidas y no darle espacio a la economía para crecer. “Ninguna economía crece en cuatro meses, esperar eso sería injusto”, sostuvo.
En este particular coincidió el economista Santos Negrón, quien entiende una segunda degradación ahora sería “un acto de sadismo” por parte de las agencias crediticias contra un país que intenta salir de una contracción larga y profunda. “Este panorama realmente nos condena perpetuamente al retroceso y el estancamiento. Hay que darle tiempo al gobierno para ver las posibilidades reales de la Isla ante las nuevas medidas implantadas”, indicó.
Negrón aseguró que la posibilidad de una segunda degradación se puede disipar si el gobierno logra cuadrar sus finanzas y ubicarse en posición de ir a los mercados para la construcción de infraestructura y no pago de deuda. Con ello entiende se genera un efecto multiplicador que incide en la movilización de la empresa privada y de la banca. De concretarse la degradación sostuvo que obliga a pagar intereses más altos, lo que cerraría las posibilidades del país para regresar al mercado.
Con este particular no coincide el economista Pedro Silva, quien sostuvo que la posibilidad del cierre de los mercados para la Isla no es real ya que la estructura administrativa del gobierno es un ente que percibe ingresos los 365 días al año. Agregó que el país tiene muchas alternativas para generar ingresos que no están contemplando y que tienen que comenzar a hacerlo para lograr repuntar la economía. Entre ellos mencionó el Puerto Las Américas, desarrollo de pequeños comercios y el repunte de la agricultura, entre otros.
Para el economista Argeo Quiñones los elementos para una segunda degradación están visibles, producto de la continuidad de la fórmula de la medicina amarga, la cual sostuvo no ha redundado en beneficio para el país, y por el contrario ha sido tóxica. Mencionó que ha conducido a la Isla a la situación que atraviesa, muy cerca del impago.
No obstante, el economista Vicente Feliciano se mostró optimista y comentó que otra degradación de las obligaciones generales del país tiene un impacto marginal, ya que desde la degradación en febrero el evento crediticio más importante fue la emisión de $3,500 millones, cuyo efecto en la clasificación fue positivo.
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Seattle aprueba salario mínimo de $15 la hora
El tema ha dominado la política del municipio durante meses. El alcalde Ed Murray, elegido el año pasado, había prometido durante su campaña elevar el salario mínimo a 15 dólares por hora. Un miembro del Ayuntamiento recién electo también había impulsado la idea.
La medida entrará en vigencia el 1 de abril de 2015.
El plan contempla un incremento gradual a lo largo de varios años, y un proceso más lento para pequeñas empresas. La ordenanza da a las empresas con más de 500 empleados a nivel nacional al menos tres años para implementar el aumento. Aquellas que provean seguro de salud tendrán cuatro años para completar el incremento. Las empresas más pequeñas tendrán siete años.
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