La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes rechazó hoy, viernes, el proyecto de Ley de Sustentabilidad Fiscal y Operacional del Gobierno y su portavoz, Jenniffer González, opinó que el mismo es “peor que la Ley 7”, aprobada por la administración del exgobernador Luis Fortuño.

“Ellos trataron de copiar la Ley 7, pero esto es mucho peor que la Ley 7. El impacto de esta ley permite el despido directo de empleados públicos, que están contemplados en el presupuesto, más de 8,000 empleados transitorios, 5,000 de ellos maestros, que estarían despedidos a junio 30”, afirmó González en un aparte con periodistas.

La Ley 7, el proyecto de emergencia fiscal que aprobó la pasada administración de Fortuño cuando González presdía la Cámara, llevó al despido de miles de trabajadores del sector público y promovió el retiro temprano de otros miles. La reducción de empleados públicos por legislación aprobada en el pasado cuatrienio se ha estimado entre 15,000 y 30,000, pero las cifras siempre son objeto de debate partidista.

Según González, los despidos que afirma provocaría esta nueva ley serían distintos a los de la Ley 7 cuando “estaban excluidos los (empleados) de seguridad, Familia, maestros entre otros”.

Sobre el reclamo de los sindicatos de las corporaciones públicas, con cuyo liderato se reunió la legisladora previo a la votación de la polémica medida, afirmó que “hay unas preocupaciones legítimas que tienen».

«Yo creo que la más importantes es que esta Ley de Sustentabilidad Fiscal de la que habla el gobernador es para declarar a Puerto Rico en una situación de emergencia, pero la emergencia se decreta después de la degradación, se decreta después que hacen una emisión de $3,500 millones”, argumentó.

La representante insistió en que es “muy diferente a la Ley 7, que fue (aprobada) cuando llegamos al gobierno”.

Declaró, además, que este proyecto se somete para cuadrar el presupuesto a costa de los beneficios de los empleados público y que con el estatuto “se promueve el despido conductivo de empleados porque permite que un empleado que trabaje en Ponce lo muevan a Mayaguez, lo muevan a San Juan o a Fajardo, entre agencias de gobierno y eso equivaldría a que si el empleado no puede hacer el viaje pues queda despedido de la agencia”.

Rechazó, por otra parte, que mientras se recortan beneficios a los trabajadores hay un aumento en el presupuesto de la Oficina del Gobernador. “Yo creo que tu no puedes hablar de sacrificar cuando el gobernador se aumenta $819,000 de presupuesto en su oficina propia. Yo no quiero pensar que eso es para las fiestas de graduación”, sostuvo.

“Cuando uno ve eso y revisa el resto del proyecto de presupuesto, te das cuenta que esto es improvisado, no hay un análisis fiscal de cuanto es el impacto y sigue en detrimento de los derechos adquiridos”, concluyó González.