Le arrebatan los fondos al Centro de Trauma de Mayagüez

4 de junio de 2014 

Le arrebatan los fondos al Centro de Trauma de Mayagüez 

El Capitolio-La portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, junto al representante Ángel Muñoz Suárez, denunciaron un millonario desvió de fondos públicos, originalmente, dirigidos a completar la construcción del Centro de Trauma del Oeste.Displaying Angel Muñoz y Jenniffer González 4 junio 2014.jpg

“Durante el pasado cuatrienio, asigné como Presidenta de la Cámara de Representantes $10 millones para completar el Centro de Trauma de Mayagüez que tanta falta hace. Dicha asignación fue respaldada por los legisladores de ambos partidos. Ahora, el propio Partido Popular le arrebata los fondos ya asignados para atender las emergencias de la zona, los fondos que tanto el Alcalde de Mayagüez y legisladores de su propio partido reclamaron y en un acto de insolencia los despojan de los mismos”, denunció la expresidenta cameral.     

Por su parte, Muñoz Suárez sentenció durante la conferencia de prensa: “hoy revelamos ante el pueblo una muestra más de la insensibilidad, desfachatez y falta de entereza con la cual el Partido Popular Democrático (PPD) administra a Puerto Rico. El gobernador Alejandro García Padilla desvió unos $10 millones asignados para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma del Hospital Ramón Emeterio Betances en el Municipio de Mayagüez y el cual serviría a una población de sobre 500,000 personas residentes en 18 pueblos de la zona oeste. Aquí, en esta carta firmada por el propio Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), está la evidencia”.

 El legislador por el Distrito Número 18, que comprende los municipios de Aguada, Añasco, Moca, Rincón y Mayagüez, mostró una carta suscrita por el Director de OGP, Carlos D. Rivas Quiñones, y fechada el 14 de mayo de 2014, en donde el funcionario indica que los fondos para completar el Centro fueron “redirigidos para atender otras necesidades presupuestarias apremiantes de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico(ASEM) y el Centro Médico, en un ejercicio de maximización de recursos dentro de la situación fiscal”.

En mayo de 2012, la entonces presidenta cameral asignó $10 millones, mediante la Resolución Conjunta 84-2012, exclusivamente para las obras de construcción en la mencionada facilidad hospitalaria.

La denuncia surge apenas días después que la secretaria de Salud, la doctora Ana Ríus, indicara en una vista pública celebrada en la Sultana del Oeste sobre el tema, que ya se habían asignado $3 millones de esa partida para las obras de construcción en el centro de trauma.

“Emplazamos a la Secretaria de Salud que hable con la verdad en vista de esta denuncia que muy responsablemente hacemos hoy. A la actual mayoría parlamentaria le reclamamos que aprueben inmediatamente la Resolución de la Cámara 990, de la autoría de este servidor y la cual va dirigida a investigar esta preocupante situación que afecta a miles de familias puertorriqueñas”, dijo el representante del oeste.

Muñoz Suárez es el único legislador en radicar varias resoluciones de investigación sobre el asunto, incluyendo la mencionada RC 990, así como la RC 871, radicada el 24 de febrero.

Legislatura busca comprometer los servicios de salud al ceder CDT

La Portavoz del PNP destacó otro atentado a los servicios de salud y a las finanzas de los  municipios por parte de la administración del Partido Popular.  

Se trata del P. de la C. 1933, radicado por el  representante del PPD Rafael Hernández Montañez, para que el Departamento de Salud ceda la titularidad de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) a los municipios; condicionado a que las instalaciones tienen que mantenerse funcionando para servicios de salud y estas no podrán ser vendidas dentro de los 15 años subsiguientes a la cesión.   

González Colón denunció que la medida menoscabaría las finanzas de los municipios ya que solo realizarán reembolsos por los tres años subsiguientes a la cesión, luego los municipios cargarían con todas la responsabilidad presupuestaría incluyendo pagos a ASES para la tarjeta de salud.

“Esto es una carga adicional a los municipios ya que si no aceptan administrar los CDT  se enfrentan a que se derogaría de manera retroactiva, el derecho de los municipios al reembolso por los gastos incurridos en la prestación de servicios de salud”, señaló la Portavoz

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