Mientras en la Isla se prometió un plan de Reforma Energética que contempla reducir el costo del kilovatio hora a 22 centavos en 2015, a 20 centavos en 2017 y a 16 centavos en 2019, sepa que cada vez está más lejos dicha posibilidad.
Analistas de la industria y economistas coincidieron en que en la medida en que se concretice la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), más limitadas serán las opciones de conseguir empresas privadas dispuestas a prestarle el dinero, para la construcción de la infraestructura que necesita el país, para el logro de mayor eficiencia energética.
El economista Elías Gutiérrez fue enfático que en la actualidad, con la condición fiscal de la agencia, se le está haciendo difícil hasta la compra del combustible, lo que con una reestructuración se agudizaría porque elevaría el costo de financiamiento. A esto se le suma, que ya no cuentan con el Banco Gubernamental de Fomento para subvencionarlos porque estos tampoco poseen capital.
“No hay opciones agradables en el horizonte, ni para la agencia, ni para los consumidores. En la medida que se aprieta la situación económica para la agencia y las opciones para poderse poner en pie, la soga cortará por lo más fino, el bolsillo del consumidor. Nadie puede contestar si la reestructuración es la mejor alternativa, porque los que optan por ella es como si entendieran que al consumidor no le va a costar nada”, expresó.
Sostuvo que para lograr minimizar el impacto que ha generado al país el alto costo energético se hablaba de unas obras de infraestructura para gasificación encaminadas a reducir el costo, proyectos que entiende ahora serán imposibles de costear, porque la agencia no posee el dinero y tampoco la capacidad de pedir prestado. “Si se renegocia la deuda se le dice al acreedor que no se le puede pagar en estos momentos, que lo hará luego. Ante esa realidad, otro nuevo acreedor no le va a prestar a sabiendas que no hay el dinero para pagar, lo que reduce las opciones de la agencia y del país. Ante ello no habrá obras y por ende se tendrá que seguir operando con la tecnología que se posee y comprando más caro el combustible. Esto significa que el precio de la luz seguirá en alzada con todas sus implicaciones”, destacó.
Estas declaraciones se obtienen en momentos en que la agencia tiene también un plazo para comenzar a reducir el costo energético, de lo contrario se abre dicho mercado a la competencia, alternativa que para los analistas de la industria es la única alternativa real y viable para que el país pueda comenzar a ver reducir sus costos de energía.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Necesario el sacrificio
El solo rumor de la aprobación de un proyecto de ley, que permita que las corporaciones públicas en peor situación económica se puedan acoger a un proceso de reestructuración de deuda, generó de inmediato preocupación en los mercados internacionales.
No obstante, para analistas de la industria, mientras más rápido se haga es mejor para el país, no importa los efectos que esto pueda acarrear.
El efecto inmediato parece ser muy difícil de predecir, ya que se desconoce el tipo de reestructuración que el gobierno se propone hacer. Analistas y expertos en el tema coinciden en que de manera inmediata el precio y valor de los bonos de Puerto Rico y de las corporaciones se verían afectados en los mercados, así como los empleos, al alcanzar números mínimos que causaría desasosiego.
Ante una reestructuración, la reducción de nómina es prioridad, así como la merma en gastos, donde el mayor porcentaje proviene de proveedores externos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
Aunque en Puerto Rico nunca se ha reestructurado la deuda de ninguna corporación pública, es latente esta posibilidad. Del monto total de la deuda del país, que supera los $72,000 millones, solo $18,000 millones, equivalente a poco más de un 25% es deuda garantizada constitucionalmente. Existe otro porcentaje de la deuda que está asegurada por seguro privado y el restante es el que pudiese reestructurarse.
Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro Para la Nueva Economía (CNE) aseguró que ante la realidad que vive el país, mientras más rápido se tome dicha determinación mejor es para todas las partes. Sostuvo, que en la medida en que se dilate la reestructuración más costoso resulta el proceso, ya que se destruye tanto el valor económico de la corporación y como el valor financiero de los acreedores.
“Hablar de quiebra se trata de renegociación de la deuda, no un impago o dejar de pagar. Se trata de pedir tiempo adicional a los acreedores para poder cumplir con las obligaciones. La Autoridad de Energía Eléctrica por bastante tiempo ha aplazado esta determinación y ha hecho malabares para prevalecer, pero eventualmente vuelve al mismo lugar donde estaba. Una determinación como esta tiene sentido en la medida se logre negociar para el pago de la deuda. No estamos diciendo que no vamos a pagar. Lo prudente ahora es sentarse con los acreedores y renegociar los términos y condiciones de la reestructuración, que puede ir desde una merma en intereses hasta la prolongación en el término de pago”, afirmó Marxuach.
En torno al cierre o apertura del mercado para el futuro, el ejecutivo aseguró que dependerá grandemente de las negociaciones a las que lleguen con los acreedores, negociación que enfatizó puede durar meses. “Si se logra buena comunicación y acuerdos aceptables para todas las partes, eventualmente los mercados vuelven abrir como ha sucedido con otros países como Argentina y México”, expresó.
Para los economistas, una reestructuración de la deuda es una situación bien complicada que tiene sus respectivas complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Para Elías Gutiérrez, una reestructuración en estos momentos persigue buscar una salida inmediata, lo que tiende a generar preocupación en los mercados.
“El mercado está preocupadísimo y están interpretando esta movida como un escape para llenar un vacío ante un sistema jurídico que no contempla la bancarrota organizada regida por una entidad como alternativa. Lo pueden ver como una manera para proteger al gobierno, quien finalmente es el responsable de la debacle de las corporaciones públicas. Aquí una vez más perderá el inversionista, principalmente los retirados y los que han colocado sus ahorros en este tipo de inversión”, sostuvo Gutiérrez.
Según una fuente local del sector de inversiones, los bonos de la AEE hasta el momento se han mantenido traficando igual por las últimas semanas, entre 50 y 60 centavos de dólar dependiendo del bono, que es bajo. “El mercado lo tenía adjudicado. De hecho el volumen de transacciones ha sido saludable. Hay compradores (hedge funds) comprando a esos niveles. Eso puede significar que está cerca de un precio de restructuración. Aquí probablemente sufrirá el inversionista individual que liquide con el calor de la noticia. Dicho eso, estamos en ‘unchartered waters’ y no hay manera de anticipar como se desenvolverá todo esto”, explicó.
Estas reacciones surgieron tras una reunión con los legisladores de mayoría convocada por el Gobernador la noche del lunes, la cual inicialmente estuvo pautada para las 5:00 p.m. y fue cancelada, con lo cual eliminaron la presencia de la prensa que aguardaba por información. En la misma alegadamente después de hablar del presupuesto, dialogaron en torno a la posibilidad de un proyecto de ley que viabilizaría la alternativa de la reestructuración, el cual legisladores aseguraron al día de hoy no está redactada, pero si viva.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Caliente el tema de la reestructuración
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael ´Tatito´ Hernández Montañez, cerró la puerta a la posibilidad de que se reestructure la deuda de las corporaciones públicas al asegurar que no existe un proyecto para estos fines y que no está en la agenda del Ejecutivo.
“Hablar de esta estrategia afecta detrimentalmente las inversiones de la gente pobre del país y apostó sus ahorros de su vida entera en los bonos de Puerto Rico y simplemente se trata de especulaciones. Es un tema muy peligroso de discutir, cuando la realidad es que no existe”, expresó.
El legislador aseguró haber estado en la reunión de última hora convocada por el gobernador, Alejandro García Padilla, el lunes y aseguró que en la misma solo se habló del presupuesto y nunca se tocó el tema de la reestructuración de las corporaciones públicas.
“Este tema no debiese ni discutirse. El especular hace mucho daño al país, principalmente en los momentos que se vive y su efecto en el futuro”, dijo Hernández Montañez.
Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) insistieron en que durante la reunión con el gobernador no se discutió un proyecto para viabilizar que las corporaciones públicas puedan irse a la quiebra.
El portavoz de la delegación popular en la Cámara, Charlie Hernández, dijo que esto no fue discutido y que no existe una medida para estos fines.
“Lo que se discutió es que siempre existe la posibilidad de crear un marco legal que facilite que una agencia maneje la administración de su deuda”, dijo Hernández. “Yo no conozco un proyecto que sea para permitir quiebras. Lo que se ha considerado es reestructurar esa deuda. Se habló de esas y de muchísimas cosas, pero no se habló de quebrar a nadie”.
El gobernador convocó a los legisladores de mayoría a una reunión el lunes en la noche en Fortaleza, una vez finalizada las sesiones. La información que trascendió tras la reunión fue que el Ejecutivo consideraba un proyecto para permitir que las corporaciones públicas puedan irse a la quiebra.
Varios legisladores admitieron que lo que sí podría considerarse es un proyecto para reestructurar la deuda. El autor de la medida, el representante popular Manuel Natal, dijo que esto otorgaría al Ejecutivo una moratoria en el pago de la deuda.
“Este proyecto ya está radicado. Muy bien se podría ver. No es una cosa trascendental que sea un proyecto o el otro”, dijo Natal. “Cuando llegue el proyecto, yo lo estaré favoreciendo, sea uno o sea el otro”.
De igual forma, el representante popular Jesús Santa dijo que durante la reunión con el Ejecutivo se discutió el presupuesto. Insistió en que si hay intenciones de reestructurar las corporaciones públicas, para eso fue aprobado el proyecto – ya convertido en ley- que pone un cese a los aumentos y beneficios negociados con las uniones.
Dijo que, de tener ante sí el proyecto para reestructurar la deuda, no lo rechazaría.
Por su parte, el portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Larry Seilhamer, dijo que sería mala idea favorecer un proyecto que le permita reestructurar la deuda. Aseguró que en su oficina recibió llamadas de inversionistas preocupados por esta posibilidad.
“Es preocupante porque reestructurar la deuda lleva el mensaje de que no se va a pagar, que no tenemos la capacidad de pago, que es sinónimo de quiebra”, dijo Seilhamer. “Esta mañana (ayer) llamaron a mi oficina, pensando que era la de mayoría, para ver si hay un proyecto en trámite. Ya esto está comenzando a tener un efecto”.
Amanecen en paro varios sindicatos de corporaciones
Por Frances Rosario / frances.rosario@gfrmedia.com06/25/2014 | 05:22 a.m.
El presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Pedro Irene Maymí, no precisó si el paro será de 24 horas.
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Varios sindicatos de corporaciones comenzaron hoy, miércoles, un paro de labores para manifestarse frente a la sede del Departamento del Trabajo, en Hato Rey, contra la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, la cual les quitará derechos adquiridos mediante convenio colectivo.
El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Pedro Irene Maymí, no precisó si el paro será de 24 horas.
“Bueno, nada nos quita que por aquí continúe el paro general”, señaló en entrevista con este diario.
“Estamos por decidir”, añadió el líder sindical.
Además de la UIA, paralizaron labores hoy la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), los Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TuAma), la unión de la Autoridad de Carreteras del Programa de Solidaridad de la Utier (ProSol Utier), la Autoridad de Puertos, la unión de empleados de las lanchas de Cataño y la unión de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).
A estos grupos se les suma la unión de empleados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los cuales llevan alrededor de dos semanas en un paro indefinido.
Mientras, las uniones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) no se unirán a esta manifestación, aceptó el líder sindical.
En cuanto al reclamo, Irene Maymí detalló que continúa el repudio a la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
“Nosotros entendemos que esta ley es nefasta para el país, es nefasta para la economía. El reclamo es en contra de la Ley 66”, sentenció.
Dijo que se concentrarán frente al Departamento del Trabajo para “cuestionarle al secretario (Vance Thomas) si él está cumpliendo con el deber de su cargo de ser el abogado de los trabajadores”.
Alegó que Thomas ha servido “de sello de goma del Gobierno. Ha hecho de todo menos defender a los trabajadores”.
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