Lutgado Acevedo LópezAgentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron esta madrugada en su residencia en Aguadilla al juez Manuel Acevedo Hernández, quien se convierte en el primer magistrado en ser acusado por un Gran Jurado por corrupción judicial.
Trascendió que el contable Lutgardo Acevedo López también fue acusado por un Gran Jurado. Acevedo López lleva más de un mes fuera de Puerto Rico.
El pasado 14 de abril la residencia del juez fue allanada por agentes del FBI, quienes, según fuentes de EL VOCERO, buscaban dinero.
Ayer, el hermano de Acevedo López, del mismo nombre, compareció ante un Gran Jurado que evaluaba prueba en relación a este caso. Otros allegados al contable también declararon ante el panel acusador.
La investigación contra el juez tiene que ver con la relación entre Acevedo López, el juez y el exfiscal Joseph Esparra.
Esparra fue acusado por soborno, destrucción de evidencia y violaciones a la Ley de Ética al presuntamente utilizar su posición para su beneficio personal.
Alegadamente, el exfiscal prometió al contable un resultado favorable en un caso a quien él mismo había acusado a cambio de que intercediera con sus contactos en el Partido Nuevo Progresista (PNP) para que lo nombraran fiscal de distrito en propiedad.
Acevedo Hernández fue quien en marzo del 2013 absolvió a Acevedo López por conducir en estado de embriaguez, homicidio negligente y obstrucción a la autoridad, tras atropellar al guardia de seguridad Félix Babilonia en Moca.
Acevedo López fue acusado por daños a la propiedad al presuntamente destruir documentos que alegadamente servían de evidencia.
El juez Acevedo Hernández será llevado al Tribunal Federal para comparecer a la vista inicial ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé.
En serios problemas el juez Manuel Acevedo Hernández
AGUADILLA: De corroborarse la versión ofrecida por un agente de la Uniformada que asegura haberlo visto viajando en el vehículo de un sujeto presuntamente detectado manejando bajo los efectos del alcohol , el juez superior Manuel Acevedo Hernández, podría verse involucrado en una pesquisa administrativa por parte del Tribunal Supremo. Se alega que el incidente se suscitó en días recientes mientras personal de la División de Transito efectuaba un bloqueo y revisión de documentos en una carretera de Aguadilla.
Como dato curioso, la persona detenida al azar por las autoridades, era según trascendió, un allegado al contador público, ex policía y abogado Lutgardo Acevedo López, recientemente exonerado por el magistrado Acevedo, del homicidio negligente del guardia de seguridad Félix Babilonia Valentín.
Luego de examinar la prueba desfilada por los fiscales y no concederle credibilidad a los testigos de cargo, incluyendo a policías, el juzgador de Aguadilla procedió a declarar no culpable al señor Acevedo López, del accidente de tránsito donde perdió la vida el guardián que residía en Moca.
Coincidencia o no, el juez Acevedo Hernández deberá explicar que hacía viajando en el auto del individuo, supuestamente, sorprendido metido en palos y porqué no optó por irse a su hogar en otro automóvil. Las redes sociales se han invadido con los comentarios de ciudadanos que piden investigar de inmediato la conducta del magistrado Acevedo Hernández. El delicado asunto fue reseñado este jueves en “Telenoticias” del Canal 2.
Cosecha federal a la vista
Fuentes cercanas de EL VOCERO informaron ayer, que el hermano del contable Lutgardo Acevedo López, quien tiene el mismo nombre y varios de sus allegados, comparecieron ante un Gran Jurado que evalúa prueba contra el suspendido magistrado.
Según las fuentes, también se dieron cita ante el Gran Jurado, el inspector de la Policía, Charles Medina y un empleado de Acevedo López. El panel acusador ha sesionado en múltiples ocasiones sobre este caso. Según las fuentes, las autoridades evalúan la posibilidad de someter cargos por violaciones a la Ley de Crimen Organizado (RICO Act).
El caso está a cargo del fiscal federal Timothy Henwood. La investigación contra el juez Acevedo Hernández tiene que ver con la relación entre Lutgardo Acevedo López, el juez y el exfiscal Joseph Esparra. Además del magistrado, hay varias personas que también están en la mirilla de las autoridades federales.
El 14 de abril agentes del FBI allanaron la residencia del magistrado, localizada en la carretera PR-459, sector Corrales en Aguadilla. EL VOCERO supo que durante el allanamiento los agentes federales buscaban dinero en efectivo.
Esparra fue acusado por soborno, destrucción de evidencia y violaciones a la Ley de Etica al presuntamente utilizar su posición para su beneficio personal.
Alegadamente, el exfiscal Esparra prometió al contable Acevedo López un resultado favorable, en un caso a quien él mismo había acusado a cambio de que intercediera con sus contactos en el Partido Nuevo Progresista (PNP) para que lo nombraran fiscal de distrito en propiedad.
El caso por el que Acevedo López fue acusado fue por haber apuntado con un arma de fuego a Orlando Soto Ventura, propietario del restaurante Mesa Criolla en Moca, en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2010. El contable fue acusado por amenaza y violar el artículo 5.15 de apuntar con un arma de fuego.
Según Soto Ventura el altercado se originó luego de que Acevedo López llegó a su restaurante borracho y agresivo y comenzó a hacer comentarios contra dos policías que estaban en el negocio en su tiempo libre. Uno de ellos le dio a Acevedo López un puño que le partió la frente. Más adelante, Acevedo López le insistió a Soto Ventura que le revelara la identidad del agente agresor porque quería buscar a dos personas del barrio Aceituna de Moca para que le pegaran dos tiros a su agresor.
El comerciante se negó y presuntamente Acevedo López le dijo que “alguien iba a pagar por esto”. Soto Ventura también rehusó entregarle copia del video de las cámaras de seguridad del establecimiento que había captado el incidente.
En otro hecho aislado, el juez Acevedo Hernández fue quien en marzo del 2013 absolvió a Acevedo López por conducir en estado de embriaguez, homicidio negligente y obstrucción a la autoridad, tras atropellar al guardia de seguridad Félix Babilonia en Moca.
Acevedo López fue acusado por daños a la propiedad al presuntamente destruir evidencia. El 11 de abril el agente Elvin Soto, adscrito a la división de Tránsito en Aguadilla, confirmó que el magistrado Acevedo Hernández viajaba en un vehículo que conducía un empleado de Acevedo López y que fue detenido por los agentes estatales.
Tras las investigaciones previas, el magistrado Acevedo Hernández fue relevado de sus funciones judiciales y administrativas por la jueza presidenta del Tribunal Supremo Liana Fiol Matta.
La Oficina de la Administración de Tribunales mantiene activa una pesquisa sobre otros incidentes relacionados a la conducta de Acevedo Hernández. El magistrado lleva 32 años en la judicatura en la zona oeste de la Isla.
En agosto del pasado año el director del FBI Carlos Cases anticipó la creación de una escuadra para investigar la rama judicial.
Viuda de víctima de accidente reacciona al arresto del juez Acevedo
Por Daileen Joan Rodríguez05/29/2014 | 09:33 a.m.
«Ese fue el juez que absolvió al contable y lo dejó libre, sabiendo que borracho mató a mi esposo», comentó con cierto alivio Leslie Perez Rodríguez.
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Aguadilla. «Emocionada», así dijo estar la viuda del ex oficial de seguridad Félix Babilonia, al enterarse del arresto del juez Manuel Acevedo Hernández, quien absolvió al contable Lutgardo Acevedo López alegadamente a cambio de dinero.
«Ese fue el juez que absolvió al contable y lo dejó libre, sabiendo que borracho, mató a mi esposo», comentó con cierto alivio Leslie Perez Rodríguez, quien no se levanta del duro proceso por el que ha tenido que vivir tras la muerte de su esposo, el 30 de junio de 2012, en medio de un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el contable supuestamente bajo los efectos del alcohol.
«Lo dejó libre sabiendo que no mató a un animal, sino a un ser humano, padre de un hijo que hoy tiene seis años y todavía pregunta por qué el que mató a su papá está libre», fueron sus firmes declaraciones.
La viuda destacó que luego del accidente se tuvo que mudar a vivir con su madre, Miriam Rodríguez Lasalle en el barrio San Antonio en Aguadilla «porque ha sido duro levantarse».
Ha sido su madre quien ha estado presente en todo el proceso judicial que terminó con el fallo del juez Acevedo Hernández a favor del contable.
«Nunca me di por vencida. Todos los días lloraba hasta que en abril, cuando el FBI allanó la residencia del juez, me llamaron para colaborar con la investigación», señaló Rodríguez.
«Es algo que sabíamos que venía. Desde que empezó el juicio sabía que era una payasada, pero quién era yo para pararlo», expresó la suegra de Babilonia que cumple dos años de muerto sin haber visto justicia para su caso hasta ahora.
Trascendió esta mañana que en el pliego acusatorio de las autoridades federales, hay una segunda persona, cuyo nombre será revelado a las 11:00 am en una conferencia de prensa que dará la fiscalía federal.
El contable Acevedo López se encuentra alegadamente fuera del país, pero fuentes apuntan que él es esa segunda persona que señala la investigación del FBI.
Judicatura: “¡Que pasen los federales!”
POR ALEX DELGADO – 4:00 AM
«Nuestra judicatura sabe que tiene manzanas podridas»
“Hace unos meses, el nuevo director del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, expresó en un tono estridente y prepotente que el FBI iba a investigar la judicatura Puertorriqueña. Adujo que en nuestra judicatura había corrupción… Ya han pasado varios meses y todos nos preguntamos dónde están las acusaciones de Cases en contra de los jueces”, expresiones de Julio Fontanet, ex presidente del Colegio de Abogados, el 5 de diciembre de 2013.
“Tenemos un nuevo procónsul en la ‘provincia romana’ de Puerto Rico. Se llama Carlos Cases y es tan arrogante, en su infinita ignorancia sobre su función y su clientele, como lo fue en su día su antecesor en el puesto, el inolvidable Luis Fraticelli. Ha llegado este burócrata rebuznando contra todo y todos los que no adoren el becerro de oro: los federales en Puerto Rico. Su arrogancia se ceba en las actitudes flojas y blandengues del gobierno de Puerto Rico cuando tocan lo federal en la frontera de las jurisdicciones: policías, fiscales y jueces”, dijo José Arsenio Torres, ex secretario del Departamento de Educación (que usaba propiedad del pueblo para transportar plátanos de su finca privada), el 1 de abril de 2014.
“No sé qué impulsó al señor Cases a hacer tan desmedida aseveración en contra de toda una judicatura, pero asumo que algún resultado judicial, o posiblemente varios resultados, no fueron de su agrado”, expresó el juez puertorriqueño del Primer Circuito de Apelaciones en Boston, Juan Torruella, en el mes de abril de 2014.
“No te preocupes, Sancho, pues si los perros ladran, es señal que vamos caminando”, dijo Don Quijote a Sancho Panza en la obra literaria “Don Quijote de la Mancha”, del español Miguel de Cervantes.
El Federal Bureau of Investigation (FBI) en la Isla, bajo la dirección de Carlos Cases, de Luis Fraticcelli y otros en el pasado, así como la Fiscalía Federal bajo Rosa Emilia Rodríguez, van caminando. Es normal que los “perros” salgan a ladrar. El perro suele ser un animal territorial, y como tal defiende su territorio de lo que entiende son intromisiones ajenas, sean con buenas o malas intenciones.
Cuando Cases anunció un grupo para investigar la corrupción judicial, era por que la “peste” era insoportable en ciertos casos. La Administración de Tribunales, el Departamento de Justicia, el Colegio de Abogados y figuras como las mencionadas lo resolvieron poniéndose unos “taponcitos” en la nariz y “se fue la peste”. Todos sabían que había casos que a “tomates no olía”, pero respondían poéticamente: “es nuestro sistema de justicia, funciona con sus virtudes y defectos… tenemos que confiar en él…”. ¿En serio? ¿Eso era lo más que podían hacer para combatir la corrupción judicial? Que le digan eso a la familia de Félix Babilonia, el guardia de seguridad que murió en el accidente con el contable Lutgardo Acevedo, caso por el cuál este último y el juez Manuel Acevedo fueron acusados de extorsión y soborno para “cuadrar” el caso y que el contable saliera impune. No los acusó el Departamento de Justicia, fue el FBI y Fiscalía Federal.
El pasado jueves, con el arresto del juez, fue un día triste para la clase togada, y muy bueno para el pueblo de Puerto Rico porque salió un rayo de luz. Nuestro sistema de justicia no tiene la voluntad de limpiar la casa. Pues si ellos
no la quieren limpiar porque temen perder el “prestigio” de la toga y el mallete, que venga otro a limpiar, a cortar la “maleza” para sacar los ragieros, asi sea un ragierito o 20 ragieros.
Nuestra judicatura sabe que tiene manzanas podridas, pero no hace gran esfuerzo por combatirlas. El que, por politiquería ideológica, prefiera tener jueces “putrefactos” antes de dejar entrar a los federales para que limpien, pues su mente está igual de putrefacta. Es nuestro sistema de justicia y debe brillar, ya sea por luz propia o porque le prendan un “flashlight” desde “la Chardón”. Estoy seguro que los jueces corruptos son los menos, pero un juez corrupto es suficiente para cometer una injusticia monumental. Los jueces responsables y honestos, tienen mi respeto. ¿Los corruptos? Pues ya saben… los “federiiicooos”… “los cocorooocos” estan en la calle, les duela o no a los Fontanet, Torres o Torruellas. Termino recordando que uno de los casos judiciales “apestosos” fue el de la “Masácre de Pájaros” (donde los acusados salieron bien en el foro estatal y se declararon culpables en el federal). No olvidemos que la Administración de Tribunales “investigó” dicho proceso y concluyó que más limpio no pudo haber estado. Ojalá y así sea.
FBI arresta al juez Manuel Acevedo
Por Mariana Cobián05/29/2014 | 05:42 a.m.
El portavoz Moisés Quiñones indicó que la acusación está sellada y no se brindaría más detalles hasta las 11:00 a.m. conferencia de prensa en la Fiscalía Federal en Hato Rey.
El juez Manuel Acevedo Hernández, conocido como Papi y Napo, recibió sobornos por parte del contable Lutgardo «Papo» Acevedo López a cambio de absolverlo por el caso que pesaba en su contra por homicidio negligente.
Por estos hechos, un gran jurado federal emitió ayer un pliego acusatorio con tres cargos contra ambos por conspiración y soborno. Mientras, otras personas que intervinieron en el esquema, también son investigados y podrían ser arrestados en cualquier momento.
Es la primera vez que un juez es acusado por actos criminales a nivel federal. De ser encontrados culpables, se exponen a una pena máxima de 10 años de cárcel.
«El juez Acevedo Hernández no solo violentó, sino masacró la base de los Cánones de Ética Judicial, y con esto manchó y laceró, injustamente, la institución que precisamente existe para hacer valer los derechos de los ciudadanos», expresó el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, quien catalogó el suspendido juez del Tribunal de Aguadilla como «corrupto».
Acevedo Hernández fue arrestado esta mañana en su residencia en Aguadilla por agentes del FBI, y están coordinando con el abogado de Lutgardo Acevedo para ser arrestado más adelante, ya que se indicó que está fuera del país.
El juez comparecerá ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé para la vista inicial, y se adelantó que los fiscales no solicitarán que se mantenga detenido por entender que no es peligro a la comunidad ni riesgo de fuga.
La jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó que el juez solicitó y acordó recibir dinero, objetos de valor y otros beneficios a cambio de favorecer a Lutgardo Acevedo en el caso que pesaba en su contra por impactar otro auto, provocando la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia, mientras conducía en estado de embriaguez. Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2012 y fue acusado por homicidio negligente.
OPINAN SOBRE EL ARRESTO DEL JUEZ MANUEL ACEVEDO
El juez Manuel Acevedo Hernández, conocido como Papi y Napo, recibió sobornos por parte del contable Lutgardo «Papo» Acevedo López a cambio de absolverlo por el caso que pesaba en su contra por homicidio negligente.
«El 25 de marzo de 2013 comenzó el caso criminal en el Tribunal de Aguadilla presidido por el juez Acevedo Hernández. Dos días después, el juez absolvió al contable de todos los cargos», recordó Rodríguez.
Según la acusación, Acevedo Hernández y el contable conspiraron para que el juez se enriqueciera al solicitar, acordar y aceptar pagos y cosas de valor a través de una tercera persona, identificado como «Comerciante B». Rodríguez detalló que el esquema duró de noviembre de 2012 a enero de 2014.
Explicó que para llevar a cabo el esquema, el juez, el Comerciante B y la «Persona A», que era un familiar del Acevedo Hernández, se reunieron en un restaurante en Aguadilla para discutir el caso criminal en contra de Lutgardo Acevedo. El juez acordó favorecerlo durante el proceso criminal a cambio de la ayuda por parte del acusado para que lo nombraran como juez del Tribunal de Apelaciones y le consiguiera empleo a la «Persona A y a un segundo implicado, identificado como “Persona B», y quien se cree también es miembro de la familia del juez.
La pesquisa reveló que en diciembre de 2012, la defensa de Lutgardo -integrada por los abogados Mayra López Mulero y Harry Padilla- sometieron una moción para que le devolvieran al acusado su vehículo BMW, el que estuvo involucrado en el accidente, esto para que no pudieran examinarlo. El juez lo concedió. El magistrado también dio paso a una moción en la que pedía que la fiscalía no presentara testigos de reputación.
En enero de 2013, el Comerciante B pagó $2,200 a nombre del juez para saldar una deuda que tenía con el Departamento de Hacienda, y pagó $1,000 el 15 de febrero de 2013 para los mismos fines.
El 21 de enero, e juez se reunió con «Persona D», identificado como un comerciante, y discutieron cómo podría ayudarlo para lograr su objetivo de ser juez del Apelativo. Ya tenían los resumés de las personas A y B para que les dieran empleo.
Entre enero y marzo de 2013, el Comerciante B y la Persona C le entregaban al juez los borradores de las mociones que la defensa del caso de Lutgardo Acevedo para que las revisara y asegurarse que decidiría a favor del acusado.
«Los abogados de defensa y otras personas llevaron documentos al juez ida y vuelta. No que los llevaran ellos personalmente, pero estas personas estaban involucradas y hago la aclaración de ‘otras personas’… Lo que no estamos haciendo es tapando el cielo con la mano porque todos sabemos quiénes eran los abogados», aclaró Rodríguez.
Entre enero y mayo de 2013, Comerciante B y Lutgardo Acevedo acordaron pagarle al juez la remodelación del garaje de su casa para guardar sus vehículos clásicos. El mismo comerciante le regaló una motora al juez valorada en $1,200.
Poco después de ser absuelto, el 1 de abril de 2013, Lutgardo Acevedo le facilitó $25 mil al Comerciante B para cubrir todos los gastos de las cosas de valor que le estaban regalando al juez, como ropa y accesorios, relojes y gemelos. Incluía almuerzos y cenas en restaurantes del área de Aguadilla.
El día que le entregó todos esos regalos, el 5 de abril de 2013, el Comerciante B fue detenido por la Policía de Puerto Rico por guiar en estado de embriaguez y el juez, que estaba con él, intervino para que no lo acusaran.
El 17 de abril de 2014, Lutgardo Acevedo y el Comerciante B crearon un contrato con fecha retroactiva para justificar los pagos y regalos que le hizo a través del Comerciante B.
«En este caso la evidencia es sólida y contundente y enfatizo que la investigación continúa. También quiero recalcar que el juez Acevedo Hernández no es representativo de los jueces de la Rama Judicial de Puerto Rico. La mayoría de los jueces y demás empleados de la Rama Judicial son servidores públicos honestos y trabajadores y no deben ser juzgados por las acciones repugnantes y detestables cometidas por el corrupto juez Acevedo Hernández», señaló Cases, quien en agosto de 2013 anunció que en octubre comenzaría a operar una escuadra para investigar la Rama Judicial y sus componentes.
«Lo que más me llena de satisfacción en este caso es darle la esperanza a la familia de Babilonia que se va a hacer justicia por la muerte de su querido Félix», agregó Cases.
Rodríguez aclaró que el entonces fiscal de distrito de Aguadilla, Joseph Esparra, no tiene que ver con este caso, pero que la investigación continúa, en específico contra las personas no identificadas que participaron del esquema para absolver a Lutgardo Acevedo y sobornar al juez.
Indicó que acusarán al resto de los participantes cuando el caso esté preparado.
Los fiscales del caso son el jefe de la unidad de cuello blanco, Timothy Henwood, el jefe de la unidad de crímenes violentos, José Capó, y Peter Mason, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington D.C.
Reacción de la Judicatura
Al darse a conocer el arresto esta mañana, la juez presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, recalcó que la Rama Judicial tiene una política pública de «cero tolerancia» contra la corrupción judicial y recordó que Acevedo Hernández fue relevado de sus funciones tan pronto ocurrió el allanamiento en su residencia en abril pasado.
Indicó que solicitó a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) que amplíe la investigación que ya está en curso en contra del juez suspendido por violaciones a los Cánones de Ética Judicial.
“Mi primera expresión pública tras ser designada jueza presidenta, en referencia a hechos relacionados a los que hoy nos ocupan, fue establecer que la Rama Judicial de Puerto Rico tiene una política pública firme de cero tolerancia a cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia. Dije en esa ocasión, y hoy lo reafirmo con mayor vehemencia, que para nosotros esa confianza no es negociable”, señaló la juez en un comunicado de prensa.
Añadió que “reconozco que el juez Manuel Acevedo Hernández tiene el derecho que nos cobija a todos y a todas a la presunción de inocencia, pero también es cierto que sobre la función judicial no puede caer ni la más mínima sombra de duda. Por eso, cuando suspendí al juez Acevedo Hernández ordené, simultáneamente, una investigación de su conducta a la luz de los Cánones de Ética Judicial. Esa investigación está próxima a concluir, pero le he requerido a la Oficina de Administración de los Tribunales que la amplíe para atender la conducta imputada que surja de la acusación federal”.
Fiol Matta indicó que la Rama Judicial cooperará con las autoridades locales y federales para lograr procesar a aquellos que violenten las leyes dentro del sistema.
“Al pueblo de Puerto Rico le aseguro que en nuestros tribunales laboran jueces y juezas que son personas íntegras y amantes de la justicia. Les exhorto a mantener la confianza en su sistema de justicia que le ha servido bien a Puerto Rico por tantos años y les reitero nuestro compromiso firme e inquebrantable de continuar trabajando para garantizar una judicatura íntegra, dedicada e imparcial”, aseguró.
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