Por primera vez en la historia, el componente de juezas nombradas al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) por el PPD, se configura exclusivamente por tres mujeres. ¿El PPD apuesta a sus mujeres juristas para el más alto foro judicial o será que como son minoría, ocupan dichos bancos en tiempo ‘muerto’, ante la casi imposibilidad de cosechar opiniones de mayoría?¿Acostumbradas a luchar contra el discrimen por razón de género, serán gladiadoras en buscar consenso con la mayoría nombrados por el PNP?
La confirmación de la hoy jueza asociada Maité Oronoz Rodríguez, ¿revocará decisiones como la que excluyó a las parejas homosexuales del amparo de la Ley 54 que prohíbe la violencia doméstica o la que prohibió la adopción de una niña a una pareja gay? ¿Ser hija de quien fungió como directora de comunicaciones de Fortaleza bajo el gobernador Rafael Hernández Colón, jueza del Tribunal Apelativo, y dirigió la Comisión de Transición del actual gobernador Alejandro García Padilla determinó su nominación? El registro de la vista de confirmación habla por si solo.
No fue un círculo de oración. Más bien fue un círculo de protección. La reacción “paternalista” ante el repudio de los sectores religiosos en contra de la confirmación de una joven abogada heredera de la ‘intelligentsia’ elite del PPD, no se hizo esperar. Como las piedras gigantescas de Stonehenge, la rodearon para escudarla de las críticas por su preferencia sexual. La vista de confirmación de la licenciada Maité Oronoz Rodríguez fue un espaldarazo orquestado como reunión familiar entre la elite política del PPD. El fundamento de su mérito: haberla conocida desde niña y verla crecer. El testimonio de dos exjueces presidentes del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) así lo atestigua.
El paso generacional de batón de un círculo cerrado, a pesar de garantizarle al PPD una banca judicial por cerca de 32 años, por la juventud de la nominada era imposible tener un vasto tracto jurídico. En la vista a penas se indagó sobre dos casos de los cuáles se negó abundar para conocer si ésta, era o no, una ‘Mengele’ en formación en la Alcaldía de San Juan, conocida como ‘Yulingrado’. Se escurrió del caso del ‘cateo’ para las fiestas de la Calle San Sebastian, informando increíblemente que no participó de la formulación de política pública. También pasó con ficha, el alegado ‘super-cateo’ ilegal realizado bajo la incumbencia del entonces Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Miguel Pereira, de un preso que supuestamente fue sometido a una cirugía abdominal para tratar de evidenciar el presunto contrabando de un celular.
La determinación del Tribunal de Circuito de Boston del caso de referencia (#08-1748, Sánchez vs Miguel Pereira, et al, 23 diciembre 2009), lee como una novela dantesca. Un alegado cateo con detector de metal y radiografía inicialmente indican la presencia de algún objeto en el cuerpo del preso. Sin embargo, a pesar de los exámenes que cada vez fueron escalando en ser más invasivos, hasta alegadamente sin justificación médica, someter al preso a una cirugía abdominal a la fuerza, firmando un consentimiento bajo presión (Ibid, p. 6), no produjo un celular escondido en su cavidad abdominal. La reclamación del alegado abuso del poder del estado que supuestamente expuso al preso a mayores riesgos de salud, debió ventilarse para adjudicarlo en sus méritos.
El senador Miguel Pereira, presidente de la Comisión de lo Jurídico, debió recusarse por conflicto de interés de la evaluación y confirmación de la licenciada Oronoz Rodríguez para jueza asociada del TSPR. La entonces procuradora general interina, Oronoz Rodríguez, participó de la apelación escrita en representación del Estado ante el Circuito de Boston, ratificándose la desestimación de la acción legal en contra de Miguel Pereira. No obstante, se revocó la desestimación del Tribunal de Distrito de PR de las causas de acción contra la cirujana y los custodios penales que trasladaron al preso al Centro Médico de Río Piedras, y alegadamente le insistieron a la médica que realizara dicha intervención quirúrgica. Finalmente, el caso se transó a nivel de Distrito.
En fin, la falta de discusión de las resoluciones finales de los casos en que la nominada al TSPR participó, privó al Pueblo de conocer su visión, tan siquiera sobre los extremos del abuso del cateo, tanto a la población penal, como a la ciudadanía en general. La táctica desacertada para su confirmación, en lugar de mostrar sus méritos, si alguno, evidenció cómo la elite política del PPD acomoda a sus heredero(as) garantizándoseles una alta remuneración ‘ad perpetuum’, en momentos de precariedad e incertidumbre económica en Puerto Rico para la clase trabajadora. ¡Que vergüenza!
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