EL VOCERO/Agustín Santiago
La agencia clasificadora de crédito Fitch Ratings redujo el crédito a chatarra para unos $8.7 mil millones en bonos de ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de BB+ a BB, lo que significa que está en riesgo de impago y colocó a la corporación pública en vigilancia negativa.
En su informe, Fitch explicó que la degradación refleja el aumento en su preocupación sobre la capacidad de la AEE para gestionar la liquidez necesaria a corto plazo. Esto, ante la cercana maduración en líneas de crédito bancarias y los pagos requeridos en préstamos para julio y agosto de 2014.
Adelantó que deberán resolver la vigilancia negativa en los próximos meses, lo que podría conllevar una nueva degradación.
Fitch recordó que los bonos de la AEE están garantizados por los ingresos netos del sistema eléctrico, cuyas finanzas son cuestionadas, ya que su liquidez se ha reducido más de lo previsto. Al presente están al pendiente la maduración de una línea de crédito de $250 millones y el vencimiento de otra línea de crédito por $550 millones.
La nueva degradación llega en momentos cuando se discute en Puerto Rico, por los sindicados que representan a las corporaciones públicas, la posibilidad de un paro laboral ante la legislación propuesta para propiciar recortes en beneficios ante la crisis económica.
En febrero pasado, la agencia Moody’s había degradado los bonos de la AEE ante la estrechez económica de la Isla y la baja poblacional que incide sobre la clientela de la agencia y sus recaudos por venta del servicio.
Se explicó que durante los 10 meses que terminaron el 30 de abril 2014, la AEE informó ganancias antes de depreciación de $645 millones y una pérdida neta de $204 millones. “Aunque las cifras han mejorado ligeramente respecto al ejercicio de 2013, ambos están por debajo del presupuesto, debido, en parte, a la tendencia a la baja en las ventas de energía. Los debates recientes de un aumento de la tarifa son positivas y necesarias para estabilizar las operaciones, pero la voluntad política para un aumento y el momento siguen siendo inciertas”, destacó Fitch.
11 de junio de 2014
Degradan a chatarra los bonos de la AEE
Además, la agencia Fitch los colocó bajo observación crediticia por su falta de liquidez
Por Limarys Suárez Torres / limarys.suarez@gfrmedia.com
Fitch degradó $8,700 millones en bonos de la AEE de BB+ a BB, además de colocarlos bajo observación crediticia. (Archivo)
Los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fueron degradados hoy por la agencia calificadora Fitch al mismo nivel de chatarra del gobierno central.
Específicamente, Fitch degradó $8,700 millones en bonos de la AEE de BB+ a BB, además de colocarlos bajo observación crediticia.
“La degradación y la observación crediticia reflejan un aumento en la preocupación de Fitch sobre la capacidad que tiene la AEE para gestionar las demandas de liquidez a corto plazo de las líneas de crédito bancarias y el pago requerido de los préstamos pendientes de pago en julio y agosto de 2014. Fitch espera resolver la Observación Crediticia en los próximos meses”, reza el informe de la casa acreditatora.
Los criterios principales utilizados por Fitch para la degradación son la falta de liquidez de la AEE, la necesidad que tiene la corporación pública de acudir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para que sirva de salvavidas y su deficiente desempeño financiero.
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La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, informó que los recaudos preliminares de mayo al Fondo General totalizaron $753 millones, superando en $141 millones o 23% los ingresos del mismo mes del año pasado. También superaron los estimados en $29 millones.
Acosta indico que aunque los recaudos de mayo fueron positivos y redujeron la brecha de recaudos con respecto al estimado acumulado en abril, todavía al mes de mayo los ingresos acumulados están por debajo del estimado de ingresos por $320 millones.
En cambio, para el economista Carlos Colón de Armas, el déficit asciende a $774 millones, ya que el estimado de recaudo era de $9,525 millones y hasta el momento han logrado unos $8,022 millones. Eso representa unos $729 millones mensuales, que al cierre de año serán $8,751 millones versus los $9,525 millones estimados. Aseguró que el presupuesto propuesto por el Gobernador incrementa el gasto en vez de reducirlo.
Colón de Armas indicó que el gobierno informó que la reducción de $170 millones de gastos les permitió enmendar en febrero el presupuesto vigente para llevarlo de $9,770 millones a $9,600 millones, cifra que alegadamente es inferior al presupuesto propuesto de los $9,640.
Para el economista Elías Gutiérrez el déficit superará los $900 millones, al sumar las cuantías que iban a ser financiadas con el déficit de recaudo del mes de abril. Aseguró, que “al gobierno se le acabó el exprimir los recaudos productos de los impuestos y los recortes. Es muy tarde para generar un presupuesto balanceado actual y uno balanceado para el año que inicia. Es muy poco tiempo para poder hacer nada, por lo que ambos años culminarán con déficits”.
Por su parte, Acosta explicó que el déficit de $820 millones que figuraba en el presupuesto fue cancelado con la emisión de bonos de $3,500 millones y la reducción en gastos. “Estas partidas deficitarias ya fueron completadas por lo que no figuran en los presupuestos. Sumar dicha cuantía a los $320 millones no es correcto, por lo que continuaremos con nuestras estrategias y ajustes y culminaremos con un presupuesto balanceado”, insistió.
Para cerrar esta brecha con miras al cierre del año fiscal 2013-14, consideran diversas medidas, entre ellas: utilización de un sobrante de $35 millones de una emisión de bonos de COFINA del 2009, adelantar pagos a ser hechos en o antes del 15 de julio por corporaciones que sometieron prórrogas, ajustes a asignaciones especiales que aún no han sido desembolsadas hasta $370 millones, partida que incluye ajustes al repago del BGF y Sistema de Retiro. En este particular, Acosta sostuvo que tendrá un efecto mayor al BGF, ya que con la emisión de bonos se les allegó más fondos que lo proyectado, cercanos a los $2,000 millones.
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Pagán, quien fue vicepresidente ejecutivo a cargo del área de Financiamiento del BGF y asesor sénior del presidente, sustituyó al renunciante Javier Ferrer.
La pregunta repetida de por qué no se ha designado a Pagán como presidente oficial del BGF, en medio de la crisis por la degradación a chatarra de los principales créditos del Estado Libre Asociado (ELA), nunca ha sido contestada por el gobernador Alejandro García Padilla.
A lo largo del último año, el presidente de la junta del BGF, David Chafey, en ocasiones asumió un rol público más preponderante –junto a la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo- que el propio Pagán, particularmente en la divulgación de expresiones escritas, una práctica inusual en otras administraciones.
En cambio, Pagán, a quien se le reconoce su trasfondo profesional, no suele atender a la prensa, más allá de sus comparecencias ante la legislatura.
“Tener un presidente interino durante casi un año expone a Puerto Rico a una distracción innecesaria cuando las personas especulan periódicamente si el liderazgo del BGF no tiene confianza en el Sr. Pagán para merecer un título más permanente, o si el BGF no es capaz de atraer a un reemplazo aceptable”, expresó Robert Donahue, analista del mercado municipal de bonos de Nueva York.
Según Donahue, quien se mantiene al pendiente de la situación económica de la Isla, luego de la renuncia de Ferrer “los inversores en los bonos de Puerto Rico se centraron varios meses en la búsqueda de posibles sucesores. Ferrer trajo una independencia y un resume sólido en finanzas y leyes que aumentó la confianza de los inversores”.
Algunas de las especulaciones para la no confirmación de Pagán como presidente en propiedad, apuntan a la presión que alegadamente ejerce la Asociación de Alcaldes del gobernante Partido Popular Democrático, que desde el principio no vio con buenos ojos la designación por la rigidez administrativa del funcionario, el cual se oponía a prestarles dinero para obras.
Ayer resultaron infructuosas las gestiones para conseguir una reacción del presidente de los Alcaldes, José A. Santiago Rivera, alcalde de Comerío, quien en septiembre de 2013 pidió públicamente la destitución del funcionario.
Mientras tanto, Donahue comentó que a nivel del mercado de bonos, “la especulación ha disminuido y la mayoría de los inversores han asumido por ahora que el Sr. Pagán seguirá siendo el presidente de facto por un período indefinido. Durante su mandato ha presidido hábilmente las dos ofertas grandes de bonos y en sus innumerables interacciones con los inversores”.
El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que el nombramiento en propiedad del encargado del BGF “es es una determinación del ejecutivo”.
“Creo que (Pagán) es una persona sincera y con el grupo de nosotros en la Cámara no nos decora las cosas… todo lo que nos ha dicho siempre ha sido la verdad y es un gran profesional”, comentó Hernández. “Esto del nombramiento son aspectos del ejecutivo. A Pagán yo lo he llamado bien tarde y siempre me ha contestado, no me decora las cosas y las situaciones que han ocurrido no son para decorar las cosas”.
Ante las continuas amenazas de los principales grupos sindicales del país de concretar próximamente un paro general, las organizaciones que representan al sector industrial y comercial tienen delineado desde ya un plan preventivo para minimizar el impacto que dicha estrategia podría causar a sus respectivos negocios y a la economía.
De hacerse realidad el anunciado paro general, cerca de 40,000 empleados unionados se declararían en huelga, lo que redundaría en la pérdida diaria de $80 millones. Si se alarga la paralización durante 30 días, el desastre económico sería cercano a los $2,400 millones.
Tanto la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), como la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de los Puertos (AP), la Autoridad de Carreteras (AC), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFDE) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) han hecho pública su intención de detener el páis. Esto significaría, que la mayoría de los servicios esenciales, terrestres y de flujo comercial, ya sea por aire y tierra, podrían estar en riesgo.
Las uniones mantienen una lucha contra el Gobierno por la posible firma de la Ley de Sustentabilidad Económica. De esta aprobarse, las organizaciones verían congelados la mayor parte de los beneficios negociados en los convenios colectivos. La fecha final para la firma es el 30 de junio.
Tan recién como el pasado jueves, dichos gremios obreros llevaron a cabo una manifestación, la cual detuvo las operaciones en gran parte de las agencias gubernamentales. El Centro Gubernamental de Minillas fue escenario de la mayor concentración. Incluso, los unionados bloquearon el acceso del túnel de Minillas.
Ante la posibilidad de que este escenario sea mayor, todos los sectores han tomado iniciativas para garantizar los servicios primarios de agua y luz, han incrementado sus inventarios y hasta se han apertrechado de gasolina, para no detener servicios como la entrega de suministros y órdenes. Otros simplemente buscan evitar la interrupción en sus operaciones.
Gran parte ha desarrollado un plan estratégico para minimizar los daños que les pueda ocasionar un venidero paro general.
Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, explicó que desde la semana pasada, ante las informaciones que trascendieron de un paro, sostuvo una reunión con los directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y su personal para diseñar un plan de contingencia que evite la paralización de estos servicios básicos a sus socios.
“En nuestra reunión se acordó la designación de un personal que atenderá a nuestros socios por región, contactos que ya le fueron entregados a toda nuestra matrícula. Ante la eventualidad en este particular estamos atendidos. El efecto en nuestro sector va más allá del agua y la luz, dependerá del área que opten por impactar, ya que si deciden paralizar los muelles, no se nos permitiría sacar la materia prima, lo que nos obliga a paralizar la operación, lo que representa millones de dólares en pérdidas y para nuestros empleados son días sin devengar ingresos, lo que es un efecto bien negativo para la economía del país, principalmente en los momentos en que vivimos”, explicó Rivera.
Sostuvo además, que llegaron a unos acuerdos con los suplidores de combustible, para que le den prioridad a las manufactureras y varias compañías ya se han alineado en esa dirección. Agregó, que también han incrementado la disponibilidad de materia prima para garantizar la operación por un tiempo corto, pero aceptó que el éxito de las medidas dependerá de la prolongación de un paro y su efectividad en lograr o no detene
r las operaciones esenciales.
“Esta iniciativa es nefasta para la economía por su efecto multiplicador en todos los niveles, hasta en el laboral, que es el que alegadamente están defendiendo las uniones”, sentenció Rivera.
En el caso de los comercios, la historia no parece ser distinta. Jorge Cañellas, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, coincidió en que han trabajado en un plan de contingencia que atiende todas estas circunstancias poco usuales, incluyendo un paro general. Aunque se reafirmó esperanzado en que finalmente este paro no se materialice, sostuvo que su efecto dependerá en gran medida de la prolongación del mismo. Aceptó que gran parte del sector comercial cuenta con plantas eléctricas y cisternas de agua que les garantizan servicios básicos y gran parte de la matricula ha incrementado su inventario para minimizar el riesgo de verse obligados a detener sus operaciones.
“El efecto mayor se verá en aquellos comercios que se le imposibilite incrementar su inventario y dependa a corto plazo del despacho de la mercancía para suplir una demanda o un especial. Entiendo que la estrategia de un paro general no abona nada a la situación actual. Al contrario, se vive un momento en el que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y la empresa privada lo ha estado haciendo”, enfatizó Cañellas.
Para la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge, quien representa al sector de los pequeños y medianos comerciantes, la preparación ha sido una prioridad estos días. “Nuestros socios también se han estado preparando para la eventualidad. Han garantizado la permanencia de los servicios de agua y luz, han incrementado sus inventarios y han diseñado planes de contingencias. Sin embargo es una realidad que todas estas medidas se sostienen por un tiempo limitado, en la medida se prolongue el paro se van deteniendo las operaciones y con ello penalizando lo que se quiere defender, el fortalecimiento de la economía en el país, lo que nos conviene a todos”, puntualizó Monge.
Otras huelgas se registraron en 1977, 1981, 2000 con una huelga de celadores, y tan reciente como 2012, durante la negociación del convenio colectivo, que al día de hoy no ha sido firmado. El conflicto más álgido se registró en 1977 y duró tres meses por un tranque en las negociaciones del convenio colectivo de la UTIER.
La alta tensión que provocó la huelga obligó al entonces gobernador novoprogresista, Carlos Romero Barceló, a designar al exgobernador popular, Roberto Sánchez Vilella para que liderará un comité que intentara poner fin a la huelga de la UTIER.
A finales de diciembre de 1977, hubo confrontación entre la Policía y los trabajadores de la UTIER , y hasta perdió la vida un unionado cuando le cayó encima una torre en medio de alegados actos de sabotaje del servicio de energía eléctrica.
Una revisión de los archivos periodísticos de EL VOCERO revela que el 30 de diciembre de 1977, de acuerdo a la investigación policíaca, Samuel Rodríguez Estrella, celador de línea de la entonces llamada Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF), murió “bajo toneladas de metal de una torre transmisión que le cayó encima cuando aflojó los tornillos de la base en un acto de sabotaje perpetrado aparentemente por el occiso y otros compañeros huelguistas”.
Según los reportajes periodísticos, el lamentable incidente de Rodríguez Estrella no fue el único que ocurrió ese día ya que se registraron otros accidentes en donde al menos tres empleados de la UTIER recibieron choques eléctricos en un intento de interrumpir el servicio de energía eléctrica.
Esa misma semana, se registraron apagones en toda la Isla, y según reportes de este rotativo, “el sabotaje en las líneas ocasionó una seria sobrecarga sobre la termoeléctrica de Aguirre que la sacó del sistema, y por lo tanto, originó una serie de interrupciones masivas en el servicio de electricidad de miles de abonados en San Juan, Canóvanas, Bayamón, Carolina, Río Grande y Trujillo Alto”.
Debido a la sobrecarga del sistema, el entonces director de AFF, Pedro Vázquez, hizo un llamado a la ciudadanía para que desconectara los enseres eléctricos que no fueran de primera necesidad.
Reportes de EL VOCERO del 29 de diciembre de 1977 detallan además cómo comerciantes alrededor de la Isla denunciaban en la redacción del rotativo el temor de saqueos en los comercios, tal y como ocurrió en Nueva York en 1976 tras un apagón masivo en la ciudad.
A finales de diciembre de 1977, la UTIER acudió al tribunal para solicitar un interdicto ante alegaciones de violación de derechos civiles por parte de la Policía en las líneas de piquete.
Los reportes periodísticos de la época reseñan que a pesar del despliegue policíaco alrededor de todas las instalaciones de la entonces AFF, se registraban interrupciones en el servicio de energía eléctrica dejando sin luz a gran parte de la Isla.
El 30 de diciembre de 1977, el entonces gobernador Romero Barceló, reportó que 17 torres de transmisión habían sido derribadas y se habían detonado con dinamita tres bombas que destruyeron torres de transmisión y que dejaron sin servicio eléctrico a 14 Municipios.
“A los que escondidos en la sombra y en el anonimato pretenden aterrarnos con sus actuaciones, les garantizo que no habrá murallas, ni escollos, ni esfuerzos, ni sacrificios, que puedan evitar perseguirlos como asesinos de la obra de nuestros trabajadores y como criminales de las esperanzas de nuestro pueblo”, sentenció Romero Barceló en un mensaje televisado altamente criticado por el sector obrero.
En aquel entonces, Luis Laussel lideraba la UTIER y en la huelga participaron 6,300 empleados unionados. Laussel fue candidato a la Gobernación en 1980 por el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).
La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, insistió que los sindicatos que representan a los trabajadores de las corporaciones públicas deben sentarse a negociar con los directivos, de cara a la aprobación de la Ley de Sustentabilidad Fiscal que congelará muchos de los beneficios adquiridos mediante convenio colectivo.
La Fortaleza ha señalado que son los directivos de las corporaciones públicas los que pueden negociar con los sindicatos los convenios y no el Ejecutivo, tal y como sucedió con los empleados públicos del Gobierno central unionados bajo la Ley 45.
“Nuestro mensaje continúa siendo el mismo. Aunque respetamos el derecho de estos sindicatos a manifestarse, los espacios de diálogo siempre se han mantenido abiertos. Desde el Ejecutivo hemos instado a los directores de las corporaciones públicas para que se acerquen al liderato sindical que representa a sus empleados para discutir ajustes en los beneficios económicos que reciben para lograr un presupuesto balanceado”, sentenció en declaraciones escritas Vila Biaggi a solicitud de EL VOCERO.
“Esperamos que en los próximos días, ese liderato sindical utilice el diálogo para llegar a acuerdos con sus patronos en beneficio de sus representados y del pueblo del Puerto Rico”, agregó la mano derecha del gobernador Alejandro García Padilla.
Mientras, la administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Liza Estrada, informó el lunes que el 23 de mayo cursó una carta a los presidentes de las uniones para renegociar los convenios pero la invitación fue rechazada
“Estamos en la mejor disposición de sentarnos a negociar con los representantes de las uniones, en el ánimo de continuar las buenas relaciones que hemos mantenido desde el inicio de esta administración”, reiteró la licenciada Estrada.
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