Ante las continuas amenazas de los principales grupos sindicales del país de concretar próximamente un paro general, las organizaciones que representan al sector industrial y comercial tienen delineado desde ya un plan preventivo para minimizar el impacto que dicha estrategia podría causar a sus respectivos negocios y a la economía.
De hacerse realidad el anunciado paro general, cerca de 40,000 empleados unionados se declararían en huelga, lo que redundaría en la pérdida diaria de $80 millones. Si se alarga la paralización durante 30 días, el desastre económico sería cercano a los $2,400 millones.
Tanto la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), como la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de los Puertos (AP), la Autoridad de Carreteras (AC), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFDE) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) han hecho pública su intención de detener el páis. Esto significaría, que la mayoría de los servicios esenciales, terrestres y de flujo comercial, ya sea por aire y tierra, podrían estar en riesgo.
Las uniones mantienen una lucha contra el Gobierno por la posible firma de la Ley de Sustentabilidad Económica. De esta aprobarse, las organizaciones verían congelados la mayor parte de los beneficios negociados en los convenios colectivos. La fecha final para la firma es el 30 de junio.
Tan recién como el pasado jueves, dichos gremios obreros llevaron a cabo una manifestación, la cual detuvo las operaciones en gran parte de las agencias gubernamentales. El Centro Gubernamental de Minillas fue escenario de la mayor concentración. Incluso, los unionados bloquearon el acceso del túnel de Minillas.
Ante la posibilidad de que este escenario sea mayor, todos los sectores han tomado iniciativas para garantizar los servicios primarios de agua y luz, han incrementado sus inventarios y hasta se han apertrechado de gasolina, para no detener servicios como la entrega de suministros y órdenes. Otros simplemente buscan evitar la interrupción en sus operaciones.
Gran parte ha desarrollado un plan estratégico para minimizar los daños que les pueda ocasionar un venidero paro general.
Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, explicó que desde la semana pasada, ante las informaciones que trascendieron de un paro, sostuvo una reunión con los directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y su personal para diseñar un plan de contingencia que evite la paralización de estos servicios básicos a sus socios.
“En nuestra reunión se acordó la designación de un personal que atenderá a nuestros socios por región, contactos que ya le fueron entregados a toda nuestra matrícula. Ante la eventualidad en este particular estamos atendidos. El efecto en nuestro sector va más allá del agua y la luz, dependerá del área que opten por impactar, ya que si deciden paralizar los muelles, no se nos permitiría sacar la materia prima, lo que nos obliga a paralizar la operación, lo que representa millones de dólares en pérdidas y para nuestros empleados son días sin devengar ingresos, lo que es un efecto bien negativo para la economía del país, principalmente en los momentos en que vivimos”, explicó Rivera.
Sostuvo además, que llegaron a unos acuerdos con los suplidores de combustible, para que le den prioridad a las manufactureras y varias compañías ya se han alineado en esa dirección. Agregó, que también han incrementado la disponibilidad de materia prima para garantizar la operación por un tiempo corto, pero aceptó que el éxito de las medidas dependerá de la prolongación de un paro y su efectividad en lograr o no detene
r las operaciones esenciales.
“Esta iniciativa es nefasta para la economía por su efecto multiplicador en todos los niveles, hasta en el laboral, que es el que alegadamente están defendiendo las uniones”, sentenció Rivera.
En el caso de los comercios, la historia no parece ser distinta. Jorge Cañellas, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, coincidió en que han trabajado en un plan de contingencia que atiende todas estas circunstancias poco usuales, incluyendo un paro general. Aunque se reafirmó esperanzado en que finalmente este paro no se materialice, sostuvo que su efecto dependerá en gran medida de la prolongación del mismo. Aceptó que gran parte del sector comercial cuenta con plantas eléctricas y cisternas de agua que les garantizan servicios básicos y gran parte de la matricula ha incrementado su inventario para minimizar el riesgo de verse obligados a detener sus operaciones.
“El efecto mayor se verá en aquellos comercios que se le imposibilite incrementar su inventario y dependa a corto plazo del despacho de la mercancía para suplir una demanda o un especial. Entiendo que la estrategia de un paro general no abona nada a la situación actual. Al contrario, se vive un momento en el que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y la empresa privada lo ha estado haciendo”, enfatizó Cañellas.
Para la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge, quien representa al sector de los pequeños y medianos comerciantes, la preparación ha sido una prioridad estos días. “Nuestros socios también se han estado preparando para la eventualidad. Han garantizado la permanencia de los servicios de agua y luz, han incrementado sus inventarios y han diseñado planes de contingencias. Sin embargo es una realidad que todas estas medidas se sostienen por un tiempo limitado, en la medida se prolongue el paro se van deteniendo las operaciones y con ello penalizando lo que se quiere defender, el fortalecimiento de la economía en el país, lo que nos conviene a todos”, puntualizó Monge.
Fresco el recuerdo de un oscuro conflicto
POR YENNIFER ÁLVAREZ JAIMES, EL VOCERO – 4:06 AM
Las huelgas de la UTIER son las que más impactaron el diario vivir de todo Puerto Rico y en las que el gobierno intervino masivamente
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha enfrentado diversos conflictos obrero patronales a través de su historia y de estos al menos cinco han desembocado en huelgas. La primera huelga de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se remonta al 1 de julio de 1973 por un tranque en la negociación del convenio colectivo.
Otras huelgas se registraron en 1977, 1981, 2000 con una huelga de celadores, y tan reciente como 2012, durante la negociación del convenio colectivo, que al día de hoy no ha sido firmado. El conflicto más álgido se registró en 1977 y duró tres meses por un tranque en las negociaciones del convenio colectivo de la UTIER.
La alta tensión que provocó la huelga obligó al entonces gobernador novoprogresista, Carlos Romero Barceló, a designar al exgobernador popular, Roberto Sánchez Vilella para que liderará un comité que intentara poner fin a la huelga de la UTIER.
A finales de diciembre de 1977, hubo confrontación entre la Policía y los trabajadores de la UTIER , y hasta perdió la vida un unionado cuando le cayó encima una torre en medio de alegados actos de sabotaje del servicio de energía eléctrica.
Una revisión de los archivos periodísticos de EL VOCERO revela que el 30 de diciembre de 1977, de acuerdo a la investigación policíaca, Samuel Rodríguez Estrella, celador de línea de la entonces llamada Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF), murió “bajo toneladas de metal de una torre transmisión que le cayó encima cuando aflojó los tornillos de la base en un acto de sabotaje perpetrado aparentemente por el occiso y otros compañeros huelguistas”.
Según los reportajes periodísticos, el lamentable incidente de Rodríguez Estrella no fue el único que ocurrió ese día ya que se registraron otros accidentes en donde al menos tres empleados de la UTIER recibieron choques eléctricos en un intento de interrumpir el servicio de energía eléctrica.
Esa misma semana, se registraron apagones en toda la Isla, y según reportes de este rotativo, “el sabotaje en las líneas ocasionó una seria sobrecarga sobre la termoeléctrica de Aguirre que la sacó del sistema, y por lo tanto, originó una serie de interrupciones masivas en el servicio de electricidad de miles de abonados en San Juan, Canóvanas, Bayamón, Carolina, Río Grande y Trujillo Alto”.
Debido a la sobrecarga del sistema, el entonces director de AFF, Pedro Vázquez, hizo un llamado a la ciudadanía para que desconectara los enseres eléctricos que no fueran de primera necesidad.
Reportes de EL VOCERO del 29 de diciembre de 1977 detallan además cómo comerciantes alrededor de la Isla denunciaban en la redacción del rotativo el temor de saqueos en los comercios, tal y como ocurrió en Nueva York en 1976 tras un apagón masivo en la ciudad.
A finales de diciembre de 1977, la UTIER acudió al tribunal para solicitar un interdicto ante alegaciones de violación de derechos civiles por parte de la Policía en las líneas de piquete.
Los reportes periodísticos de la época reseñan que a pesar del despliegue policíaco alrededor de todas las instalaciones de la entonces AFF, se registraban interrupciones en el servicio de energía eléctrica dejando sin luz a gran parte de la Isla.
El 30 de diciembre de 1977, el entonces gobernador Romero Barceló, reportó que 17 torres de transmisión habían sido derribadas y se habían detonado con dinamita tres bombas que destruyeron torres de transmisión y que dejaron sin servicio eléctrico a 14 Municipios.
“A los que escondidos en la sombra y en el anonimato pretenden aterrarnos con sus actuaciones, les garantizo que no habrá murallas, ni escollos, ni esfuerzos, ni sacrificios, que puedan evitar perseguirlos como asesinos de la obra de nuestros trabajadores y como criminales de las esperanzas de nuestro pueblo”, sentenció Romero Barceló en un mensaje televisado altamente criticado por el sector obrero.
En aquel entonces, Luis Laussel lideraba la UTIER y en la huelga participaron 6,300 empleados unionados. Laussel fue candidato a la Gobernación en 1980 por el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).
Secretaria de la Gobernación insiste en el diálogo
POR YENNIFER ÁLVAREZ JAIMES, EL VOCERO – 4:05 AM
La Fortaleza ha señalado que son los directivos de las corporaciones públicas los que pueden negociar con los sindicatos los convenios y no el Ejecutivo
La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, insistió que los sindicatos que representan a los trabajadores de las corporaciones públicas deben sentarse a negociar con los directivos, de cara a la aprobación de la Ley de Sustentabilidad Fiscal que congelará muchos de los beneficios adquiridos mediante convenio colectivo.
La Fortaleza ha señalado que son los directivos de las corporaciones públicas los que pueden negociar con los sindicatos los convenios y no el Ejecutivo, tal y como sucedió con los empleados públicos del Gobierno central unionados bajo la Ley 45.
“Nuestro mensaje continúa siendo el mismo. Aunque respetamos el derecho de estos sindicatos a manifestarse, los espacios de diálogo siempre se han mantenido abiertos. Desde el Ejecutivo hemos instado a los directores de las corporaciones públicas para que se acerquen al liderato sindical que representa a sus empleados para discutir ajustes en los beneficios económicos que reciben para lograr un presupuesto balanceado”, sentenció en declaraciones escritas Vila Biaggi a solicitud de EL VOCERO.
“Esperamos que en los próximos días, ese liderato sindical utilice el diálogo para llegar a acuerdos con sus patronos en beneficio de sus representados y del pueblo del Puerto Rico”, agregó la mano derecha del gobernador Alejandro García Padilla.
Mientras, la administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Liza Estrada, informó el lunes que el 23 de mayo cursó una carta a los presidentes de las uniones para renegociar los convenios pero la invitación fue rechazada
“Estamos en la mejor disposición de sentarnos a negociar con los representantes de las uniones, en el ánimo de continuar las buenas relaciones que hemos mantenido desde el inicio de esta administración”, reiteró la licenciada Estrada.
A punto de impago la AEE, según Fitch Ratings
POR CARLOS ANTONIO OTERO, EL VOCERO – 4:57 PM
Degrada sus bonos hasta el nivel chatarra y los coloca en vigilancia negativa
EL VOCERO/Agustín Santiago
La agencia clasificadora de crédito Fitch Ratings redujo el crédito a chatarra para unos $8.7 mil millones en bonos de ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de BB+ a BB, lo que significa que está en riesgo de impago y colocó a la corporación pública en vigilancia negativa.
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