La Asamblea Legislativa se disponía a aprobar ayer con enmiendas el proyecto que permite la reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas.
La aprobación se daría a pocas horas de que el gobernador, Alejandro García Padilla, presentara el proyecto al país por primera vez.
Las enmiendas que se esperaba se realizaran en Cámara y Senado permitirían que el proyecto pueda seguir vivo en la discusión legislativa hasta el 30 de junio, último día de esta sesión legislativa.
En el Senado, el debate del proyecto tomó poco más de dos horas. El senador novoprogresista Ángel ´Chayanne´ Martínez pidió que fuera devuelto a comisión, pero su reclamo no contó con los votos necesarios.
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) defendió la medida argumentando que el tema ha sido discutido por mucho tiempo. Los novoprogresistas, por su parte, criticaron el poco tiempo que tuvieron para evaluar la medida de 275 páginas. Criticaron además que un tema sensitivo como el que presenta el proyecto se apruebe sin hacer una sola vista pública.
Este proyecto pretende crear un marco legal para que las corporaciones públicas puedan cumplir, repagar y reestructurar sus deudas.
Tanto el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, como el de la Cámara, Jaime Perelló, defendieron la medida y aseguraron que es necesaria para atender la crisis fiscal. Ambos lo presentaron como una previsión del Gobierno, una manera de anticipar qué harían las corporaciones en caso de una insolvencia.
“Si hay una insolvencia, ¿no sería más lógico tener un régimen creado por el pueblo para atender esa insolvencia, para buscar la forma y el mecanismo de reestructurar la corporación pública para que se pueda reestructurar?”, dijo Bhatia. “Lo que estamos haciendo es un asunto de, más que nada, de sabiduría”.
Perelló, por su parte, justificó la urgencia de aprobar esta medida a última hora, el último día para aprobar proyectos.
“Nosotros no podemos dejar que pase un día más sin que nuestras corporaciones públicas tengan un marco legal que las proteja ante cualquier situación que no puedan cumplir con sus obligaciones de pago de alguna deuda”, dijo Perelló. “Esto es un tema que se ha discutido a la saciedad. La gran mayoría de los expertos entienden que es un paso que hay que dar. No hay nada escondido”.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago catalogó el proceso como “irresponsable y escandaloso”.
“Me parece absolutamente irresponsable y escandaloso que se tome esta medida, de una seriedad enorme, de consecuencias importantes, concediendo un par de horas para su discusión. Si estuviéramos confiando en la prudencia o sabiduría de alguien que fuera prudente o sabio, la historia sería otra”, dijo Santiago.
Larry Seilhamer, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, cuestionó por su parte que el proyecto fuera presentado a última hora.
“¿Por qué hoy? ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la urgencia?”, dijo Seilhamer. “La realidad es que no tengo respuesta para eso. Por qué tiene que verse sin evaluación, sin conocer el impacto, las consecuencias. No puedo discutir los méritos ni deméritos del proyecto porque la realidad es que no dio el tiempo. Dos horas no da tiempo”.
De igual forma, la portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Jenniffer González, dijo que la forma en que se radicó el proyecto denota una gran “improvisación” por parte de la actual administración.
“No tuvo una sola vista pública. No hay un solo estudio que lo valide”, dijo González. “Es una falta de respeto radicar una medida compleja, voluminosa y para los efectos de la legislación, similar a los capítulos 3 y 11 de quiebras”.
Al cierre de esta edición, las sesiones no habían concluido y el proyecto no había sido aprobado en ninguno de los dos cuerpos.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
El Paro en Fotos: http://www.primerahora.com/foEl Parotogalerias/noticias/gobierno-politica/elparoenfotos-1018166/
Sorpresivo proyecto de última hora
Hacienda le niega el acceso de documentos públicos a Noti Uno
En lo que representa un claro atentado contra el derecho de los periodistas y la ciudadanía a tener acceso a documentos públicos el Departamento de Hacienda le ha negado a Noti Uno copia de la póliza de seguro para vehículos de la Compañía de Parques Nacionales.
Como parte de una investigación que realiza esta emisora, se le solicitó el documento al Departamento que hace dos días nos respondió a través de su directora de prensa, Maru Quintero, que no lo entregaría porque sus abogados no quieren que el público sepa su contenido.
En primera instancia Quintero indicó, que no podían dar copia de la póliza para no afectar litigios legales que aún están pendientes. Ante esto pedimos que nos detallara los casos en los que la póliza es parte de la evidencia y la respuesta fue entonces que los abogados decidieron que no la darían. Insistimos, y la respuesta de ella fue que a pesar de que la póliza se pagó con fondos que el pueblo de Puerto Rico aportó, ningún tercero puede conocer su contenido tiene derecho a conocer su contenido. Según dijo, publicar el documento permitiera que terceros sepan los tipos de reclamos que pueden hacerle al Gobierno.
¿Pero los ciudadanos o empleados de Parques Nacionales no tienen derecho a saber precisamente las reclamaciones que pueden entablar ante la aseguradora si es necesario? ¿Cuál es el misterio? ¿Intentan ocultar si la aseguradora no pagará el vehículo que chocó el ex director de la Compañía, Carlos Del Valle, porque manejaba ebrio cuando se accidentó? Lo cierto es que las cláusulas de la póliza no cambiarán porque la aseguradora esté evaluando el caso.
A pocas horas para que culminara el término para aprobar proyectos nuevos en la Asamblea Legislativa, el gobernador Alejandro García Padilla, presentó una medida para que las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda en caso de estar insolventes.
García Padilla insistió en que la propuesta Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas “no es una ley de quiebra” y busca “garantizar los servicios sin interrupciones”.
“No es una ley de quiebras. No es una ley que propone la privatización. Nuestras corporaciones siguen siendo públicas y tienen que seguir siendo públicas”, sentenció el gobernador.
“La ley de quiebras permite dejar de pagar, pero esta ley lo que hace es procurar que se haga el pago. De lo que se trata es que el vencimiento se posterga pero aumenta el interés, eso una posibilidad”, agregó.
La deuda de las corporaciones públicas ronda en los $26 mil millones, estimó ayer David Chafey, presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) encabeza la lista con $10 mil millones de deuda, le sigue la Autoridad de Carreteras y Transportación con $7 mil millones y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con $4 mil millones.
La necesidad de reestructurar la deuda de las corporaciones públicas se discute desde hace meses.
De hecho, el mismo día que el primer ejecutivo ofreció su Mensaje sobre la Situación del País a finales de marzo, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, informó que consultores trabajaban en ese plan.
No obstante, tan reciente como el 4 de junio, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, aseguró a EL VOCERO que la restructuración de la deuda de las corporaciones públicas no se estaba considerando en ese momento.
“Cuando la secretaria de la Gobernación contestó, igual que yo contesto hoy (ayer), no hay una decisión tomada (sobre la restructuración de la deuda) respecto a ninguna (corporación pública)”, sentenció García Padilla cuando este rotativo preguntó por qué a principio de mes la funcionaria negó que se estaba considerando la restructuración de la deuda de las corporaciones públicas.
La medida no aplicará a las Obligaciones Generales del Estado Libre Asociado (ELA), ni al BGF. Tampoco aplicaría a los sistemas de retiro, la Universidad de Puerto Rico (UPR), , la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) ni los Municipios.
García Padilla explicó que las corporaciones tienen la opción de acogerse al Capítulo 2 para negociar con sus acreedores y llegar a un acuerdo mutuo sin supervisión de un tribunal. Mientras, el Capítulo 3 provee un proceso de negociación supervisado por un Tribunal de Puerto Rico. Ambas opciones crean mecanismos que detienen el cobro de deuda y provee una sala especial cuyo juez será designado por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta.
El plan puede incluir elementos diversos, tales como ajustes a las tasas de interés, extensión del vencimiento, reducción de principal y otras revisiones a los instrumentos de deuda afectados.
Las corporaciones que se acojan a un proceso de restructuración de deuda tendrán que presentar un plan para lograr su autosuficiencia en 5 años o menos. Para lograr la autosuficiencia la corporación pudiera reestructurar los subsidios que otorga.
Cada corporación pública tendrá que consultar con el BGF o con el gobernador antes de acogerse a la ley.
De otro lado, aunque no descartó el aumento de tarifas por completo, García Padilla dijo a preguntas de EL VOCERO que la ley propuesta “contribuye a impedir” que se aumenten las tarifas de los servicios que prestan las corporaciones públicas.
El proyecto descarta además la posible inconstitucionalidad de la ley. Expone que el ELA “tiene el poder de promulgar legislación que permita que una corporación pública modifique los términos de su deuda con el consentimiento de un número sustancial de acreedores”. La medida establece que “el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido el poder de los estados para establecer sus propias leyes para entidades que el Congreso no ha hecho elegibles para solicitar protección bajo las leyes federales aplicables como lo es el caso de Puerto Rico”.
Surgen cuestionamientos sobre el estatuto
Aunque García Padilla dijo que, contrario a la ley de quiebras, el estatuto
propuesto impide la liquidación de las corporaciones públicas, el proyecto de ley señala que el programa de recuperación “puede incluir medidas diseñadas para mejorar márgenes de operación; aumentar ingresos operacionales; reducir gastos operacionales; transferir o de otra forma disponer de activos operacionales existentes; adquirir activos operacionales nuevos; o cerrar o reestructurar operaciones o funciones existentes”.
El gobernador además dijo ayer que “en este momento no está en perjuicio ninguno (de los convenios colectivo)”. No obstante, el Capítulo 3 de la medida deja claro que “los convenios colectivos podrán ser modificados o rechazados bajo ciertas circunstancias”.
De otro lado, a pesar de que García Padilla negó la existencia de la figura de un síndico una vez las corporaciones públicas se acojan a la ley propuesta, el proyecto de ley establece la figura de un administrador de emergencia.
Además, de acuerdo a la ley, el administrador de emergencia podrá “poseer y ejercer de manera exclusiva todos los poderes de la Junta de Gobierno”. Además, “los poderes de la Junta de Gobierno del deudor elegible o el peticionario serán suspendidos mientras el administrador de emergencia esté en funciones”.
Condena Figueroa Jaramillo la nueva ley
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, criticó al gobernador Alejandro García Padilla por promover un proyecto de ley tiene como finalidad crear un marco legal para que las corporaciones públicas que estén en dificultades financieras se acojan a un proceso estatutario de reestructuración de la deuda.
Para el líder sindical el proyecto de ley anunciado es irresponsable y envía un mensaje de incertidumbre de pago y garantía a acreditadoras y proveedores. “Hoy el Gobierno se levantó diciendo que hay que crear un proyecto de ley para la quiebra. Pero me preguntó, iniciaron una investigación para procesar criminalmente a los que han llevado a la crisis al Gobierno”, cuestionó Figueroa Jaramillo al dirigirse a las matrículas de las organizaciones sindicales que ayer se unieron una manifestación colectiva en la Milla de Oro y la Avenida Luis Muñoz Rivera en Hato Rey.
Además, no vio con buenos ojos el hecho de que la propuesta del proyecto de ley ocurriera ayer, el último día de la sesión legislativa y el día en que sería aprobado. “Es una irresponsabilidad del Gobierno presentar el proyecto a última hora sin conocerse si han evaluado otras alternativas”, planteó.
En un aparte con EL VOCERO, el líder sindical afirmó que está de acuerdo con que haya una reestructuración de la deuda, pero aclaró que la misma debe ser “ordenada para que el País sepa las repercusiones de la misma”. Asimismo, mencionó que dicho proyecto deja la puerta abierta para privatización de las corporaciones públicas.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
Le quitan la paz al pueblo
Miles de empleados públicos de diferentes organizaciones sindicales se apoderaron ayer de la Milla de Oro y la Avenida Luis Muñoz Rivera, tras realizar la primera gran manifestación desde que aprobaron hace una semana un voto de paro general.
Las protestas se iniciaron cerca de las 6:00 a.m. en las instalaciones de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Más adelante se movieron al Departamento del Trabajo donde los líderes gremiales ofrecieron sus respectivos discursos. De ahí partieron hacia la Milla de Oro.
Nuevamente, los grupos volvieron a recalcar su rechazo a la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
Representantes de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), el sindicato de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TUAMA), la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (UITICE), y la Unión Independiente Auténtica (Uia) marcharon junto a sus matrículas, desde el Departamento del Trabajo hasta la calle Bolivia, donde ubican las oficina centrales del Banco Popular y en la esquina siguiente el edificio de UBS.
Al filo del mediodía varios líderes sindicales reclamaron desde una tarima rodante, que el Gobierno derogue la Ley 66, elogiaron la unidad y participación de los sindicatos, así como criticaron la recién anunciada medida para que las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda sin tener que llegar a la liquidación y a la vez garantizar los pagos a los acreedores.
En la primera manifestación en la que se unen un nutrido grupo de sindicatos, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, aseguró a la multitud que bloqueaba el acceso vehicular en la zona, que “hoy simbólicamente entre nosotros hubo un evento, se unieron el agua con la luz, que es mortal para cualquier humano. Hoy se unieron el agua, la luz, los puertos, los autobuses”.
“Si pensaban que al aprobar el proyecto de Ley 66, en el mes seis, nos vamos a quitar, la realidad es que continuamos siendo impredecibles. La huelga va cuando queramos”, dijo ante una matrícula eufórica que entre pausa y pausa lanzaban gritos de “lucha sí, entrega no”.
Igualmente destacó que los sindicatos serán solidarios con la manifestación de los Policías la próxima semana y con el magisterio en agosto. No detalló cuáles serán las próximas acciones, como parte de este movimiento que inició el 13 de junio con una marcha hacia el Capitolio.
En esa misma línea, el presidente de la UIA, Pedro Irene Maymí, reiteró que la huelga será “cuando nosotros queramos”.
“Hoy estamos aquí frente a UBS porque ellos son responsables de la quiebra del retiro trabajadores”, lanzó Irene Maymí, al tiempo en que destacó que se apostaron frente a las oficinas del Banco Popular, como protesta a Richard Carrión, quien formó parte del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF), creado por el exgobernador Luis Fortuño.
El grupo de presidentes de los sindicatos continuarán reuniéndose para delinear las estrategias correspondientes.
Otros de los líderes que se dirigieron los trabajadores fueron Tony Rodríguez, de la Asociación de Jubilados; Astrid Rosario, de la Hermanad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO); Antonio Díaz, presidente de TUAMA, entre otros. Además, los líderes de gremios magisteriales, Emilio Nieves y Eva Ayala, se unieron a la protesta para expresar su apoyo a la lucha de los empleados públicos.
Luego de las palabras de los líderes sindicales, los empleados públicos se movilizaron hasta al frente del edificio de UBS, donde posaron para fotos y posteriormente comenzó un piquete masivo que recorría ambos carriles de la Avenida Luis Muñoz Rivera.
Violencia y ‘bebelata’
La actividad no estuvo exenta de altercados. Cuando comenzó el piquete los carros que transitaban el área quedaron atrapados y la Policía intentó dejarlos pasar, pero los unionados no lo permitían. Finalmente, la clase obrera accedió a abrir el carril de la izquierda y con una cadena humana bloquearon el resto de la carretera.
Otro incidente es que a través de los altoparlante del camión de sonido, se hizo un llamado a los trabajadores a salir de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas. Se pudo observar a varios unionados sacando bebidas de sus autos, así como entrando en las barras cercas de la Milla de Oro. Muchos de estos celebraban haciendo ademanes con cervezas y tragos. “Hay más tiempo para eso, hemos venido a luchar. No le hagan el trabajo fácil a la prensa. No le hagan el trabajo fácil a los empleados del Banco Popular que los están retratando”, exclamó.
Por último los unionados marcharon hasta el Departamento del Trabajo nuevamente, donde dieron por concluida la manifestación.
La Policía estimó la participación en 10 mil. El tránsito estuvo cerrado desde la calle San Germán hasta la Eleonor Roosevelt por poco más de una hora.
Más temprano, los sindicatos paralizaron labores y se manifestaron frente a varias oficinas, incluyendo el Departamento del Trabajo en Hato Rey.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
Fluye el día en la AAA
Por Leysa Caro González / lcaro@primerahora.com06/26/2014 |
Fue evidente la merma en la llegada de clientes en las oficinas comerciales, pero aseguraron que transcurrió normal el servicio a cargo de los gerenciales
Aparte de las típicas quejas de facturas elevadas, el ambiente ayer en la oficina comercial de Río Piedras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Río Piedras era uno de total calma y complacencia entre los clientes.
Ello no era sinónimo -al menos no en todos los casos- de que los consumidores estuvieran ajenos de la lucha sindical de los trabajadores de la corporación, ni que no estuvieran de acuerdo con sus reclamos.
“Que defiendan lo de ellos, yo defiendo mis habichuelas, así que defiendan sus habichuelas. Y el que prometió y no cumplió, que cumpla ahora”, señaló Máximo López, residente de San Juan.
López visitó la oficina para pagar su factura mensual que en esta ocasión le llegó de $111.35, suma que considera muy alta debido a que en su casa viven sólo él y su esposa.
“Con el servicio no tengo queja. Yo siempre vengo aquí y la cosa es más o menos igual que cualquier otro día”, señaló el hombre.
“Claro (que es justa la acción de las uniones) porque hay que defenderse. Yo soy retirado del Gobierno y fui unionado”, comentó Luis Delgado de Río Piedras.
En la oficina comercial los clientes entraban a cuentagotas. La sala de espera contaba con apenas dos personas y ese había sido el flujo regular del día.
FLUYE EL DÍA EN LA AAA
Fue evidente la merma en la llegada de clientes en las oficinas comerciales, pero aslegaron que transcurrió normal el servicio a cargo de los gerenciales.
A esta oficina, así como a las otras tres que están en la zona metro, ayer se movilizaron un promedio de 15 gerenciales por unidad para realizar las labores de los unionados que estaban en un paro protestando en contra de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
Eliseo Rivera, de 90 años, era uno de los que estaban en la sala de espera mientras le hacían una investigación debido a una elevada factura que recibió el mes pasado.
Para él la manifestación de ayer no tenía razón de ser.
“Yo te digo la verdad. Yo no sé por qué hay que llegar a protestar si dialogando se llega lejos, pero la realidad es que no hay chavos, la economía está mala”, planteó el hombre.
Lourdes Traverso tampoco estaba muy contenta con la determinación de los trabajadores de tirarse a la calle. No sólo tenía que ir a la AAA sino que también se quedó a pie ayer a causa del paro de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
“Aquí todo está de lo más bien. Trabajan mucho mejor que cuando están todos”, dijo la clienta al señalar que no favorecía la acción de la unión.
El efecto en el flujo de clientes fue evidente. “Comparando con los días regulares sí hubo una merma pero no ha sido significativa”, dijo Dalmari Mirabal, director de Servicios al Cliente de la zona metro.
La determinación de la Corporación en el área metro fue distribuir a través de las cuatro oficinas regionales un total de 50 empleados gerenciales que estuvieron a cargo de realizar las labores de cobro y servicios, así como reconexiones.
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